RECONOCE LA FISCALÍA EN EL ESTADO MIL 130 DESAPARICIONES EN 2018
De enero a noviembre del año pasado, 94 personas que fueron privadas de la libertad fueron localizadas asesinadas El año pasado, la Fiscalía General del Estado inició mil 130 carpetas de investigación por desaparición forzada
La desaparición forzada cada vez envuelve de angustia y mata en vida a más familias sinaloenses. Pese a ser un delito al alza, no se ha creado la Unidad Estatal de Búsqueda ni la Coordinación de Atención a Víctimas, lamentaron presidentas de colectivos de búsqueda. Además, las investigaciones para dar con el paradero de los desaparecidos no avanzan, y la mayoría de los casos está impune.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, solo en 2018 iniciaron mil 130 carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad. De enero a noviembre se tenía un registro de mil 061 denuncias, y en ese periodo habían localizado 94 personas fallecidas y 259 fueron encontradas con vida, quedando 708 en calidad de desaparecidas. En lo que respecta a menores, de forma oficial solo quedaron dos sin localizar. En la página de la Fiscalía, el histórico del número de desaparecidos es de 2 mil 382, pero se tienen contabilizados casos ocurridos desde 1977, como el de Alapizco Lizárraga José Manuel, de quien solo existe una copia de una fotografía borrosa. A nivel nacional, el 30 de abril del año pasado se dejó de actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y para esa fecha en Sinaloa había 3 mil 027 desaparecidos, cifras que no coinciden con las de la Fiscalía estatal.
Dudas
En las cifras negras pudieran ser muchas más las personas que se encuentran desaparecidas, ya que hay familias que por miedo a que las asesinen o desaparezcan a otro familiar no denuncian, comentó Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida.
Dijo que encuentra muchas familias que tienen un familiar desaparecido, pero no denuncian simplemente porque les gana el temor, aunque se les explica la importancia de hacerlo: “Desgraciadamente, este delito crece y nos mata en vida a los familiares porque siempre vivimos con la angustia de no saber en dónde están. En mi caso, tengo que vivir con el dolor de no saber nada de mi hermano”, detalló.
Sin avances
Rojo Medina lamentó que, a pesar de que no se ha creado la Unidad de Búsqueda, hay muy pocos peritos e investigadores trabajando en los casos.
La falta de personal capacitado de la Fiscalía para realizar las pruebas de ADN desalienta a seguir abriendo fosas clandestinas porque los restos localizados van a andar regados en el Servicio Médico Forense o van a ir a dar a la fosa común, no con las familias.
El fiscal general Juan José Ríos Estavillo aseguró que cada dos o tres meses sostienen reuniones de trabajo con los colectivos y familiares de las víctimas, y que a estos encuentros acuden ministerios públicos, peritos y se atienden cada una de las carpetas.
De acuerdo con María Isabel Cruz, presidenta de Sabuesos Guerreras, lo que hacen en estas reuniones a las que no acude el fiscal es que se ponen a revisar las carpetas de los casos, pero no les dicen nada nuevo. En el caso de su hijo, el agente municipal Reyes Yosimar, quien el 26 de enero va a cumplir dos años de desaparecido, dijo que no han podido vincular lo sucedido con nada y no le han dicho qué línea de investigación siguen porque no tienen. Criticó que para estas más de mil carpetas de investigación de desaparecidos tengan menos de diez investigadores trabajando.
En su caso, el próximo mes realizará una intensa búsqueda para tratar de localizar los restos de su hijo.