El primer reto de política exterior de AMLO

Tuve el honor de asistir a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, entre los invitados extranjeros, y no puedo negar que fue un día emocionante y esperanzador. Si bien algunos pueden discrepar de algunos de sus puntos de vista y propuestas políticas, el nuevo presidente merece mucho respeto por su sencillez frente al pueblo mexicano, su austeridad personal y su ética de trabajo, los cuales auguran bien para el futuro del país. Desde luego, estas cualidades no son un sustituto para las políticas sensatas, pero son una base importante para construir políticas que benefician a México hacia el futuro.

Quedó evidente de sus dos discursos el sábado —uno en San Lázaro y el otro en el Zócalo— que sus prioridades giran alrededor del desarrollo nacional, la seguridad y la lucha contra la corrupción, con poco interés en los temas de política exterior. Sin embargo, en sus primeras semanas como presidente, él no podrá evitar la presencia del país vecino del norte en la vida de México y tendrá que tomar algunas decisiones respecto a esa relación clave para México.

Según fuentes periodísticas, el equipo de transición se acercó a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que México albergara a los centroamericanos que desean pedir asilo en los Estados Unidos, así evitando que cruzaran la frontera al país vecino. Esto es el deseo más grande de Trump, que México se haga cargo de los migrantes y refugiados centroamericanos lo más posible, sin que puedan pisar territorio estadounidense.

Pero es una propuesta errada y peligrosa. México sí tiene responsabilidades por ir definiendo sus propias políticas migratorias, que tendrán que incluir elementos de control fronterizo, facilitación de tránsito y trabajo en México y asilo para los que huyen de la violencia, pero no debería decidir su política migratoria en función de los Estados Unidos solamente. Un acuerdo de este tipo habría ayudado a Trump a evitar la entrada de centroamericanos a los Estados Unidos, pero también lo habría eximido de su responsabilidad de reformar el sistema de asilo en los Estados Unidos, que está sobrecargado y necesita medidas urgentes para volver a funcionar bien, como ha propuesto mi colega Doris Meissner.

Cada vez más, México y los Estados Unidos tienen debates paralelos, más no iguales, sobre temas migratorios. Hay un deseo de tratar justamente y con respeto a los migrantes extranjeros, porque ambos países tienen tradiciones migratorias (México de emigración al extranjero, Estados Unidos de inmigración desde el extranjero) y también hay necesidades para mano de obra en algunos sectores del mercado laboral. Al mismo tiempo, los ciudadanos en los dos países quieren que los migrantes lleguen por la vía legal y tienen temor del arribo de grandes números de extranjeros sin control alguno, como ha pasado con las caravanas hacia ambos países.

Ambas naciones deberían poder construir puentes de colaboración en el tema migratorio justamente por esta razón,

Corte ordenó aplazar las decisiones. Los ministros también verán reducidos o protegidos sus emolumentos y cualquier decisión que tomen será controversial, pero debe ser definitiva en cualquier sentido que se emita. Mientras tanto en el Congreso rondan iniciativas sobre el asunto. Senadores del PT presentaron una iniciativa de reforma constitucional para “sacudir” el sistema de justicia. Pretenden reformar el Consejo de la Judicatura

Federal a fin de que tenga facultades fiscalizadoras “incluso sobre los ministros de la Corte”. Proponen desaparecer la doble presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. El planteamiento no es original. En la primera etapa del Consejo de la Judicatura (1995-2000) tres consejeros habíamos llamado la atención sobre esta inconsistencia constitucional. La respuesta fue un desplante autoritario del presidente de la Suprema Corte. Se impulsó una reforma constitucional (1999), para convertir al Consejo, un órgano constitucional administrativo, en un apéndice de la Suprema Corte. Jorge Carpizo, quien con el maestro Héctor Fix-Zamudio habían sido promotores de un Consejo independiente, escribió que hubiera sido mejor desaparecerlo.

Ahora, surge nuevamente la idea de recuperar al Consejo y limitar a la Corte. Gabriela Knault, relatora de la ONU sobre la independencia judicial, expresó la preocupación internacional sobre la doble presidencia en México. Una opinión de mayor peso nacional que la iniciativa no recogió es la del ministro José Ramón Cossío. En una entrevista con EL UNIVERSAL señaló que es una asignatura pendiente.

No sabemos quién ganará en lo que se acerca como una confrontación entre poderes. Bienvenida la discusión si genera confianza de prevalecer el criterio judicial, cualquiera que este sea. No obstante, Maquiavelo señalaba que si bien en toda república hay dos partidos, el de los nobles y el del pueblo, las leyes que se hacen nacen del desacuerdo entre estos dos. “El peor ejemplo de una república es hacer una ley y no cumplirla, sobre todo si la inobservancia es por parte de quien la ha hecho”. Complicado dilema: ¿Será por ello que el presidente no saludó a la Corte? Si lo que hace falta es justicia, habrá que respetar las decisiones judiciales. Sin jueces independientes no habrá justicia posible, ni siquiera en la 4T, pero ¿qué hacer con Maquiavelo y sus sentencias? pues están en realidad cada uno tratando de resolver los mismos temas. Esta fue la conclusión de un diálogo que tuvimos algunos colegas mexicanos y estadounidenses en El Colegio de México la semana pasada. Sin embargo, temo mucho que el momento político no permitirá el nivel de colaboración que se debería poder llegar a tener, porque la administración Trump va a siempre pedir más de lo que es posible en la práctica. En vez de la colaboración, va a exigir que México resuelva sus problemas.

Pero eso no le quita a México la necesidad de tener su propia agenda migratoria y de construir un esquema institucional en este tema de acorde a los valores y necesidades nacionales. Eso inicia con la construcción de un Instituto Nacional de Migración (INM) y una Comisión de Ayuda a los Refugiados (Comar) —los dos brazos principales del gobierno mexicano en temas migratorios— robustos y bien financiados. Habrá que invertir en una modernización dramática y rápida de estas dos instituciones, para que tengan la capacidad de construir una política de asilo y de visas, así como controles fronterizos modernos con apego a derechos humanos.

López Obrador ha dicho que quiere un sistema migratorio moderno, que responda al interés nacional de México y que trate con respeto a los extranjeros. Ahora es el momento para hacerlo. Y si México no define qué quiere de la migración y cómo la va a manejar, el gobierno de Estados Unidos seguirá poniendo presión para hacerlo de otra forma, más de acorde a los deseos de Trump y no de los mexicanos. No hay duda cuál de las dos opciones deberían de quererla gran mayoría de mexicanos. Y para los estadounidenses, más allá del presidente en turno, también es preferible un México con un proyecto migratorio propio con el que se pueda colaborar en el futuro.