Una propuesta en Seguridad Pública
El problema de inseguridad pública es uno de los temas que más preocupa a los mexicanos, sus sectores productivos, organizaciones sociales e individuos, ya que afecta enormemente su convivencia y el desarrollo en las distintas esferas de la actividad humana. Produce incertidumbre, genera descrédito y desgaste a las instituciones públicas. A partir de la reforma al artículo 21 de la Constitución federal, publicada en 1995, se instituyeron las bases de todo un complejo sistema nacional de seguridad pública. De esta y otras reformas han derivado diversas leyes; instrumentado múltiples planes y programas; gastado e invertido enormes cantidades de recursos financieros y materiales; creado grupos policiales especiales; construido y mejorado instalaciones; adquirido equipamiento moderno; creado instancias de participación ciudadana, establecido diversos mecanismos de coordinación interinstitucional de los tres órdenes de Gobierno, creado la Policía Federal Preventiva, la gendarmería y hoy la Guardia Nacional.
No obstante, el fenómeno sigue creciendo, aun cuando se juegue selectivamente con las estadísticas para dar la sensación mediática de que en algunos delitos ha disminuido.
El enfoque institucional ha sido más de reacción que de prevención del delito. Hace falta en esta última materia una bien diseñada y sistematizada política de Estado.
La orientación de las políticas públicas en este renglón ha sido fundamentalmente policial; incluso, a la prevención del delito se le ha circunscrito más al campo de la barandilla y a la disuasión policial, a través de la fuerza de tarea. Aunque se han hecho esfuerzos, pero no profundos ni suficientemente sistemáticos, con apoyo científico y técnico como debiera.
En el ámbito institucional se adolece de modelos, métodos y técnicas de investigación de la criminalidad y de los problemas estructurales y funcionales adecuados de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los que han existido y se aplican hasta ahora desde que se creó dicho sistema, no han sido suficientes ni eficientes, mucho menos adecuados. Además, en el ámbito institucional hay una visión reducida y poco objetiva del fenómeno y de su tratamiento. Existe una enorme tendencia a justificar la situación y circunstancias, y por sostenerse dentro del aparato gubernamental. Así es muy difícil avanzar y obtener buenos resultados.
Esto se debe, entre otras múltiples causas, a que hoy, por ejemplo, no se cuenta con un organismo que se encargue de la investigación científica de las conductas antisociales en general; del diseño de buenas políticas públicas y de programas articulados y coherentes en la materia; de la instrumentación y evaluación sistemática, permanente y objetiva de las acciones y estrategias en la citada materia; de la participación auténticamente coordinada, sistemática, intensiva, extensiva y efectiva de las instituciones públicas, de la sociedad y sus agrupaciones. Hay enormes evidencias que lo demuestran. Los hechos están a la vista.
Desde hace cierto tiempo hemos planteado la necesidad de crear una institución ad hoc que tenga una estructura y diseño adecuado, previendo la integren recursos humanos altamente calificados, y de distintas disciplinas vinculadas al fenómeno de la criminalidad. Congruentes con ello, desde hace buen tiempo hemos propuesto crear el Instituto de Estudios Criminológicos, Estructurales y Funcionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública; muy útil y necesario para establecer una auténtica política de Estado en la materia, sustentada desde luego en investigaciones profundas, sistemáticas y permanentes del fenómeno de la criminalidad y de los problemas estructurales y funcionales del citado sistema, y todo lo que ello implica. De aprobarse sería único en su género, muy distinto a lo que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del cual conocemos a profundidad su perfil, enfoques y limitaciones. En la actualidad en México y en Sinaloa no existe una institución con el perfil y las características propuestas. El documento ya está formulado y basado en investigaciones hechas durante varios años sobre el tema.
En la actualidad en México y en Sinaloa no existe una institución con el perfil y las características propuestas.