BRUTALIDAD POLICIAL EN MÉXICO SE AGUDIZA DURANTE LA COVID-19

El caso Giovanni, en Jalisco, pone sobre la mesa el actuar de las autoridades sobre las constantes violaciones a los derechos humanos

Detenciones arbitrarias, tortura, retención ilegal, violaciones sexuales y asesinatos son algunos de los motivos por los que han sido señaladas las fuerzas del estado de todos los rangos; y desde años anteriores de brutalidad policial. Esta semana, el presunto asesinato del joven Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, por supuestamente no portar un cubrebocas, ha conmocionado al país y ha provocado también una serie de manifestaciones con violencia.

Para Cutberto Hernández-Legorreta, especialista en gobernanza y modernidad, y José Andrés Sumano, especialista en innovación gubernamental y análisis de política pública por la Universidad de Harvard, México tiene actualmente una Policía con falta de profesionalización para hacerle frente a situaciones de violencia en cumplimiento con los derechos humanos, y más aún en tiempos de COVID-19. Además, destacaron que existe una desconfianza de parte de la ciudadanía a este grupo, que acumula años de impunidad. Contexto de violaciones La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene los registros de quejas que ciudadanos afectados han hecho públicas sobre la violación a sus garantías individuales por parte de autoridades de Seguridad. En un análisis realizado por EL DEBATE, se encontró que, durante el 2009, la CNDH presentó 94 recomendaciones a la Fiscalía General de la República, 15 a la Fiscalía Estatal, 287 a Órganos Internos de Control, y 4 a la Procuraduría General de Justicia Militar. Ese año obtuvo la cifra más elevada de recomendaciones desde el 2015 [ver tabla].

Por su parte, en Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) registró 186 presuntas quejas de violación a derechos humanos para la Fiscalía General del Estado en 2019; así como 49 para la Secretaría de Seguridad Pública, 26 para Secretaria General del Gobierno y 282 para las autoridades municipales. Cutberto Hernández-Legorreta, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, apuntó en entrevista para EL

DEBATE que, desde el inicio de la crisis sanitaria, México no contaba con instrumentos jurídicos, más allá de los que son facultad del Ejecutivo nacional, para enfrentar el problema por COVID-19, y así como no se contaba con todo un andamiaje sanitario y de seguridad en ese momento, hoy no se cuenta con una tradición democrática que toque a los cuerpos de seguridad policial. Además, destacó que también es importante no olvidar el contexto histórico y cultural de donde se nutren las filas, de los intereses personalísimos y de grupo de sus jefes y de los jefes de los jefes: «Es una práctica común que se ha llegado a normalizar la asociación de impunidad con la imagen del policía. Sobran ejemplos. Esa imagen obedece a la falta de capacitación, a la carencia de protocolos de selección y, lo más importante, a la falta de una cultura democrática de respeto al otro», aseguró. Respuesta ante contingencia Para José Andrés Sumano, utilizar la fuerza del Estado para tratar de implementar recomendaciones o inclusive normas en materia sanitaria no es el camino adecuado.

En entrevista para EL DEBATE explicó que cuestiones como las recomendaciones sanitarias pueden aplicarse y funcionar mejor con otros esquemas que tienen que ver más con la educación y la concienciación, «incluso con estrategias de Gobierno conductual, tratando que los ciudadanos comprendan el problema e interioricen las medidas sin necesidad de que la autoridad utilice la fuerza», expuso.

El también catedrático Conacyt y profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte indicó que la brutalidad policial en México con el abuso del uso de la fuerza y la violación a los derechos humanos es gran parte a consecuencia de la poca profesionalización de policías. Indicó que esa poca profesionalización es una construcción política; es decir, que una Policía que es poco profesional es una Policía que el gobernante en turno puede utilizar para sus diferentes fines.

Asimismo, agregó que dicha violencia de la Policía hacia los ciudadanos también tiene que ver con una norma y una narrativa que se traduce en malos entendidos entre la comunidad y la Policía,

Sobran ejemplos. Esa imagen obedece a la falta de capacitación, a la carencia de protocolos de selección y, lo más importante, a la falta de una cultura democrática de respeto al `otro'”

Cutberto Hernández

Experto en gobernanza e internacionalista

La gran mayoría de las Policías en este país están en una situación de precariedad importante. Entonces, esto pareciera más una simulación que otra cosa, el discurso de muchas autoridades por profesionalizar a policías”

José Andrés Sumano

Experto en políticas públicas y seguridad

como en comunidades que sienten que estructuralmente hay una autoridad que quiere mantenerlos reprimidos, que quiere mantener la pobreza, y que utiliza la Policía para lograr ese orden; y por otro lado está una Policía que desconfía de la autoridad: «Esas normas destruyen la confianza de la ciudadanía en la autoridad», aseguró.

En su reporte «Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la Policía en México», Amnistía Internacional México explicó algunos motivos de arrestos arbitrarios en el país, entre ellos para investigar a una persona; para decir que se resolvió un delito cometido por alguien más; por motivos políticos, como en manifestaciones o en contra de personas defensoras de los derechos humanos; por pagos de terceras personas para detener a un individuo, y por extorsión a las personas arrestadas. Cutberto Hernández-Legorreta, también internacionalista por la UNAM, coincidió al destacar que los actos de autoritarismo por parte de los policías locales y estatales en México, o casos de violación a los derechos humanos y violencia, también se originan a partir de una falta de cultura cívica y política, donde la impunidad ha sido la constante, determinada en buena medida por prácticas de exclusión y segregación clasista.

Ciudadanía y policías

Según consideró, han sido muchos años en que se ha desarrollado una deleznable práctica del pequeño poder conferida a los cuerpos de Seguridad, como policías, militares o grupos paramilitares de bajo rango, y otorgada por los mandos medio y altos, siguiendo una cadena de mando a la máxima autoridad: «Algunos hacen referencia al concepto mal entendido del tlatoani, que no es otra cosa que centralismo del poder», destacó. Hernández-Legorreta agregó para EL DEBATE que el desarrollo de una cultura clientelar que ha llevado a la sociedad a no ser empática con el otro, y a partir de ello se ha desarrollado una falsa cultura de la superioridad donde se tienen casos como el de Jalisco: «Lamentablemente, hay muchos casos. Ahora en Jalisco ha sido un albañil, pero antes fue una indígena, un anciano o una mujer, un/a estudiante, todas las representaciones de la inferioridad». Consideró que hasta ahora no ha avanzado la judicialización para casos de violación de los derechos humanos, sobre todo de los que provienen de altos cargos, pues —según consideró— es donde se origina la impunidad.

Nuevas situaciones de violencia

A su vez, José Andrés Sumano explicó que México suma bastantes años hablando sobre la necesidad de profesionalizar a policías, de darles mayores derechos laborales, de impulsar la carrera policial, entre otros aspectos, pero mientras eso se hace en el discurso, se sigue manteniendo a las Policías en condiciones muy precarias, salvo algunas ciudades: «La realidad es que la gran mayoría de las Policías en este país están en una situación de precariedad importante. Entonces, esto pareciera más una simulación que otra cosa, el discurso de muchas autoridades por profesionalizar a Policías», apuntó. Asimismo, mencionó que el país sigue presentando otros esquemas de violencia, y podrían surgir más ante la contingencia de COVID-19.

Destacó que la violencia de grupos del crimen organizado no ha cesado, y algunos indicadores asumen que sus recursos podrían estar disminuyendo por algunas actividades, y que podría estar generando un aumento en la violencia entre ellos, aunque puntualizó que hace falta más información, en ese sentido. Además, dijo que es posible el incremento de la violencia y de la delincuencia común, derivado de los grados importantes de desempleo que se están alcanzando, que también es un tema importante que debe ser atendido.

Al respecto, Hernández-Legorreta agregó que se tiene de frente la gran oportunidad de madurar como sociedad, no solo la de Jalisco, sino la de todo el país. Consideró que será importante saber si para afrontar la crisis los ciudadanos optarán por seguir confiando en la democracia o por apoyar el ascenso de prácticas intimidatorias y autoritarias. Asimismo, dijo que no se puede obviar el planteamiento de otras interrogantes por parte de la sociedad civil, como saber adónde irán a parar los miles de millones que van a gastar los Gobiernos para afrontar la crisis de una sociedad con dificultades, «¿a manos privadas o de empresas pequeñas y familiares o de grandes corporaciones?», cuestionó. «Todas las decisiones que se adopten al respecto son políticas. Es menester cobrar conciencia de que la crisis actual, además de sanitaria, es política», concluyó.