Sin alto la violencia de género

En un contexto de violencia de género, en donde Sinaloa se ha colocado en la tercera posición durante el 2017 a nivel nacional y que en menos de quince días del primer mes del año se han cometido cinco feminicidios en la entidad —el caso reciente ocurrido en la zona serrana en el municipio de Badiraguato, en donde fueron localizadas tres mujeres asesinadas la mañana de ayer—, es un reflejo de la deficiencia de una política pública encaminada a la erradicación de estos delitos contra la mujer. Sin duda, las acciones hasta ahora llevadas a cabo no han sido las necesarias para impactar de manera positiva y bajar el índice de casos de mujeres violentadas, pues incluso se sitúa a la capital sinaloense como la tercera ciudad más peligrosa en todo el país para las mujeres, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No basta con calificar como un caso estremecedor este triple asesinato ni con exigir que se realice la investigación si solo queda en palabras y no se llega a una investigación que permita detectar y detener a los responsables, porque se debe considerar que esta es una obligación de los servidores públicos, encargados de la procuración de justicia, pues no solo es parte de su obligación como parte de las leyes estatales o nacionales, sino que se establece como un tratado internacional, como un derecho que tiene la mujer.