Garantizar la seguridad de los niños, una deuda de Sinaloa

En Sinaloa, la realidad de las familias jornaleras es un tema que ha sido relegado por décadas. Estas familias, que migran temporalmente en busca de trabajo en la agricultura, enfrentan condiciones difíciles que afectan su calidad de vida, especialmente la seguridad y bienestar de sus hijos. Aunque se han realizado promesas y compromisos por parte de la legislatura para mejorar estas condiciones, la deuda social persiste, particularmente en lo que respecta a la seguridad de los niños.

LA MIGRACIÓN

estacional de trabajadores agrícolas es una práctica arraigada en la economía de Sinaloa. Cada año, miles de familias viajan desde diversas partes del país para trabajar en los campos agrícolas de la región, contribuyendo significativamente a la producción de alimentos, pero enfrentando una serie de desafíos socioeconómicos. Entre estos desafíos, uno de los más apremiantes es la seguridad y bienestar de los niños que acompañan a sus padres en esta travesía. Los niños son especialmente vulnerables a una serie de riesgos, que van desde la explotación laboral hasta la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica. La itinerancia, la inestabilidad de la vivienda y la exposición a entornos laborales peligrosos son solo algunas de las condiciones que ponen en riesgo su desarrollo físico, emocional y cognitivo.

ES URGENTE

reconocer la responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno en la protección y garantía de los derechos de estos niños. La 64 legislatura, consciente de esta necesidad, se comprometió a implementar medidas para mejorar las condiciones de vida de las familias jornaleras, que aún están pendientes.