AUTORIDADES ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua determinó que el Gobierno de ese estado violentó ese derecho de la periodista Rocío Gallegos
Funcionarios de primer nivel, integrantes del gabinete del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, violaron el derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos. El 13 de abril del 2019, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua informó de esto al Gobierno, aunque la reportera fue notificada apenas el 24 de abril.
La recomendación 36/2019 es histórica para los periodistas y defensores de los derechos humanos mexicanos, expresó Gallegos en entrevista telefónica para EL DEBATE, en un escenario donde son continuas las expresiones de desprestigio por parte del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, a medios críticos, lo cual se da en todos los niveles de Gobierno que han estado intimidando y amenazando a la prensa de manera continua.
La periodista de Juárez publicaría una nota donde se acusaba a funcionarios de primer nivel del Gobierno de Corral de proteger a un presunto narcotraficante. Posterior a esta publicación, Gallegos sufriría calumnias por la propia Administración chihuahuense.
Rocío renunció al medio de comunicación en el que se desempeñaba en febrero del 2018 en un acto de congruencia para convertirse en una de las fundadoras de la plataforma digital La Verdad, Periodismo de Investigación: «Ahora estamos al frente de este nuevo proyecto periodístico donde le apostamos al periodismo simplemente de resistencia», abundó.
Los atentados contra los periodistas, sumados a los señalamientos que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas, ¿de qué nos hablan?, ¿constituyen también atentados contra la libertad de expresión?
Sí. Son atentados no solamente contra la libertad de expresión del periodista, sino contra la que tienen todos los ciudadanos, y sobre todo por el intento de limitar, frenar el trabajo periodístico. Es una falta de respeto. Se atenta también contra el derecho a saber que tenemos todos. Desgraciadamente, ahorita vivimos una polarización muy fuerte, y muchas de estas acciones vienen desde instancias oficiales, eso es lo más grave. Una cosa es el derecho de réplica, que está garantizado en nuestras leyes para todos los ciudadanos, incluyendo a nuestros gobernantes; otra es descalificar, intimidar y frenar el periodismo, periodismo de investigación, crítico, con ese tipo de acusaciones, señalamientos, que se hacen quienes se atreven a decir lo que los Gobiernos no quieren que se sepa.
Las autoridades estatales y municipales que deberían estar a un nivel más cercano a la población, ¿no quieren ver el entorno que los rodea?
No están actuando en consecuencia a las obligaciones que ellos tienen de atender las necesidades ciudadanas, de respetar los derechos ciudadanos, y ahí es donde empieza un poco el desfase, la descalificación y situaciones de ese tipo. Pone en evidencia cómo los Gobiernos, las instancias, los servidores públicos no son lo suficientemente efectivos para poder atender lo que los ciudadanos o sus comunidades de manera real requieren para vivir plenamente.
¿Cómo sucedieron los hechos antes de la recomendación de la CEDH de Chihuahua?
En aquel entonces era la directora de El Diario de Juárez; ya no lo soy. Renuncié en febrero del 2018. La situación que hice pública, me quejé tanto en la CEDH Chihuahua y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se registró el 9 de noviembre del 2017, puse la queja el 15 de noviembre. El asunto es que nosotros tuvimos acceso como periodistas a un video donde prácticamente se acusaba a funcionarios del estado de Chihuahua de proteger a un presunto narcotraficante, entre ellos se mencionaba al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y a un alcalde de Ciudad Madera. Como directora decidí que era información de interés periodístico porque estaban involucrados funcionarios públicos que estaban tomando decisiones en nuestro estado y en medio de una embestida muy fuerte en ese sector del estado. Decidimos publicarlo. A partir de eso hubo un texto, una especie de columna, que escribió una persona que era parte del equipo de Comunicación Social del Gobierno del Estado en la zona norte (Ciudad Juárez). Aunque ellos dicen que ya no estaba en funciones, seguía apareciendo en el directorio de funcionarios y en la práctica.
¿Cómo le afectó esto en el ámbito profesional?
El escrito fue replicado en la página oficial del gobernador. Ese artículo de opinión con señalamientos en mi contra fue difundido en varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, donde descalificaban mi trabajo y me acusaban de generar un daño social a través del periodismo, incluso el artículo se llamaba así: «La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo». Decían que yo era una desestabilizadora social. El gobernador lo compartió en su página (que es javiercorral.org) y en sus cuentas de Twitter. Decían que de nada me habían servido mis capacitaciones nacionales e internacionales, mis cursos de ética periodística y una serie de señalamientos donde trataban de descalificarme.
¿Cómo sintió los señalamientos originados desde el Gobierno de Chihuahua?
Realmente esto era un atentado a mis derechos. Sentí que tenía que buscar y dejar un testimonio que no era correcto lo que se estaba haciendo e interpuse una queja ante la CEDH. No acudí a ninguna otra institución porque no tengo confianza en las instancias encargadas de la protección a periodistas. Incluso, todo este tiempo que tuvo que pasar sí provocó un desánimo y un cuestionamiento hacia los organismos defensores de derechos. Siento que pasó mucho tiempo para tener la resolución, pero finalmente la tenemos. Se expone en el documento que hay elementos que acreditan una violación a los derechos fundamentales que yo tengo y a mi derecho exclusivamente a la libertad de expresión. Así ocurrió.
¿Marca un antes y un después para los periodistas mexicanos?
Es un logro importante y sienta un precedente en este tipo de casos. A diario lo vivimos a lo largo y ancho del país los periodistas a la hora de hacer nuestro trabajo: se nos cuestiona, nos descalifican. Lo que determina la CEDH es un referente legal, ahora lo interesante será cómo será la reparación del daño.
¿Cómo será este procedimiento?
Primero, tendremos que ver qué responde el Estado a la resolución; y luego ver cómo se reparará el daño que ellos establecen. Paradójicamente, es el mismo Estado el que tendrá que determinar a quién y qué sanciona y si cumple o no. La resolución se manda a la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, y ellos son quienes determinarán si procede o no y cómo lo hará. En caso de que la secretaria de Gobierno de Chihuahua determinara improcedente la recomendación de la CEDH, ¿se puede
apelar o recurrir a una instancia mayor?
Sí. Me han explicado que tendría que impugnar esa resolución. De seguir el proceso, podría irse a la CNDH y hasta organismos internacionales, donde podría defenderse. Por lo pronto, estamos pendientes de una postura que emita el Gobierno del Estado. Hasta el momento, no conozco algo público que hayan dicho en relación a esta resolución.
Por parte de los directivos de los medios de comunicación, ¿cómo considera que deba ser su comportamiento?
Casi siempre en las situaciones de defensa de derechos de periodistas los enfrentamos solos. Casi siempre los medios o directivos prefieren no tener conflictos por sus compromisos económicos, amarrados por contratos de publicidad oficial, y casi siempre los periodistas enfrentan ese tipo de eventualidades arropados por periodistas, en algunos casos por asociaciones defensoras de la libertad de expresión o de derechos. Así es como enfrentamos la realidad.
¿Son importantes este tipo de logros, como la resolución de la CEDH Chihuahua?
La verdad, son como un granito de arroz, pero son pasos que sí tenemos que visibilizar para que la gente y los colegas denuncien y podamos resistir a esta burocracia y a esta revictimización que hacen los organismos de atender o dar cauce a estas demandas y para poder sentar un precedente en la defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades.
Los últimos casos en Sinaloa Recientemente, una reportera de EL DEBATE, después de publicar una investigación contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), fue intimidada en su casa por un desconocido que llegó en un vehículo, el cual era aparentemente custodiado por una patrulla de la Policía Estatal. El individuo le exigió que le entregara documentos que había solicitado vía acceso a la información sobre un recurso de Japama etiquetado para la reparación de un colector caído, dinero que nunca fue ejercido. La reportera después de esto sufrió violaciones a la integridad de su hogar.
Igualmente, durante la segunda semana de marzo otro periodista de EL DEBATE fue víctima de intimidación. Se filtraron sus datos personales luego de que solicitara información en el Instituto Catastral y Registral de Sonora. Esta solicitud llegó hasta un funcionario de Sinaloa horas después de haberla pedido en Sonora, quien se puso a disposición del periodista para señalarle que estaba enterado de su investigación y que podía darle información del tema.
«Lo vivimos a lo largo y ancho del país los periodistas a la hora de hacer nuestro trabajo: se nos cuestiona, nos descalifican» Rocío Gallegos Periodista