Poder fáctico en Sinaloa
EL OTRO PODER. Desde el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis, quien gobernó de 1963 a 1968, empezó a crecer en Sinaloa el poder del narcotráfico. Ya había desde antes producción y comercialización de drogas; se dice que el incremento de la producción se dio con la demanda de heroína de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual aumentó la siembra de amapola en la sierra de Sinaloa. También hay la versión de que la llegada de chinos a Sinaloa incrementó la producción y demanda de opio. Como haya sido, lo real es que a mediados de la década de los 70’s, en el gobierno de Alfonso G. Calderón, se aplicó la llamada Operación Cóndor, con intervención de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, interesados desde esas fechas en frenar la producción y comercio de drogas de México a los Estados Unidos. El liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, como jefe de jefes en el comercio de las drogas, había crecido al amparo del poder político y de las complacencias de diversos sectores de la sociedad en la entidad.
En el gobierno de Toledo Corro se volvió hablar del empoderamiento de capos del narcotráfico, bajo la complacencia y complicidad del poder político. La corrupción y protección de jefes policiacos a integrantes de las bandas del crimen, y de algunos políticos, se fue construyendo y consolidando bajo los gobiernos priistas de aquellas fechas.
De tal forma, que siempre se ha dicho que los gobernantes de Sinaloa, y al menos los alcaldes de la capital, deben contar con el aval de los líderes del cártel dominante en la entidad, que es el Cártel de Sinaloa.
Lo que nunca se había dado, al menos tan abiertamente, es la injerencia directa de comandos armados en las casillas, levantando y amenazando operadores políticos. Más bien, esa modalidad se estrenó en 2016. La diferencia de ahora es que en estas elecciones fue más extendido su actuar en varios municipios, aparte que en 2016 nadie quiso hablar del tema por miedo, nadie lo denunció, tenuemente lo abordó Río Doce y algunos otros medios que documentaron la quema de camiones y levantones de operadores priistas.
Quirino Ordaz que fue el gobernador electo en 2016, nunca se refirió al tema, a pesar de que esos operativos fueron para frenarlo. Y hasta donde se supo, Mario López Valdez que era el gobernador en funciones, comisionó a Chuy Toño como director de la Policía estatal para hacer frente a los operativos, pero Chuy Toño se resistía por los vínculos que, se dice, sostenía con ellos. A pesar de la injerencia de la delincuencia organizada en contra de Quirino en 2016, él obtuvo la victoria.
En 2021 la historia se repitió pero más extendida, la delincuencia organizada, que antes se conformaba con que no la combatieran y le dejaran comercializar, ahora toma partido y se involucra sin guardar formas. Y no es que toda la elección haya sido afectada, en la mayoría la gente pudo votar sin problemas, y la voluntad ciudadana se pudo manifestar en zonas urbanas; lo que la delincuencia hizo fue adelantarse a priistas, y a algunos morenistas, secuestrando a operadores del voto y a algunos activistas, y robando algunas urnas e induciendo o forzando el voto en otras.
La mayoría de los operativos fueron contra el PRI, pero también hubo contra Morena en la zona norte.
Los prietos en el arroz de la elección están empañando el triunfo de Morena. Podía sin dificultades ganar Rubén Rocha sin esos operativos. ¿O no?