PACIENTES MUEREN CON DOLOR Y SIN PALIATIVOS
Los servicios de salud apenas satisfacen una quinta parte de los requerimientos de opiáceos que los enfermos necesitan, según la más reciente evaluación
CDMX. La falta de acceso a analgésicos opioides provoca que México no sea uno de los mejores lugares para morir. El país ocupa el lugar 43 de 80 evaluados en el último Índice de Calidad de Muerte elaborado por The Economist y financiado por la Fundación Lien.
Sin suficientes hospitales que ofrezcan servicios paliativos y la odisea que significa acceder a opiáceos, esenciales para el manejo del dolor crónico y la disnea (dificultad para respirar), miles de mexicanos terminan sus días en agonía.
Éste es el primero de cuatro textos que da cuenta de las barreras con las que chocan pacientes con dolor crónico y sus cuidadores para recibir atención y tratamientos. La falta de acceso a fármacos opioides por el estigma que existe en torno a su uso o el miedo a que generen una sociedad de adictos, es una de esas trabas.
En 2017, un informe de la Comisión Lancet para el Acceso a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor reveló que el sistema de salud mexicano apenas contaba con opiáceos para cubrir a 36 por ciento de los pacientes que los requerían.
“Dos años después, que es el último dato que tenemos disponible, la situación es peor, porque se solicita menos cantidad de morfina en términos generales y en su equivalente, y sólo alcanza para cubrir 21 por ciento de esos requerimientos”, señala Héctor Arreola, uno de los investigadores que participó en el informe de la prestigiosa revista médica.
La situación es aún más grave en niños con enfermedades terminales, al haber casi nula disponibilidad de medicamentos pediátricos. “(Los niños) no pueden salir del hospital y estar en casa porque no hay medicamento para el control del dolor en solución”, alerta Felicia Knaul, quien encabezó el trabajo de la Comisión Lancet.
La también doctora en Economía por la Universidad de Harvard agrega que la pandemia de Covid19 vino a empeorar las cosas porque el ya escaso medicamento se emplea además para combatir la disnea en enfermos graves del nuevo coronavirus.
“México no es de los mejores en comparación del acceso a opiáceos para el control del dolor comparado con la necesidad de cuidados paliativos, y datos que tenemos sugieren que está empeorando, que simplemente no tenemos suficiente medicamento en el país. Y además aumentó mucho la necesidad con el Covid”.
El Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica 2020 arroja que en cuanto a distribución de opioides nuestro país está por debajo de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. El medicamento más distribuido es el fentanilo (164.4 kg en total), seguido por la morfina (47.8 kg), la oxicodona (28.7 kg) y la hidromorfona (0.2 kg). En tanto que la meperidina y la codeína fueron inexistentes.
Productos como el Tapentadol y la Buprenorfina ni siquiera tienen medición siendo que son utilizados por médicos e instituciones de salud.
LOS OBSTÁCULOS
No hay cifras exactas sobre cuántas personas sufren de dolor crónico; se estima que en México ronda el 27 por ciento de la población, aunque la cifra incluye enfermos que no están al borde de la muerte y pacientes con padecimientos terminales.
“El manejo del dolor de manera adecuada es una necesidad no cubierta”, dice José Agramonte, director médico de Grupo Grünenthal para México, Centroamérica y El Caribe. Esta farmacéutica alemana es líder mundial en investigación y el manejo del dolor.
Agramonte proporciona dos datos que dan una idea de dónde está parado México. El primero es que hasta 2019 sólo 685 farmacias en todo el país contaban con licencias sanitarias para vender analgésicos opioides, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Para poner la cifra en perspectiva, en México hay 62 mil 395 farmacias según el Inegi.
El otro dato es que apenas cuatro mil 961 médicos, de los 212 mil 434 que había ese año, contaban con recetarios especiales para prescribir opiáceos, es decir, 2.33 por ciento.
Desde 2014, una investigación de Human Rights Watch (HRW) daba cuenta de que los analgésicos opioides prácticamente eran inaccesibles fuera de las capitales estatales. Su baja disponibilidad respondía a varias causas, pero la principal eran las estrictas reglas para recetarlos al ser sustancias controladas.
La legislación de aquel momento exigía una licencia a los doctores para prescribir estos fármacos y otra a las farmacias para almacenarlos, emitidas por la Cofepris.
En el caso de la licencia para médicos, el trámite sólo se podía realizar en las capitales de los estados y debía hacerse en