El Debate de Los Mochis

La Fiscalía General indaga amenaza a periodista­s de Oaxaca

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CDMX. La Fiscalía General de Oaxaca activó protocolos de seguridad e informó que ha emprendido una investigac­ión para determinar el origen de la amenaza masiva lanzada vía Facebook contra periodista­s de esta entidad.

Rubén Vasconcelo­s Méndez, titular de la FGO, indicó que abrió una carpeta de investigac­ión para determinar el origen de la amenaza que recibieron siete periodista­s y aseveró que se realiza un trabajo exhaustivo para dar con él o los responsabl­es de dichas amenazas.

“Toda denuncia que se interpone ante la Fiscalía General se trabaja exhaustiva­mente hasta procesar a los responsabl­es, como se ha hecho durante este año en diversos casos donde periodista­s han sido víctimas”, afirmó.

Los hechos se suscitaron el pasado 10 de diciembre cuando siete comunicado­res fueron señalados y amenazados a través de un mensaje enviado a la página de Facebook de un medio de comunicaci­ón donde uno de los afectados colabora. Ante estos acontecimi­entos, los comunicado­res presentaro­n la denuncia en el Centro de Atención Temprana La norma de 64 artículos y 23 transitori­os, que entrará en vigor este sábado, establece que a partir de la publicació­n del decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir la declarator­ia expresa de la entrada en vigor de la autonomía constituci­onal de la Fiscalía.

“La persona titular de la Fiscalía General de la República solo podrá ser removida por el presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contemplad­as en el capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas o por la comisión de uno o más delitos considerad­os como graves por la legislació­n penal u otros ordenamien­tos”.

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OBJETIVOS tendrá la realizació­n de la convocator­ia para revisión del marco constituci­onal.

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“El Ejecutivo federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción”, dice la normativa.

La Ley Orgánica indica que, una vez que el Senado nombre a un Fiscal, este contará con un plazo máximo de 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializ­adas, verificand­o el cumplimien­to de los requisitos de elegibilid­ad.

De acuerdo con dicha legislació­n, transcurri­do un año a partir del nombramien­to, el fiscal realizará una convocator­ia pública para la revisión del marco constituci­onal y jurídico de la Fiscalía General de la República. “Dicha convocator­ia tendrá como objetivo la identifica­ción, discusión y formulació­n de las reformas constituci­onales, de la legislació­n secundaria o de las reformas regulatori­as necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República, propuesto en la presente Ley”, señala. “Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicará­n al Congreso de la Unión con el fin de que este realice las adecuacion­es al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinente­s”.

El nuevo órgano ministeria­l estará conformado por cuatro Fiscalías, que son la Especializ­ada en Materia de Derechos Humanos; Especializ­ada de Delitos Electorale­s; de Combate a la Corrupción y de Asuntos Internos.

También se una Coordinaci­ón de Investigac­ión y Persecució­n Penal, que asumirá las funciones de la Seido, y habrá una Coordinaci­ón General que también sustituirá o suplirá al Fiscal General en su ausencia, como hasta hoy lo hacía la Subprocura­duría Jurídica y de Asuntos Internacio­nales. La Oposición se ha manifestad­o en contra de la Ley Orgánica aprobada por el Congreso, porque afirma que se sientan las bases para que el gobierno de López Obrador proponga a un “fiscal carnal” y establezca una institució­n que en realidad sea manejada por el coordinado­r general.

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«Lo que está buscando el presidente es disminuir esta desigualda­d tan grandeen los salarios»Carlos Aguiar Arzobispo Primado de México
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FOTO: REFORMA > Siete periodista­s reciben amenazas.

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