Palabras del magistrado Enrique Inzunza Cázarez en sesión plenaria del día 13 de diciembre del 2018
Señoras magistradas, Señores magistrados:
Valoro y aprecio encarecidamente la distinción de la que me hacen objeto al ratificarme su confianza para coordinar, por un año más, los trabajos de este cuerpo colegiado. Asumo este refrendo como la expresión patente de una visión institucional compartida de quienes integramos este Tribunal Pleno, que propugna el fortalecimiento de las funciones esenciales del Poder Judicial en una coyuntura fundamental para la judicatura de Sinaloa.
A lo largo de una década se han producido reformas nacionales de gran profundidad que tocan y redimensionan todos los ámbitos y materias de la impartición de justicia: el sistema de justicia penal acusatorio y oral, derivado de la reforma constitucional del 2008; la nueva justicia local en clave constitucional y de derechos, a raíz de la reforma del 2011; la justicia dialógica, basada en mecanismos alternativos de solución de conflictos, prevista en el artículo 17 de nuestra Ley Fundamental y en proceso de reglamentación con la próxima expedición de la ley general de la materia; la justicia laboral, que la reforma constitucional de febrero del 2017 coloca ahora como responsabilidad del Poder Judicial, entre otras.
Los retos de 2019 son, pues, mayúsculos y nos exigen trabajar todavía con mayor énfasis y compromiso. Se trata de mudar formas y estructuras anticuadas para hacer la justicia más accesible, más transparente y más efectiva.
El Poder Judicial de Sinaloa está evolucionando, entendido esto como una tarea que siempre se está haciendo, pero que nunca termina, orientada a generar confianza y a tutelar los derechos de los ciudadanos.
La Judicatura de Sinaloa es una institución sólida, conformada por servidores de carrera formados en el trabajo, en la legalidad y en el profesionalismo, lo cual lo convierte en un pilar de la seguridad jurídica, la estabilidad y la gobernabilidad del Estado.
Aunque es un poder político, el Poder Judicial es, y debe de ser en todo momento, ajeno a la política. Su autonomía e independencia está ordenada constitucionalmente para garantizar y dar certidumbre a los derechos de todos, sin distingo de condición personal, social o ideológica, más allá de coyunturas de cualquiera índole. El juzgador representa la moderación y el equilibrio. En su carácter de tercero imparcial, su actuación se rige exclusivamente por el mandato de las normas.
Dar certeza y garantía de su cumplimento, esa es su justificación constitucional y social, y a ese mandato debemos atenernos, invariablemente.
El pensamiento señero de don Justo Sierra, refiriéndose a la Carta Magna de 1857, apuntaba que «no hay en nuestro mecanismo constitucional resorte más delicado ni funciones que estén más ligadas con las fuerzas vivas de la sociedad que la de los tribunales encargados de trasmutar la Constitución en justicia y de darla bajo la forma augusta, en comunión, a cada uno de los individuos de una sociedad». Hacerse cargo de esta responsabilidad requiere de jueces y magistrados con alto sentido del deber e invariable profesionalismo. Ser artífices de la construcción del sentido de la constitución y no actores expectantes o pasivos demanda un ejercicio jurisdiccional con ciencia y con conciencia, para que la justicia sea la vía de solución de los conflictos entre las partes.
Una tarea así requiere de un celoso compromiso que es menester renovar cada día. Sé que ahora, como antes, este Tribunal Pleno sabrá honrar su responsabilidad conforme al mandato de las normas y a la convicción republicana de sus integrantes.
De nuevo, a todas y a todos, gracias.