ENRIQUE HUBBARD, CON METAS Y PROYECTOS CLAROS EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
El diplomático acaba de ser designado presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción Entre los proyectos a impulsar durante el año de su encargo destaca la Ley de Archivos y la Ley de Servicio Civil de Carr
Enrique Hubbard Urrea, quien acaba de asumir la presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, destacó como objetivos para su encargo la creación y la aprobación de un plan anual de trabajo que en medio de la pandemia recoja sugerencias de la sociedad civil, de organismos empresariales e instituciones educativas, y al mismo tiempo sacar adelante tres proyectos pendientes: la Ley de Archivos, la Ley del Servicio Civil de Carrera y la instauración de un Semáforo Anticorrupción. Hubbard, quien laboró 25 años en el Servicio Exterior Mexicano y posee el rango de embajador, sostuvo en videoentrevista para EL DEBATE [https://url2.cl/yywsp] que como presidente del CPC dará seguimiento a la Ley de Obra Pública —ya aprobada—, la cual calificó como un acierto porque lograron que una serie de trámites y de gestiones sean más transparentes, y habrá testigos sociales que son clave en los procedimientos de asignación de obra.
De la Ley de Archivos recordó que la fecha límite para su aprobación ya venció, porque ante la pandemia se retrasó todo, pero el plan es sacarla adelante.
Sobre la Ley del Servicio de Carrera indicó que se busca retomar lo que ocurre en países con sistemas parlamentarios, en donde el único nombramiento político en una secretaría o ministerio es la del titular, mientras el resto de trabajadores no cambia, sino que se impulsa su profesionalización.
En cuanto al Semáforo Anticorrupción, dijo que permitirá conocer las acciones de instituciones encargadas de la prevención, la investigación y la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. En este tema tienen pendiente la firma de un convenio con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ha desarrollado una tecnología para medir y prevenir actos de corrupción en procedimientos que se dan en los estados.
u Los logros del CPC
Hubbard Urrea consideró como uno de los principales logros para el CPC la política estatal anticorrupción del estado de Sinaloa —aprobada hace un mes—, pues no todos los estados han aprobado una.
Dicha política anticorrupción —precisó— se articula sobre cuatro ejes: combatir la corrupción y la impunidad mediante la generación, adecuación y fortalecimiento de los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción, promoviendo mecanismos de coordinación y de transparencia proactiva. «El segundo eje es combatir la arbitrariedad y el abuso de poder mediante mecanismos de profesionalización, lo que viene en el capítulo 27 del T-MEC, y se liga con que se ha estado promoviendo una iniciativa de ley de profesionalización del servicio público en Sinaloa». El tercer eje — añadió— es promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto Gobierno-sociedad para fortalecer los espacios de interacción y esquemas de relación ente los entes públicos y distintos sectores de la sociedad, con la intención de trabajar juntos para contener riesgos de corrupción. Y como cuarto eje, proponen involucrar a la sociedad y al sector privado, incentivando su involucramiento en el control de la corrupción mediante la institucionalización de mecanismos de participación, vigilancia y autorregulación social.
u ¿Qué es el CPC?
Enrique Hubbard recordó que el CPC es parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, conformado a su vez por un Comité Coordinador integrado por instancias como el mismo presidente del CPC, además de la titular de la Auditoría Superior del Estado, la titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
El Comité de Participación Ciudadana, creado en julio del 2018, cuenta con cinco integrantes, quienes en su último año de encargo lo presiden. Hubbard llega en relevo de la activista Norma Sánchez, quien a su vez remplazó a Francisco Mojica.