¿Qué se necesita para dar justicia en el caso de Duarte?

Esta semana nos enteramos de la detención en Estados Unidos de César Duarte por motivo del proceso de extradición a México debido a acusaciones por desvío de recursos públicos. De acuerdo con el comunicado de la FGR, este proceso se realiza en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua debido a la acusación en contra de Duarte por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Al hacerse pública esta noticia se produjo una reacción ambivalente. Por un lado, un ánimo celebratorio inundó las redes sociales festejando que los delitos de corrupción cometidos por exfuncionarios no queden impunes. Sin embargo, también aparecieron muestras de preocupación y desasosiego por el hecho de que estos funcionarios sean juzgados en México y no en otros países con una mayor probabilidad de lograr sentencias condenatorias para delitos complejos. Coincido con estos dos sentimientos por lo cual me parece importante analizar algunos elementos que se requieren para lograr justicia en este caso.

Dados los delitos por los que se acusa a César Duarte, será indispensable que la Fiscalía estatal pueda armar una investigación rigurosa y exhaustiva en la que se demuestre la participación de Duarte dentro del esquema de desvío de recursos públicos durante su administración en Chihuahua. Dado el uso de empresas fantasma y prestanombres en esta red de corrupción será necesario la identificación de testigos clave que den testimonio de la forma de operación de la red, también será necesario tener el mayor número de registros de los involucrados en el funcionamiento de las empresas fantasma, así como un rastreo de las cuentas a las que estos recursos desviados fueron a parar. Aunque no es imposible armar este tipo de investigaciones, en nuestro país tenemos como comparación el lastimoso caso del otro Duarte, Javier Duarte, quien después de ser acusado inicialmente por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por parte de la entonces PGR, terminó enfrentando un procedimiento abreviado con la reclasificación a un delito de menor sentencia con lo cual el resultado fue una condena a 9 años de prisión y una multa de 58 mil pesos.

Haciendo una comparación con un proceso de investigación en otro país voy a enlistar algunas de las cosas que se necesitaron para llevar a juicio al Chapo Guzmán por la acusación de 10 delitos en su contra en Estados Unidos. La investigación de la fiscalía duró 30 años durante los cuales se recabaron pruebas y testimonios que permitieran concluir que Guzmán Loera era el líder de una banda criminal con operaciones transnacionales dedicada a la venta de drogas, entre otras actividades ilícitas. Durante el juicio que duró 11 semanas, debido a la cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía, fueron llamados a declarar 56 testigos, 14 de los cuales colaboraron con Guzmán Loera en la ejecución de los crímenes. Además de los testigos, se realizó la intercepción de más un millón de mensajes de texto entre miembros del cártel de Sinaloa. Además de las pruebas presentadas, un elemento indispensable para lograr la sentencia condenatoria contra el Chapo fue la estrategia de presentación del caso por parte de los fiscales en el juicio. Los fiscales que llevaron el caso contra el Chapo Guzmán en la corte de Nueva York sabían a la perfección cada uno de los elementos que había sido utilizado para armar la investigación. Las entrevistas con cada testigo estaban extremadamente ensayadas y estructuradas. No podía existir un lugar para la equivocación, ni en la presentación de las pruebas, ni en la entrevista con cada testigo, ni en la argumentación del caso. Es evidente la diferencia de preparación y de experiencia en armar y defender casos complejos por parte de nuestras fiscalías comparada con las procuradurías y fiscalías de otros países. Lo que en México se ha denominado la puerta giratoria no es más que la forma de denominar la falta de experiencia que existe en México por juzgar a alguien conforme a la ley. Lo que antes se conseguía torturando, manipulando información, generando testigos, y con una nula argumentación, ahora se tiene que hacer conforme al debido proceso, con pruebas obtenidas de forma legal, con recopilación y análisis de datos. Por fortuna muchas fiscalías estatales en el país han dado la batalla y llevan mucha más experiencia en el proceso de armar casos complejos conforme al debido proceso. Para poder dar justicia al caso de César Duarte necesitamos una buena investigación y argumentación del caso por parte de la fiscalía. Esperemos que este caso acabe con una sentencia condenatoria y con la recuperación del dinero y los bienes robados a la gente de Chihuahua.