México apuesta por el uso de la inteligencia sobre el de la fuerza
Robo, asalto en calle, transporte público, de vehículo, extorsión, fraude, amenazas verbales y otros delitos y lesiones son tan solo algunos de los graves temas de inseguridad que enfrenta el actual Gobierno federal
Ciudad de México. A 10 meses de haber tomado las riendas del Gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia matutina los avances que han tenido en el tema de seguridad.
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que los gobiernos anteriores dejaron en el país una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas. Tan solo en 2018 hubo 33 millones de delitos, casi 25 millones de víctimas y 79 por ciento de los mexicanos declaró vivir con miedo durante ese mismo año, informó.
También dio a conocer que hubo 20 mil 106 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso solo durante 2018, con una cifra récord del mes de julio del mismo año.
Sistema de Justicia
“Impunidad e ineficiencia del Sistema de Justicia Penal: 93.2 por ciento de cifra negra de delitos; solo 1.14 por ciento de probabilidades de que un delito se denuncie y esclarezca. Recibimos un país con uno de los mayores índices de corrupción en el mundo, el lugar 138 entre 180 países evaluados, según Transparencia Internacional”, destacó. Durazo destacó que parte de la grave problemática de inseguridad tiene que ver con los cuerpos de seguridad, ya que son emblemáticos en materia de corrupción, pues 66 por ciento de los mexicanos estimaron que su Policía local era corrupta. “Estamos enfrentando para reordenar a los cuerpos de Seguridad Pública, sin cuyo reordenamiento es imposible garantizar condiciones adecuadas de seguridad”, afirmó.
Delitos
Alfonso Durazo destacó que existe una cifra negra, ya que se cometen un aproximado de 33 millones de delitos y se denuncian un millón 924 mil aproximadamente, la cifra negra es del 93.2 por ciento. Mencionó que los delitos con mayor incidencia son, en primer sitio, el robo, asalto en calle o transporte público, extorsión, le sigue fraude, robo total o parcial de vehículos, amenazas verbales, robo en casa habitación, y otros robos, otros delitos y lesiones.
Por lo anterior, el secretario recordó que desde noviembre pasado, que presentaron el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, aún reiteran que lo más importante es que su proyecto de seguridad pública parte de una idea motriz: la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, uno de los ejes es la sustitución del uso de la fuerza policial y militar por una visión amplia para combatir la inseguridad, que vaya a la atención de las causas profundas que la generan. Rediseño y creación de nuevas instituciones de seguridad.
“Los cuerpos de Seguridad actúan en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos. No hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad”, enfatizó. Además, destacó que se canceló de tajo el uso del espionaje político, que se dejó atrás la tortura como método para obtener información y no se utiliza ni se utilizará la fuerza pública para reprimir.
También dijo que van por la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el autogobierno, ya que desde ellas se administra el 50 por ciento del crimen organizado en el país.
“Uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado; es decir, no en el ámbito operativo, aunque también se incluye, pero no de manera prioritaria; la seguridad pública es un espacio de neutralidad política”.
De ahí que Durazo destacará que ahora se agregaron como delitos que requieren prisión preventiva: el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casas habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción -que no era delito grave-, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos -que tampoco lo eran, no obstante que el daño al patrimonio del Estado alcanzaba más de 60 millones de pesos al año-, desaparición forzada de personas -no era delito grave-, delitos en materia de armas de fuego y modificaciones al artículo 21, donde se establecen las bases de la creación de la Guardia Nacional.