COVID-19 REVENTÓ EN LA CARA LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD: CIDH
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reconoce preocupaciones en torno al cumplimiento de derechos en niños, niñas y adolescentes de la región Los Gobiernos deben trabajar en el efecto pospandemia para garantizar la protección de los menores
La pandemia de COVID-19 ha reventado en la cara de los ciudadanos una importante brecha de desigualdad que se tenía olvidada, en donde los sectores de mayor riesgo y los más vulnerables, como los niños, las niñas y los adolescentes, quedan afectados. Así lo señaló Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada titular de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en una videoconferencia, destacando que desde la Comisión han detectado problemas importantes en materia del cumplimiento a los derechos humanos en los menores, como la salud, la protección, la educación, la seguridad alimentaria y la movilidad.
La especialista en filosofía, letras y educación, así como en derecho y ciencias políticas, destacó que con lo anterior los Estados tienen que enfocar una nueva mirada para enfrentar lo que en pospandemia podría surgir como la crisis económica, social y política: «Un llamado a instituciones, Estado, a sociedad civil a organismos internacionales, a reconocer que la niñez y la adolescencia como grupo humano requiere de que le demos el espacio y la visibilidad para no solo el reclamo de sus derechos, sino para también transmitirnos experiencias, perspectivas de lo que representa para ellos la pandemia, pero también la proyección pospandemia para asegurar su vida, su integridad, su proyecto de vida, que tenemos que garantizar no sea truncado», expuso. A su vez, puntualizó que se debe lograr un estado de bienestar para atender a todas las poblaciones sin discriminación, en condiciones de igualdad.
Principales preocupaciones
A través de un encuentro virtual para medios de comunicación y actores en la materia de derechos humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño dividió por tres áreas puntuales las preocupaciones de los organismos respecto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el impacto del COVID-19. La primera —indicó— se trata de la salud y la violencia. Especificó para el caso de la salud que si bien el tema de la mortalidad para este grupo no se identifica como de mayor riesgo, existe actualmente la identificación de un aumento de casos, así como de otros posibles efectos secundarios del COVID-19, como la salud mental: «Tienen que ser de manera integral los otros aspectos de salud que pueden estar siendo afectados, como la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes a consecuencia de las distintas medidas que se han tenido que tomar», explicó.
Respecto a la violencia, destacó que dos de cada tres niños en el continente sufren algún tipo de castigo corporal en el hogar, y, actualmente, como efecto de la pandemia, están vulnerables al ser obligados a resguardarse en esos espacios. Dijo que eso se ha reflejado en las denuncias de maltrato, y los Estados están obligados a atender.
En segunda instancia, identificó la educación y la seguridad alimentaria. Al respecto, detalló que no todos los menores tienen la posibilidad de acceder a una educación virtual, como han planteado algunos países. Además, dijo que el internet no tiene un carácter universal y tampoco todos tienen acceso a una computadora: «Los Estados deben garantizar el derecho a la educación accesible a todos, sin que esto marque o abra mayores brechas de la desigualdad».
Respecto a la seguridad alimentaria, puntualizó que precisamente en las escuelas muchos menores recibían alimento, y al dejar de acudir a las escuelas podrían estar vulnerables, por lo que hizo un llamado a los Gobierno a visibilizar e identificar este problema.
Políticas públicas
La última área puntual en la que han detectado preocupaciones en materia del cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes correspondió a los menores migrantes, así como aquellos que permanecen en correccionales u hogares de asistencia.
Esmeralda Arosemena de Troitiño explicó que los menores en cualquier tipo de movilidad enfrentan vulneraciones, por lo cual hizo un llamado especial a que los países cumplan con los acuerdos firmados para reconocer sus derechos. En el caso de los menores privados de la libertad, indicó que se debe trabajar en políticas públicas que lleguen a atender la protección integral y visibilizar la necesidad de una interacción y articulación de todas las instituciones. Durante el encuentro, cuatro menores de Centroamérica expusieron sus puntos de vista y experiencias para el cumplimiento de sus derechos humanos en el contexto de pandemia. Coincidieron en la necesidad de información clara, la oportunidad de participar en la toma de decisiones, así como la importancia de estrategias en igualdad de condiciones.