La otra cara de los fideicomisos

Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó en julio pasado, en la revista Nexos, un artículo titulado «Hágase justicia en el fideicomiso de mi compadre». Se refirió al lineamiento número 18, que es parte de un paquete de cincuenta propuestos por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador «para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana». Dicho lineamiento propone la «cancelación de fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia». Núñez González explica que, aunque en un principio los fideicomisos se pensaron como instrumentos para disponer de recursos privados basados en la confianza, en donde, por ejemplo, cualquier persona puede crear uno con dinero propio para que, cuando tenga la edad, su hijo pueda disponer de esos recursos para pagar sus estudios universitarios, con el tiempo esta figura se empleó para canalizar recursos públicos. En estos casos —explicó—, dinero de todos los mexicanos empezó a ser depositado en instituciones fiduciarias para cumplir con un fin determinado, pero el problema —subrayó— es que al salir de la administración pública ese recurso, y hasta combinarse con dinero privado, es muy difícil darle seguimiento al dinero y saber con exactitud en dónde terminó.