La educación restaurada
En muchas ocasiones la cuarta transformación se transforma en realidad en la nueva restauración. En la fiebre por destruir el pasado reciente en lugar de construir para el futuro se termina recuperando, conscientemente o no, políticas que antaño no funcionaron o que sí lo hicieron, pero en una realidad distinta, diferente a la de hoy.
Algo de eso sucede con la nueva reforma educativa, que en realidad termina siendo un regreso al estado de la educación durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquella reforma de Calderón el límite estuvo puesto por el sindicato y por el peso de Elba Esther Gordillo (y en aquel momento también por las profundas diferencia que existían entre la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota y Elba Esther).
Ahora la reforma López Obrador revoca la política impulsada por Peña Nieto para volver a darle al sindicato magisterial las posiciones que perdió. Si “la mal llamada reforma educativa” como dice el presidente López Obrador fue, siempre según sus dichos, “una reforma administrativa”, laboral, en contra de los maestros, ésta es una reforma sindical para regresarle al liderazgo magisterial, el peso y la influencia que había perdido. Y no hay mejor símbolo de ello que la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y su transformación en un Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, donde los maestros tendrán un papel protagónico. No está mal que se revalorice la función del magisterio en la transformación de la educación. Me parece que ese fue el principal error de la pasada reforma aunque era verdad que se partía del supuesto de que sin arrancar de manos del magisterio el control de la educación no se podría avanzar en la reforma. Pero se hizo mal. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo pareció una simple venganza, al SNTE de Juan Díaz de la Torre se lo marginó de la toma de decisiones, y paradójicamente se terminó dando oxígeno y peso político a un grupo como la Coordinadora.
Ahora regresa el magisterio y sobre todo el SNTE a tener un papel protagónico en la estructura educativa aunque la corriente de Gordillo y la Coordinadora, ambos aliados del presidente López Obrador tendrán que tener espacios e influencia. Pero sería injusto decir que la reforma educativa 2.0 que firmó el miércoles el presidente se basa sólo en eso. Hay otras medidas que también deben ser analizadas. Una de ellas es la política universitaria planteada en el documento.
Todo joven con posibilidades de ir a la universidad debe tener la oportunidad de hacerlo y si es necesario el Estado debe proporcionarle los recursos para ello. Pero no todos los jóvenes del país tienen que ir a la Universidad, no es lógico ni necesario ni conveniente. Tampoco es lógico que la enseñanza universitaria pública sea absolutamente gratuita. Debe serlo para quien no tiene recursos, pero para quien puede pagarla es justo que aporte a su casa de estudios, entre otras razones para que éstas tengan los recursos suficientes para impartir una educación de calidad que les permita competir con las universidades privadas.
Eso implica también que debe haber exámenes de ingreso para optar a las necesariamente reducidas plazas universitarias: el mérito y los conocimientos mínimos necesarios debe ser la norma para poder ingresar a una universidad. Ningún país desarrollado del mundo se plantea, ni remotamente, que todos sus estudiantes lleguen al nivel universitario, y mucho menos que lo hagan sin costos y sin demostrar que merecen estar en ese nivel educativo. Cuanto más desarrollado es un país, más exigentes son las condiciones para las universidades y posgrados.
Esto se relaciona con la propuesta de crear cien nuevas universidades públicas en todo el territorio nacional. Pensar seriamente en crear cien nuevas universidades es imposible. No hay siquiera el personal académico para hacerlo. Lo que se hará, será llamar universidades a escuelas técnicas y de oficios, una suerte de Conalep de segunda generación. No está mal, al contrario, el país necesita muchos más especialistas técnicos que académicos en humanidades o derecho, lo que no tiene sentido es llamar a esos centros, universidad. Y no se debe perder de vista el debate sobre la desaparición de la autonomía universitaria en el texto de la propuesta de reforma. Ya Esteban Moctezuma ha rechazado esa posibilidad, pero no es algo que pueda quedar a la libre interpretación de los legisladores. Es evidente que hoy importa más la extensión de la cobertura educativa (obligada por una realidad social donde hay millones de jóvenes sin estudio o trabajo que necesitan estar en el cobijo de una aula y con una posibilidad laboral en su futuro) que la calidad de la misma. Pero sería una grave error volver a sacrificar la segunda por la primera.
Y finalmente hay que recordar otra cosa: esta nueva reforma educativa implica profundos cambios constitucionales. Y al oficialismo no le alcanza para tener la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de diputados y senadores para sacarla adelante. Como en muchos otros temas tendrán que aprender a negociar con una oposición que aunque parezca raquítica tiene aún cartas por jugar.