Violencia electoral, un golpe directo a la democracia
El actual proceso electoral en nuestro país se ha visto ensombrecido por un dramático incremento en el número de asesinatos a candidatos, evidenciando graves fisuras en el tejido democrático nacional. La escalofriante cifra de 24 políticos y candidatos asesinados hasta ahora resalta cómo la violencia política se ha convertido en un problema central, afectando no solo a los individuos directamente implicados, sino también a la sociedad en su conjunto. Este fenómeno no solo cuestiona la integridad y seguridad de los candidatos, sino que mina los pilares de nuestro sistema democrático. En el marco del proceso electoral de este 2024, donde se renovarán un total de 20,708 cargos a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo la Presidencia de la República, esta ola de violencia no solo es un desafío para la seguridad personal de los candidatos, sino una amenaza directa al corazón de nuestra democracia, que se basa en la libre y justa competencia por el mandato popular.
La violencia política socava la democracia, especialmente evidente en el asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, hecho que destaca la gravedad de la intimidación hacia los políticos y la ciudadanía. Este ataque, además de ser una tragedia personal, disuade la participación política activa y la diversidad de opciones electorales, afectando la esencia democrática basada en la competencia leal, la libertad de expresión y la participación ciudadana. Este caso resalta la necesidad de medidas de seguridad reforzadas para candidatos y un reafirmado compromiso con los valores democráticos. En muchas ocasiones, estos asesinatos están vinculados a redes criminales que buscan mantener o expandir su poder e influencia, utilizando la violencia como herramienta para asegurar la complacencia o el silencio de futuros funcionarios públicos. Este entrelazamiento del crimen y la política erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho, creando un círculo vicioso de violencia y corrupción que es difícil de romper.
Este fenómeno refleja la realidad cotidiana de los ciudadanos, marcada por el dominio del crimen organizado en diversas entidades federativas y su infiltración en los procesos electorales. Para contrarrestar esta situación, resulta imperativo reforzar las instituciones responsables de asegurar la protección de los candidatos y de llevar a cabo la investigación y penalización de los perpetradores de estos delitos. Combatir la impunidad, un claro incentivo para la violencia política, es esencial, garantizando que estos actos tengan consecuencias firmes para prevenir su repetición en el futuro.
La sociedad civil juega un rol importante en este proceso. La denuncia y la movilización ciudadana contra la violencia política son esenciales para presionar a las autoridades a actuar con mayor responsabilidad, determinación y eficacia.
El aumento de asesinatos a candidatos en este proceso electoral es un síntoma alarmante de las vulnerabilidades de nuestra democracia. Combatir esta violencia y garantizar la seguridad de los candidatos son pasos indispensables para fortalecer nuestro sistema democrático. La democracia, después de todo, se basa en la convicción de que es posible resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y la participación, no a través de la violencia y el miedo.