BAJO LA LUPA REASIGNACIONES A OBRAS FEDERALES EN EL PEE
Ante una posible reserva más de Morena al Presupuesto, la Comisión de Hacienda del Congreso local mantiene la revisión a las observaciones del Ejecutivo estatal
«Aquí lo principal era que no íbamos a reasignar obra porque lo estaban viendo a nivel federal» María Victoria Sánchez Diputada local
«Lo que queremos es que se pongan las mejores oportunidades para poder construir este estado» Roberto Andrade CMIC zona sur
Bajo la lupa de la Comisión de Hacienda del Congreso local se encuentran ahora diez obras reasignadas en la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos 2019 para Sinaloa, ante la posibilidad de que el grupo parlamentario de Morena presente una nueva reserva ante el pleno.
Entre las obras bajo observación se encuentran la construcción del Centro de Justicia Penal en Guasave, a la que se reasignaron 100 millones de pesos; la reubicación de la comunidad Santa María en Rosario, en beneficio de los afectados por la construcción de la presa, con 139 millones 371 mil 944 pesos; la rehabilitación del sistema de drenaje de la ciudad de Los Mochis, de 200 millones; la pavimentación del tramo carretero Caitime-el Progreso, en Mocorito, por 35 millones de pesos; la construcción de la red de agua potable y galería filtrante en Maloya, Rosario, por un millón 102 mil pesos; y la construcción del relleno sanitario municipal de Choix, para la que reasignaron 15 millones de pesos.
Dichos proyectos están dentro de las observaciones que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, hizo al reajuste aprobado por los diputados locales en la sesión que culminó el primero de enero. El mandatario estatal argumentó que, con base en las limitaciones de reasignación de recursos federales y la Ley de Disciplina Financiera en las entidades y los municipios, dichas obras debieron gestionarse y etiquetarse ante la federación.
«Los rubros que se señalan contienen un evidente desvío de recursos destinados a fines específicos en el Presupuesto federal. Se trata, para decirlo de otra manera, de recursos que, aunque eventualmente pueden llegar a existir, tienen ya un destino (por disposición del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera), los que se pretenden se reasignen en el decreto que nos ocupamos», cita el pliego entregado por el director de Asuntos Jurídicos de Gobierno estatal, Jesús Navarro Aispuro, a José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso local el 9 de enero, del cual EL DEBATE posee una copia. µ Cuestión de enfoques
Para la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, María Victoria Sánchez, la reasignación de obras es más una cuestión de enfoques. La legisladora por Morena no desestima la importancia que dichos proyectos tienen en lo social; sin embargo, señaló que, derivado de las adecuaciones del Ramo General 33, las asignaciones de recursos no corresponden directamente al gasto de las entidades, sino que debieron ser solicitudes ante el Congreso de la Unión: «Son obras necesarias, pero eso lo vamos a revisar en relación al presupuesto. Ya estamos haciendo la revisión de las observaciones que mandó el gobernador. Aquí lo principal era que no íbamos a reasignar obra porque lo estaban viendo a nivel federal», expresó.
La diputada difiere de los 19 legisladores que votaron a favor del reajuste, en su mayoría morenistas. Señala que esos cambios son permitidos solo cuando se trata de infraestructura ya avanzada que se requiere retomar con urgencia: «Sí se puede, pero cuando es, por ejemplo, muy prioritaria; por ejemplo un hospital que ya está por terminarse, que es un elefante banco que está ahí, pero es un hospital, es una escuela, y de esa manera sí podríamos nosotros reasignar presupuesto, siempre y cuando nos diera la manta del presupuesto, pero asignar obras nosotros no podemos», insistió en referencia a la propuesta de recorte de 400 millones de pesos que la propia Comisión de Hacienda hizo, pero que no alcanzaría para obras.
µ Partiendo de cero
Responder a los señalamientos hechos por el Ejecutivo estatal en la Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos estatal para el 2019 implicará partir desde cero, apuntó Sánchez Peña: «Estamos partiendo de cero. No sabemos aún la bolsa que va a quedar. Vamos a revisar lo que se puede y lo que no se debe por cuestiones legales. Esta vez tenemos que trabajar mucho con la ley en la mano porque vienen fundamentadas con la Ley de Coordinación Fiscal de Disciplina Fiscal, Constitución Política y federal», declaró, ponderando además el respeto a lo ya etiquetado por el Gobierno federal, entre pari passu e ingresos propios de la entidad, idea que también comparte la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Roberto Andrade Limón, presidente de la delegación zona sur del organismo, subrayó que deben dejarse de lado las ideologías políticas: «Todo lo que sea dentro de la ley y en el acuerdo de la concordia política entre los niveles, sean poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo. La expresión que el pueblo quiere en cada uno de ellos debe de ser concordante. Nosotros lo que hacemos es construir, y lo que queremos es que se pongan las mejores oportunidades para poder construir este estado», manifestó. Llamó a la 63 Legislatura a respetar los lineamientos en el manejo del presupuesto para obra y al propio Gobierno del Estado a promover las mejores condiciones para los constructores sinaloenses, garantizando con ello la generación de empleos con mano de obra sinaloense: «Con piso parejo, con oportunidades claras, con rendición de cuentas, con todo lo que signifique estar en el marco de la ley», enfatizó.
µ Las puertas federales
Por otro lado, Maximiliano Ruiz Arias sostuvo que ante el Congreso de la Unión sí llegaron proyectos, los más prioritarios para Sinaloa. El diputado federal por Morena aseguró que hubo una evaluación previa de las obras que más requerían los municipios, desconociendo por qué fueron integradas adicionales en la reserva a la Ley de Ingresos y Egresos 2019, que de nuevo es discutida: «En lo personal, pedí un catálogo de las obras más importantes, las diez obras más importantes a los presidentes municipales. Me las pasaron puntualmente relacionadas, con textos y todo. Yo integré una carpeta y se la entregué al propio gobernador con el fin de que la integrara en su petición. Ellos ya tenían entendido cuáles eran las obras prioritarias», comentó.
El legislador, representante del distrito 1, reconoció que como diputados deben perder la figura de gestor, que ni siquiera está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero destacó el papel como promotores de desarrollo para sus entidades de origen: «Eso no implica que no podamos ser promotores de lo que necesita cada municipio o el estado. Lo que sucede es que el presupuesto estatal se tiene que originar a partir de programas anualizados de los municipios. Hay obras multianuales, presas, carreteras que entran en otro contexto, pero todas las obras que se recibieron de los municipios se promovieron».
Ruiz Arias se dirigió a sus homólogos locales, en particular a los de su partido, a solo modificar lo permitido por ley; y al mandatario estatal a ser sensible de la situación que enfrentan los municipios que han demandado obra pública: «El gobernador también tiene que ser sensible a las modificaciones que haga el propio Congreso porque, finalmente, la modificación que se está implementando está a relación de menos del tres por ciento del presupuesto anual del estado de Sinaloa. Ellos en su resumen pidieron 45 mil millones de pesos como presupuesto anual para el estado; se les concedieron más de 54 mil 73 millones de pesos. Fue bastante mayor de lo que ellos pedían», expresó, refiriéndose a que la manipulación de los mil 663 millones de pesos es cantidad menor al excedente que se otorgó a Sinaloa en lo federal: «Es en lo que se tiene que enfatizar. En ese sentido, no debería haber problema. Yo apelo al entendimiento y a la negociación», concluyó.
«Integré una carpeta y se la entregué al gobernador. Ya tenían entendido cuáles eran las obras prioritarias» Maximiliano Ruiz Diputado federal