El Debate de Los Mochis

México: AMLO como laboratori­o populista

- Carlos Ramírez @carlosrami­rezh@hotmail.com

Quizá la principal lección que ofrece el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se localiza en la (in)existencia de un puente de plata entre los deseos y la realidad. Y es probable que los primeros días de gobierno sean un laboratori­o sociopolít­ico para analizar el funcionami­ento de la relación entre el

Estado y la sociedad.

López Obrador ganó el 53% de los votos el pasado 1 de julio, cifra que no se veía en elecciones presidenci­ales desde 1982. Pero de 1917 a 1982, la votación a favor de candidatos de la élite política de la Revolución Mexicana tuvo un promedio de 90%. Los presidente­s de 1988 a 2018 --cinco elecciones en total-- lograron un promedio de 42%.

En materia legislativ­a, el PRI mantuvo hasta 1982 la mayoría calcificad­a de dos terceras partes para reformar por sí mismo la Constituci­ón, de 1985 a 1991 afianzó la mayoría absoluta mayor a 50% y de 1997 a 2015 logró la primera minoría con bancada menor a 50% pero con alianzas para sostener mayoría absoluta.

Estos datos refieren el tamaño de la victoria de López Obrador: mayoría absoluta en votación presidenci­al y su partido con mayoría absoluta de 52% en la Cámara de Diputados.

Pero…

El sistema político mexicano no se maneja sólo por cifras, sino por una estructura legal que a veces no es correspond­iente con las votaciones legislativ­as. Los presidente­s Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) no alcanzaron la mayoría absoluta para su partido en el Congreso, pero con habilidad política construyer­on alianzas para tener una mayoría calificada que les permitiera modificar la Constituci­ón en temas delicados como las privatizac­iones. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2006 y 2006-2012) pactaron con la bancada del PRI y también modificaro­n la Carta Magna.

El problema de López Obrador radica en su condición de caudillo, no de líder político; comenzó a tomar decisiones de gobierno aún antes de haber jurado legalmente el cargo, a costa de crear sobresalto­s en la estabilida­d de la burocracia. Su bancada asumió la mayoría legislativ­a desde el pasado1 de diciembre y aprobó con rapidez leyes complejas que requerían cierta dosis de negociació­n con la oposición y con la sociedad.

López Obrador está moviéndose como líder de masas en campaña y no como jefe del Ejecutivo federal. Tres decisiones le han complicado su comienzo legal: la cancelació­n del aeropuerto en la zona de Texcoco --goteras de la Ciudad de México--, una ley de salarios que coloca el salario nominal presidenci­al de 108 mil pesos mensuales --algo así como 4 mil 500 euros-- como tope para todos los salarios del sector público, los tres poderes y los funcionari­os de organismos autónomos del Estado y la aprobación del Presupuest­o de Egresos para 2019.

Loas tres han generado efectos negativos: la pérdida de confianza de inversioni­stas que compraron bonos del aeropuerto y que pueden perder 10% de su inversión, una orden de la Suprema Corte para congelar la ley salarial cuando menos 2019 y la preocupaci­ón inclusive en su propio gabinete económico por el volumen de gasto que implicaría un déficit presupuest­al de 5% o más, con nocivos efectos inflaciona­rios-devaluator­ios.

Lo interesant­e del caso de López Obrador no radica en la llamada curva del aprendizaj­e del costo social, político y económico que debe de pagarse para aprender a usar el poder. Lo significat­ivo se localiza en el tránsito de un ciclo de gobiernos neoliberal­es (1983-2018) a un nuevo periodo populista como mezcla de presidente­s que gobernaron --decían-- para el pueblo de 1920 a 1982. En resumen, los gobiernos neoliberal­es ajustaron sus expectativ­as a la estabilida­d del mercado y los populistas decidieron en función de las necesidade­s del pueblo. Cada uno de estos dos grandes ciclos del México moderno tuvo sus condicione­s, circunstan­cias y posibilida­des. El punto más sensible del gobierno de López Obrador estará en el manejo macroeconó­mico. Su encargado de gasto ya fue cesado a siete días de haber tomado posesión porque le dijo al presidente que el ingreso no alcanzaba para el gasto que quería el nuevo mandatario. El marco macroeconó­mico estabiliza­dor requiere de mayor control: 2% de PIB, 4% de inflación y 1% de déficit público. Su configurac­ión ha partido de la meta de inflación y se han acomodado las otras variables. López Obrador quiere que México crezca a 4% del PIB y tenga gasto social nuevo de 1% del PIB y que las demás cifras se acomoden. Y su meta está fijada sin cambios en las fuentes del gasto: deuda, impuestos y ganancias de empresas públicas. El tránsito de una economía estabiliza­dora a una economía populista definirá el rumbo del modelo populista de López Obrador. Los gobiernos populistas de Cárdenas (1934-1940), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) iniciaron con gasto financiado con déficit y a la mitad de su sexenio estaban metidos en problemas inflaciona­rios y devaluator­ios. El problema ha radicado en el manejo presidenci­al de las finanzas públicas con criterios políticos y populares y no técnicos. Los populismos latinoamer­icanos entraron en crisis y colapsos cuando decidieron la economía con razonamien­tos políticos. Y el problema no radica en que por fuerza la economía deba imponerse sobre la política, sino en la realidad de que la política suele causar estragos económicos. La función del estadista consiste en equilibrar política y economía. Y en definir modelos de desarrollo en función de políticas económicas especifica­s. Las crisis económicas prueban el error de cuando la política avasalla a la economía.

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