Privatizar la salud
Xóchitl Gálvez afirmó en el debate que “50 millones no tienen hoy acceso a servicios de salud”. La cifra es correcta. Según el Coneval, el número de personas sin servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022. Las propuestas de Xóchitl para resolver el problema son revivir el Seguro Popular y emitir una tarjeta inteligente, Mi Salud, para facilitar el acceso a los servicios. Claudia Sheinbaum argumentó: “La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México, ya se ha probado en muchos lugares del mundo, y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular, así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención”. Añadió que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI señala que el grado de satisfacción con el Seguro Popular en 2015 era del 47 por ciento y que con el Imss-bienestar en 2023 llegó a 57.9 por ciento.
La encuesta dice eso, efectivamente, pero hay indicadores que sugieren que el acceso a los servicios de salud se ha deteriorado, los tiempos de espera para consultas y tratamientos se han alargado, y la disponibilidad de medicamentos se ha reducido. Una consecuencia la vemos en el aumento de personas que acuden a farmacias privadas para consultas y medicamentos antes que aguantar las largas esperas en instituciones públicas. De hecho, el gobierno de López Obrador ha privatizado más que nadie la salud.
El plan de Sheinbaum ha sido apoyado por el doctor David Kershenobich, médico respetado y miembro de la junta de gobierno de la UNAM, esa institución tan vilipendiada por AMLO. La candidata tiene razón cuando dice que hay que enfocar esfuerzos en la prevención, pero eso no significa que no se deban mejorar los servicios médicos. Ella mantendría las compras consolidadas de medicamentos en Birmex, después de que le fueron retiradas al IMSS sin razón alguna en 2019 para empezar un periplo desgastante por la Oficialía Mayor de Hacienda, la UNOPS, el INSABI y ahora Birmex. ¿No sería mejor simplemente regresar la responsabilidad al IMSS? Plantear que el Seguro Popular era una privatización, por otra parte, solo revela ignorancia o mala fe. El sistema era público y tenía muchos problemas, pero el remedio de AMLO fue peor que la enfermedad.
Gálvez dijo que la tarjeta Mi Salud podría utilizarse para obtener servicios médicos en instituciones públicas, pero en caso de no haberlos podría pagar los de instituciones privadas. Esto escandalizó a algunos entusiastas de la 4t, como Antonio Attolini, quien se burló en X: “Creo en la salud pública, pero quiero pagar con el erario las cuentas de los hospitales privados”. No sabe, al parecer, que esto se hace en Dinamarca, donde el Estado cubre los gastos de pacientes con médicos y clínicas privados. En Suiza, por otra parte, todo el sistema de salud se financia con seguros privados. De nada sirve discutir el sistema, sin embargo, si nadie se atreve a ir al fondo, al dinero. AMLO dice que el problema no es “de presupuesto”, sino “de corrupción”, pero la verdad es otra. Dinamarca destina 9.1 por ciento del PIB a salud, 6,280 dólares al año por habitante, mientras que México únicamente 1,181 dólares o 5.5 por ciento del PIB (”Health at a Glance”, OCDE). Solo que el gasto danés es casi todo público, mientras que el mexicano es 48 por ciento privado, mucho de bolsillo en el momento de la enfermedad (Leonardo Lomelí Vargas, “The Health Economy in Mexico”, Cepal Review, diciembre 2020). Si no entendemos que el gobierno debe gastar más, y mejor, nunca mejoraremos el sistema.
NORMALISTAS
Los normalistas de Ayotzinapa atacaron ayer el Palacio de Gobierno de Guerrero y quemaron una docena de vehículos, varios de ellos privados. La policía no intervino. La gobernadora Evelyn Salgado, como siempre, no apareció.