Tercer piso
Mensajes confusos. El relajamiento de la población al salir a la calle es influido por el comportamiento de nuestras autoridades, que confunden con sus mensajes y acciones, cuando debe ser muy claro y homologado, desde la Presidencia de la República hasta los Ayuntamientos, que son el contacto más directo con las personas. Desde que inició la pandemia, Andrés Manuel López Obrador ha minimizado el problema, y en el pico más alto de la curva de contagios tiró la toalla al asegurar que esta ya había sido controlada. El mismo mensaje envía el gobernador al quitar de su agenda la crisis sanitaria y enfocarse a reactivar la economía por sobre la salud; mientras que los alcaldes aplican mano dura para buscar reducir el número de casos. Hay muchas personas que creen que Culiacán ha vuelta a la normalidad, y muchos más se preguntan si ya regresamos a la normalidad. Por su parte, las autoridades de Salud mantienen su campaña de alerta a la población, pero ya son ignoradas porque sus jefes, AMLO y Quirino Ordaz, actúan de manera contraria a lo que ellas recomiendan, y así ya nadie se va a quedar en casa.
Sin protocolos. El primer fin de semana tras abrirse más las actividades económicas y sociales en Ahome no pinta nada bien en la lucha contra el coronavirus. El exceso de confianza ciudadana reflejado en la movilidad, aglomeraciones, reuniones, etcétera, mezclado con la complacencia gubernamental, se estima que será el factor de rebrote de COVID-19 en los próximos días. Dicen que el director de Salud municipal, Francisco Espinoza, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 001, Omar González, de veras que están preocupados por el giro que puede tomar la pandemia en Ahome y los municipios del norte de la entidad. Esto porque como el Gobierno autorizó regresar a las actividades, la ciudadanía actúa «a lo ahí se va». Y esto es en todo Sinaloa, en donde se organizan eventos masivos sin protocolos de prevención. ¡Así cómo, pues!
Otro frente. El alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, protagonizó una polémica más en ese municipio serrano al responder a las acusaciones de amenazas y hostigamiento que, a través de las redes sociales, le hizo un activista social. El munícipe, molesto, terminó por involucrar al diputado federal Mario Osuna en un supuesto plan de desprestigio en su contra. El munícipe publicó este fin de semana una respuesta a Ramiro Hernández, conocido en esa zona por promover la donación de apoyos a las comunidades rurales. En él, niega que haya amenazado e influido para que despidieran a este último como colaborador federal. Pero en su enojo, el alcalde identifica a Hernández como enlace de gestión del diputado federal y especula si no se trata todo de un plan de desprestigio en su contra. El caso es que la confrontación mantiene una polémica en Concordia, y no falta quien refiere que desearía ver a Garzón exponer con el mismo ímpetu lo que se hace para resolver los problemas de servicios básicos, como la recurrente falta de agua potable.
Se busca. El grave problema que se vive, como cada año, en el municipio de Guasave debido a la inconsciente quema de soca de maíz trae en jaque a los trabajadores del Departamento de Bomberos, quienes no ven la suya desde que entra el mes de mayo y hasta que finaliza julio, pues día tras día reciben llamadas solicitando sus servicios para sofocar tanto incendio. Esto debido a que el problema no fuera tan grave si las autoridades se aplicaran y buscaran meter en cintura a los responsables de estas acciones, pero, como siempre, los grandes ausentes son los encargados de la Dirección de Ecología. Esta vez Melquiades Cervantes, actual director de Ecología y Medio Ambiente, parece que no se ha esforzado mucho por hacer el trabajo que le corresponde para atacar este problema, pues ni siquiera se ven acciones encaminadas a cuando menos hacer conciencia en los productores y en la población en general para atacar este grave problema.
En las mismas. Los que parecen no estar dispuestos a la negociación ni a una reducción del monto total del finiquito son los exagentes de la Policía Municipal del municipio de Mocorito, quienes fueron despedidos en el 2015 al reprobar el examen de control y confianza, situación por la demandaron, siendo desde hace dos años que se mantienen en la lucha para recibir este pago. El abogado de los policías, Enrique Román Gastélum, comentó que tras la contrapropuesta hecha por el municipio, en donde les proponen darles el 40 por ciento del monto total, así como contratarlos en la Policía Turística, necesitan reunirse para analizar hasta qué porcentaje pueden bajar, pero que jamás aceptarán el 40 por ciento que el Ayuntamiento de Mocorito les está ofreciendo.