Por un Poder Judicial sinaloense digno
La seguridad jurídica de los gobernados debe de ser la máxima prioridad del estado, fuera de rencillas y revanchismos políticos o de cualquier otro tipo.
Sin seguridad jurídica viviríamos en el caos y la sociedad sin duda iría, sin remedio, al colapso total.
Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado le están retirando 166 millones de pesos de los 175 millones que le había asignado la mayoría de Morena en el Congreso. Esta cantidad no es suficiente para que el Poder Judicial haga frente a los grandes retos que 2019 depara en materia de administración de justicia.
Como abogado practicante que ejerzo mi profesión principalmente en los juzgados y tribunales de nuestro estado, me doy cuenta de las grandes carencias que tiene el Poder Judicial, sobre todo en infraestructura, instalaciones dignas, adecuadas, sistemas computacionales que hagan más eficiente su trabajo. Por poner de ejemplo, en la ciudad de Mazatlán, en la unidad administrativa y los edificios colindantes, en el fraccionamiento Tellerías, donde se encuentran los juzgados civiles, familiares y la Sala de Circuito Zona Sur, en ellos no hay lugar suficientemente amplio para el personal actuante, menos aún para los usuarios de los servicios. Las instalaciones están en condiciones deplorables, así como lo muebles y las computadoras. Es increíble que haya un solo juzgado especializado en juicios orales en todo el estado, no obstante que el grueso de los asuntos que se tramitan en los juzgados del orden común son de oralidad mercantil. Es inconcebible que en las sociedades modernas siga sin dotarse a los poderes judiciales de recursos suficientes para generar la estructura necesaria para hacer frente a la muy compleja y cada día más creciente demanda de administración de justicia. Sobre todo tratándose de estados con alto nivel delincuencial y, además, con gran actividad comercial e industrial tanto en las áreas agrícola, pesquera y turística, como es el caso de Sinaloa.
Limitar el desarrollo estructural del Poder Judicial del estado es frenar el propio crecimiento económico de Sinaloa, pues si no se cuenta con el instrumento correcto que de manera eficiente dirima con justicia y prontitud las controversias legales que se susciten en las relaciones comerciales, dejará muy pronto de ser un lugar atractivo para invertir.
En lo que respecta al Poder Judicial, el presupuesto de egresos para 2019 debe contar, por lo menos, con el mínimo necesario indispensable para que este pueda desarrollar su labor de manera eficiente y adecuada, siendo esta la cantidad que él mismo determinó en el presupuesto que envió oportunamente, pues nadie mejor que este sabe cuáles son las necesidades para el buen desempeño de sus funciones. Recordemos que no estamos en la situación de altos salarios ni bonificaciones millonarias, en el Poder Judicial sinaloense los sueldos son modestos y las prestaciones proporcionales y equitativas al desempeño de sus trabajadores.
Menos dinero significa menos personal e inversión en capacitación, en compras de equipos de cómputo y software, vehículos actualizados para los actuarios y, en general, menor posibilidad de atender los asuntos de manera adecuada.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados, como guardián de la legalidad y del cumplimiento y respeto al estado de derecho, reprueba tajantemente el que se disminuya el presupuesto de egresos al Poder Judicial del estado de Sinaloa, exigiendo que se restaure la cantidad que le fue disminuida de 166 millones de pesos en el presupuesto de egresos del 2019.
Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de interés. ¡Hasta la próxima!