#25Nvivas,libresy Sinmiedo
La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Sufrimos diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, espacio público, escuela, trabajo, ciberespacio, comunidad, política, instituciones y más, afectando nuestro desarrollo y oportunidades. De acuerdo con Forbes México es uno de los países más violentos contra la mujer con el homicidio de más de 10 mujeres al día, pese a contar con la ratificación de 2 convenios internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), y una legislación robusta en la materia que hasta hoy reconoce y visibiliza la problemática, pero insuficiente para garantizar seguridad y protección.
Desarrollar una política integral para eliminar la violencia contra las mujeres ha sido un esfuerzo plural y permanente en las últimas décadas, pero los desafíos aún persisten, las víctimas se siguen multiplicando y la crisis provocada por COVID-19 profundizó el riesgo de mujeres, adolescentes y niñas de padecer violencia, sobre todo en el hogar. El Centro para el Logro de la Igualdad (CELIG) expone que en siete años se ha incrementado en 137.1% los presuntos delitos de feminicidio, lo cual equivale a más de 6 mil delitos con carpeta de investigación. La violencia feminicida no es un fenómeno aislado, también el machismo, la discriminación, la violencia sexual y las muertes violentas forman parte de nuestra realidad diaria.
Esta claro que la violencia avanza mucho más rápido que los alcances del gobierno, por lo que los índices se superan año con año, generando que los esfuerzos institucionales y programáticos sean insuficientes, y que las consecuencias impacten a 7 de cada 10 mujeres todos los días. El origen de la violencia es multifactorial, disminuirla o erradicarla requiere de una solución integral, no hay respuestas únicas ni absolutas, pero de lo que si estamos ciertas es que urge replantear el andamiaje institucional para garantizar primeramente la disponibilidad de servicios de apoyo para víctimas, empezando por el debido funcionamiento de una Fiscalía Especializada, con mayores condiciones administrativas y presupuestales; es imprescindible incrementar el número de ministerios públicos, policías o entidades receptoras de denuncias, y reforzar su capacitación con perspectiva de género evitando la revictimización por parte de impartidores de justicia o servidores públicos.
Cada 25 de noviembre en Sinaloa y México nos movilizamos por la respuesta de gobiernos tenue, fría, insensible, de autoridades que lucran con nuestro género en el discurso en lugar de sumarse a las voces de las mujeres mexicanas que gritan: “ya basta de la violencia”; que exigen justicia, y que reclaman “ni una más”.
Somos madres, hermanas e hijas que exigimos nunca más ser ignoradas, que demandamos respeto, que demandamos justicia y un alto a la impunidad.
Nos queremos vivas, libres y sin miedo.