Tercer piso
Amenazados. No es uno ni dos, son cinco diputados locales que han denunciado haber sido amenazados de muerte por diversos temas; pero únicamente dos han sido hechos públicos: el perredista Édgar Augusto González Zataráin y la morenista Flora Isela Miranda Leal, quien subió a tribuna el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar al gobernador a que elimine las cuotas ejidales. Los nombres de los otros tres legisladores se mantienen en el anonimato por cuestiones de seguridad; pero, de acuerdo con Mario Rafael González Sánchez, diputado del PT, en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, se ha reunido con autoridades estatales para darle seguimiento a estos casos, de los cuales ya se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, que se encarga de las investigaciones. Mucho se ha manifestado en el Palacio Legislativo que, a pesar de las amenazas, no pararán el trabajo ni se coartará la libertad de expresión de los legisladores.
Doblados.
Acorralados por la embestida en su contra, tanto legal como administrativa, los maestros de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte doblaron las manos. No tuvieron otra alternativa más que levantar la toma de la institución en protesta por el nombramiento de la exregidora priista Maribel Vega Quintero como directora de la institución. Puede decirse que la fuerza del Gobierno estatal triunfó para imponer a Vega Quintero en esa posición como premio a su domesticación priista, pero en realidad algunos fortenses dicen que esto es pírrico. Se deja el mensaje de que por encima de los méritos de trabajo y educativo están los intereses políticos en el sistema educativo. O sea, la Escuela Normal Experimental de El Fuerte se convirtió en la agencia de colocación de priistas en desgracia. Vega Quintero puede vanagloriarse de que las clases se reanudaron ayer, pero el rechazo de una parte del personal no se ha esfumado. Ese es el detalle.
¿Y a mí qué?
Fernando Pucheta Sánchez, exalcalde de Mazatlán, se lavó las manos sobre la deuda que tenían los concesionarios del estadio de beisbol con la Jumapam, y del cual su gobierno fue omiso. Primero dijo que no se percató de tal adeudo, pues su prioridad fue la de atender a los sectores más vulnerables del puerto. Después salió con que el entonces gerente de la Jumapam, Adrián Bastidas, nunca le informó del manejo de la paramunicipal, y por ello tuvo que despedirlo. El caso es que Pucheta se sacudió ese problema que aún se desconoce en qué administración se originó, y que fue el Químico quien decidió cobrar la factura con todo y multas por las tomas clandestinas halladas.
Bono gordo.
Hablando de los legisladores federales, sería bueno saber si los representantes populares de Guasave Casimiro Zamora y Lucinda Sandoval aceptarán la recomendación que les hace su jefe político, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no darse el bono de Navidad que ya tienen más que planeado entregarse. De aceptarlo, serían blanco de críticas, tomando en cuenta la bandera de austeridad con que han navegado desde antes de ser gobierno.
La gran deuda. Tras anunciar que las cuentas crediticias de la Junta Municipal de Agua Potable de Mocorito (Jmapam) se encontraban bloqueadas por una deuda de 100 millones de pesos que se viene arrastrando de administraciones anteriores, ante los miembros del consejo de la Junta se le ratificó a Fernando Nájar como gerente de la paramunicipal. La situación es que no especificó cuánto corresponde del recurso que deben de las administraciones de los antecesores ni cuándo se acumuló en año y diez meses que ya había estado al frente de la paramunicipal. Se dio a conocer que habían recibido en el 2015 una condonación de una parte de la deuda, pero parece que administrativamente no se llevó a cabo, lo que pone en situación de insostenible esta situación, pero no se dijo qué acciones se llevarán a cabo para saldar la deuda y desbloquear las cuentas.