Acusan por `moches' a edil de Zacatecas
Los empresarios, ante la lentitud de la investigación en la Fiscalía de Zacatecas, llevaron su querella a nivel federal
Ciudad de México. Una empresa especializada en medición de consumo de electricidad, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR haber sido extorsionada el año pasado con 2.7 millones de pesos por el hoy Presidente municipal morenista de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, cuando era secretario de Finanzas del estado.
La denuncia
Sistemas y Servicios para el Alumbrado Público (Siser) presentó ante la dependencia federal su querella contra el alcalde, su hijo Jorge Miranda Herrera y Guadalupe Alejandro González Navarro, quien desde el Gobierno estatal pasado se desempeña como Procurador Fiscal de Zacatecas.
Miranda fue secretario de Finanzas en la administración del Gobernador priista Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), pero el año pasado se postuló y ganó la alcaldía de la capital como candidato de la coalición Juntos haremos historia, integrada por Morena, PT, PVEM y Panal.
De acuerdo con la denuncia, para garantizar la totalidad del pago de un contrato, los funcionarios exigieron a Fernando Lechuga Moreno y José Jesús Toledo Campoy, apoderados de la empresa, un primer pago de 2.7 millones de pesos y después 30 y hasta 50 por ciento del valor de cada factura.
Miranda supuestamente dijo que destinaría el dinero a su campaña para la presidencia municipal de la capital del estado.
Los representantes de la compañía dieron sólo el primer “moche” de 2.7 millones --correspondiente al valor total de la primera factura--, en dos entregas en efectivo en Zapopan y Aguascalientes.
Los pagos
El primer pago, por 400 mil pesos, fue al hijo de Miranda en el municipio jalisciense y el segundo lo entregaron directamente al hoy alcalde en una gasolinera de una localidad aguascalentense. Los empresarios creyeron que con eso terminarían los obstáculos para el cobro de los servicios.
Pero cuando llegó la segunda factura, los funcionarios empezaron a exigirles la “tarifa” porcentual por factura, condición que rechazaron y que llevó también a que el pago de las parcialidades del contrato se suspendieran, según la denuncia.