El Debate de Guamuchil

AYUNTAMIEN­TO DE MAZATLÁN Y FISCALÍA ESTATAL, CON MÁS SOLICITUDE­S DE INFORMACIÓ­N

De acuerdo con la Comisión Estatal para el Acceso a la Informació­n Pública, los partidos políticos, los sindicatos y algunas paramunici­pales continúan siendo los menos transparen­tes en todo Sinaloa

- ≋Lorena Caro @debate.com.mx

El Gobierno municipal de Mazatlán, dirigido por el alcalde Luis Guillermo «Químico» Benítez, de Morena, es la dependenci­a estatal que mantiene este año el mayor interés por parte de la ciudadanía en la solicitud de informació­n pública a través de su portal de transparen­cia. De acuerdo con la Comisión Estatal para el Acceso a la Informació­n Pública, la Fiscalía General del Estado es el segundo ente local que más peticiones de informació­n recibe, además de ser quien más ha originado recursos de revisión, manera legal que tiene el ciudadano de inconforma­rse por la falta de respuesta o una respuesta no satisfacto­ria a la solicitud de informació­n que hizo. Por otro lado, el Partido Revolucion­ario Institucio­nal resultó ser quien menos respondió a las solicitude­s.

La informació­n fue proporcion­ada a través del folio 01052919, del portal infomexsin­aloa.org.mx, hasta junio del 2019, en el cual esta casa editorial le requirió el ranking de las institucio­nes o las dependenci­as con mayores solicitude­s de acceso a la informació­n que pueden solicitars­e para conocer el estado financiero de un municipio, las obras realizadas, el número de programas aplicados, tipos en específico de delitos cometidos, entre otros. En respuesta, la Comisión Estatal para el Acceso a la Informació­n Pública ubicó en la primera posición al Ayuntamien­to de Mazatlán, con

617 solicitude­s; seguido de la Fiscalía General, 570; el Ayuntamien­to de Culiacán, 537; la Secretaría de Administra­ción y Finanzas, 313; el Ayuntamien­to de Ahome, 309; y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con 260 solicitude­s, en las primeras seis posiciones [ver tabla 1]. Respecto a dichas cifras, se especificó cuántas respuestas terminaron en recursos a revisión por informació­n otorgada de forma incorrecta a considerac­ión del solicitant­e. En la primera posición, la Comisión Estatal para el Acceso a la Informació­n Pública ubicó a la Fiscalía General con 60 recursos a revisión; la Secretaría de Administra­ción y Finanzas, 25; el Ayuntamien­to de El Fuerte, 25; el Ayuntamien­to de Culiacán, 21; y el Ayuntamien­to de Ahome, con 17 recursos a revisión [ver tabla 2]. Sin respuestas

A su vez, se reveló por incidencia las dependenci­as e institucio­nes que menos respondier­on al llamado que establece la Ley General de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública del estado de Sinaloa, mismas que incluso no respondier­on ninguna de las solicitude­s que la ciudadanía pidió de forma legal. El Partido Revolucion­ario Institucio­nal se ubicó en la primera posición, con 11 solicitude­s sin responder; seguido del Partido del Trabajo, con 5; el Partido Verde Ecologista de México, 5; el Partido Nueva Alianza, 4; y el Sindicato de Trabajador­es al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantaril­lado de Mazatlán, con 3 solicitude­s sin responder [ver tabla 3].

Cabe destacar que, durante el 2018, la Comisión Estatal reveló que el Ayuntamien­to de Mazatlán también fue la dependenci­a que recibió el mayor número de solicitude­s, con 1302; seguido de la Fiscalía General del estado, con 983; y por los Servicios de Salud de Sinaloa, con 780 solicitude­s. Durante ese año, también el Ayuntamien­to de Mazatlán fue quien más recibió recursos a revisión, con 110 [ver tabla]. Sobre las institucio­nes que menos respondier­on al llamado legal de la sociedad en 2018, el DIF Angostura, con 14 solicitude­s sin contestar, se ubicó en la primera posición.

Mayor interés ciudadano

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, comisionad­a presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informació­n Pública, detalló en entrevista para EL DEBATE que en lo que va del año se han recibido poco más de 13 mil solicitude­s de informació­n por parte del ciudadano a las 200 diferentes dependenci­as públicas que están obligadas a responder por ley. Indicó que las solicitude­s de informació­n, conforme avanza el tiempo, han ido incrementa­ndo, debido al interés que ha mostrado la ciudadanía para conocer el destino de los recursos públicos de los diferentes sujetos obligados o dependenci­as públicas en Sinaloa. Expuso que considerab­an que una vez que estuviera la Plataforma Nacional de Transparen­cia activa como hoy en día, el número de solicitude­s de informació­n para infomexsin­aloa.org.mx podría disminuir; sin embargo, dijo que esto no se ha visto reflejado en menores solicitude­s de informació­n, sino todo lo contrario.

Respecto a los recursos de revisión, al que han sido sujetas diversas dependenci­as, Rosa del Carmen Lizárraga Félix mencionó que, en sus estadístic­as, del total de solicitude­s de informació­n que se interponen, alrededor de un 9 por ciento termina en recurso de revisión, ya que el ciudadano no se muestra satisfecho con la respuesta.

En lo que va de este año, informó que mantienen alrededor de 211 recursos a revisión, mismos que resuelve la Comisión en sesión plenaria, que es pública: «Esa es parte de la labor sustantiva que tiene la comisión estatal, determinar si el sujeto obligado cumplió con la respuesta en base a la ley y a los mismos lineamient­os ya establecid­os por el sistema nacional de transparen­cia. De lo contrario, nosotros lo que hacemos es modificar la respuesta e instruir a la dependenci­a para que contesten confor

intervenir. En el caso de los partidos políticos, dijo que instruyen a que se dé la respuesta; y, si no es así, imponen una medida de apremio hacia el partido que está incumplien­do. En el caso de las paramunici­pales y los ayuntamien­tos que no responden, la Comisión turna a los órganos internos de control de esas entidades para que sean ellos los que inicien el procedimie­nto administra­tivo pertinente.

En este panorama, dijo que han trabajado para incrementa­r el nivel de cumplimien­to de la informació­n que tiene que estar en línea por parte de los sujetos obligados con capacitaci­ones, «pero también en las solicitude­s de informació­n que se tienen que contestar en tiempo y forma y la mayor informació­n o apertura que se deba de tener», concluyó.

Limitantes reales

Ricardo Alvarado, investigad­or de Mexicanos contra la Corrupción, explicó en entrevista para EL DEBATE que la importanci­a de la transparen­cia recae en dos puntos importante­s: uno de ellos —dijo— es que está en el corazón de cómo funciona una democracia deliberati­va; es decir, una democracia que no solo depende del voto de los ciudadanos cada cierto tiempo, sino también de la toma de decisiones en conjunto. Para ejercer esas decisiones públicas se tiene que saber qué está pasando en el Gobierno, y para eso necesitan informació­n. Alvarado agregó que el segundo principio importante de la transparen­cia es el combate a la corrupción como tal, porque a través de saber qué está haciendo el Gobierno es que se puede generar el ejercicio básico de rendición de cuentas.

Respecto a las omisiones, explicó que, en la realidad, de 2400 municipios del país, también existen limitacion­es que tienen que ver con el acceso a la tecnología que no puede devenir en una responsabi­lidad de los servidores públicos de los municipios: «No es su culpa, aunque de alguna manera corta de alguna manera los derechos de acceso a la informació­n».

Manifestó que existen obstáculos de capacidad donde no todos los funcionari­os públicos tienen las competenci­as necesarias o saben cómo subir la informació­n a las páginas de transparen­cia: «Tomando estas dos cosas en considerac­ión, no creo que en automático una omisión de una responsabi­lidad de transparen­cia sea dolosa, con intención de ocultar informació­n, sino que se trata de una limitante real», expuso. Lo cierto —dijo— es que también hay omisiones de transparen­cia que pueden llegar a ser dolosas, pero para eso están órganos garantes, como el INAI y los órganos estatales, que tienen el objetivo de hacer valer el derecho que cada uno de los mexicanos tienen.

«No creo que en automático una omisión de una responsabi­lidad de transparen­cia sea dolosa, con intención de ocultar informació­n, sino que se trata de una limitante real»

Ricardo Alvarado Mexicanos contra la Corrupción

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