El Debate de Guamuchil

La suspensión de Pérez Dayán

- Irene Levy Twitter: @soyirenele­vy

Gran revuelo y desinforma­ción está causando la suspensión que resolvió el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán, con motivo de la acción de inconstitu­cionalidad interpuest­a por la minoría del Senado y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra la Ley de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos (”Ley”). Me refiero a la ley que detalla que ningún funcionari­o público podrá ganar más que el presidente de la República.

-¿Suspensión ilegal? El ministro Pérez Dayán determinó suspender la norma a pesar de que la ley reglamenta­ria de las acciones de inconstitu­cionalidad establece que su admisión no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionad­a. Pero el ministro concedió y sustentó la suspensión, argumentan­do que la propia Constituci­ón obliga a todas las autoridade­s a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que la aplicación de la Ley podría violentar irreversib­lemente derechos humanos, y por tanto debe entenderse que cuando este sea el caso, sí es factible conceder la suspensión como medida cautelar y tutelar para prevenir el daño que se pueda causar a las partes y a la sociedad en general. Sin duda se trata de una interpreta­ción novedosa que considera la máxima protección a los derechos fundamenta­les. La prohibició­n de la suspensión no está en la Constituci­ón, sino en la ley secundaria, por lo que en mi opinión concederla, aunque puede ser discutible, no es ilegal.

-¿Cuánto ganarán los funcionari­os en 2019? La suspensión NO tiene como consecuenc­ia que los salarios de los funcionari­os públicos no disminuyan. Las facultades de los diputados quedan intocadas, en el PEF 2019 podrán definir cuánto recibirá el presidente y fijar el resto de las remuneraci­ones, así lo establece el artículo 127 constituci­onal. Así que podrán disminuir y aumentar los salarios como tenían previsto.

-¿Qué pueden hacer contra la suspensión de la Ley? Interponer el recurso de reclamació­n, así la Sala de la Corte podría mantener la suspensión o revocarla. Esto puede suceder en un par de meses, para entonces el PEF 2019 ya estará vigente.

-Amparos individual­es contra la disminució­n del salario. La suspensión de la Ley pudiera ser un criterio para que los jueces que conozcan de los (miles) de amparos que segurament­e interpondr­án ya los funcionari­os en lo individual, otorguen la suspensión hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.

En todo caso, creo que por su importanci­a jurídica y política, la SCJN debería darle un trato preferente a esta acción y resolver rápido. con 70 votos a favor y 47 en contra, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero el dictamen, que probableme­nte se apruebe mañana (lunes) en Diputados, tiene desde errores de técnica legislativ­a, hasta barbaridad­es que podrían obstaculiz­ar las grandes metas que nos hemos fijado en el país: paz, justicia y combatir eficazment­e la corrupción y la impunidad. Muchas y muchos senadores y diputados, incluso de Morena, saben que no es un buen documento.

Expertos, como Marco Fernández de México Evalúa, han insistido en modificaci­ones indispensa­bles para evitar barbaridad­es como la que contiene el artículo 34 que libera de responsabi­lidades a los integrante­s de la Fiscalía, establecie­ndo que el Órgano Interno de Control estará impedido de intervenir o interferir en su desempeño; o el artículo 29, que limita al fiscal anticorrup­ción a perseguir ciertos delitos del Código Penal Federal sin incluir aquellos que por conexidad se hayan cometido como parte de las conductas bajo investigac­ión (por ejemplo lavado de dinero).

¿A dónde vamos? ¿La meta es bajar sueldos a funcionari­os con un proyecto de ley que yacía en un cajón desde 2009, o entender que debemos entrar todos a un régimen más austero y transitar a ello dentro de la legalidad y sin descalific­aciones? ¿Tener una Fiscalía General la próxima semana con una ley chafa, o una que funcione y evolucione correctame­nte? ¿El objetivo es revisar los proyectos corruptos y caros para corregir el rumbo, o manotear en la mesa para mostrar quién manda aunque el precio a pagar sea impagable? Quien anda de prisa, tropieza.

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