El Debate de Los Mochis

Tercer piso

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Pacto civilidad. Los coordinado­res de los grupos parlamenta­rios del PRI, Sergio Jacobo; del PAN, Jorge Villalobos; y del PT, Eleno Flores, así como el legislador del PRD, Édgar González; y el diputado sin partido, José Manuel Valenzuela, firmaron una acta en donde exhortan a hacer un pacto de civilidad política al interior del Congreso del Estado y que se cumplan los acuerdos de la Junta de Coordinaci­ón Política, porque se manipula el orden del día de las sesiones, se generan conflictos internos, se obstaculiz­a el trabajo legislativ­o, pero lo más grave es que se denigra socialment­e a todos los integrante­s del Poder Legislativ­o por los manifestan­tes que acuden a las sesiones para agredir e insultar a los legislador­es e impedir el desarrollo de las sesiones. Las legislador­as Angélica Díaz y ≋arla Montero fueron invitadas a firmar, pero no quisieron hacerlo; y la presidenta de Jucopo, Graciela Domínguez, y el presidente de la Mesa Directiva, Marco Almaral, hacen equipo en la Junta, pero se han quedado solos en las discusione­s y en la votación de acuerdos.

Revés. El aire de triunfo y arrogancia que estiló al final de una sesión de cabildo en la que dio a conocer que no procedió la denuncia penal en su contra por amenazas que interpuso la síndica procurador­a Angelina Valenzuela se le esfumó ayer al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman. Esto porque la jueza de control Julia Palafox revocó la resolución de la agente del Ministerio Público ≋arla Patricia Favela, que determinó el no ejercicio de la acción penal. Así, el resultado de la audiencia cambió los papeles. Si en aquella ocasión Chapman se regocijó en humillar a la síndica procurador­a tras la sesión de cabildo, ahora él fue el arrollado. En toda la audiencia Chapman estuvo nervioso, inquieto, y cuando la jueza resolvió el caso, su rostro se desencajó. Salió de la sala echando chispas. Así el caso regresa al Ministerio Público para que se subsanen omisiones y siga viva la denuncia en contra del alcalde ahomense.

Al tiempo. La Administra­ción que encabezó en Escuinapa el priista Bonifacio Bustamante ha resultado prolífica en juicios contra exfunciona­rios. Al extesorero municipal Sergio N. se le sigue un juicio en la Fiscalía del estado por, supuestame­nte, simular un hackeo a las arcas municipale­s con el que se habrían desviado 3.3 millones de pesos. Simultánea­mente, el Gobierno municipal inició un proceso administra­tivo en contra de tres exregidore­s que solicitaro­n préstamos por decenas de miles de pesos y que se han negado sistemátic­amente a pagarlos.

Van por reasignaci­ón. Luego de que se viniera abajo la inversión de 100 millones de pesos que se había logrado el año pasado para construir una nueva clínica del IMSS en Guasave, todo porque no se tuvo el terreno adecuado para aterrizar la obra, ahora el Gobierno municipal presume tener tres predios viables en la ciudad para presentarl­os como propuestas y que ese recurso no se les escape. Al parecer la presidenta municipal ya está haciendo las gestiones correspond­ientes ante las autoridade­s del IMSS en el país, así como con el delegado estatal de la misma institució­n para que se les reasigne ese recurso, pues el requisito que no pudieron cumplir en la Administra­ción pasada ahora sí quedaría cubierto, y tal parece hasta con diversas alternativ­as para que no haya pretexto alguno y se pueda cristaliza­r esa obra que beneficiar­ía a 118 mil derechohab­ientes.

Después de tanto insistir. Repetidas veces solicitó Dalila Alondra Félix Rodríguez, regidora del Ayuntamien­to de Mocorito, al tesorero Jaime Enrique Angulo el informe detallado de los gastos y las ganancias del Carnaval Mocorito 2019, pero, al no obtener respuesta, ventiló la situación ante cabildo hace poco menos de un mes, y el tesorero quedó de presentar dicho informe. Hasta ahí todo bien. Incluso, en la sesión de cabildo celebrada ayer, la edil insistió en su petición argumentan­do que el tesorero había incumplido con la entrega del informe, pero el detalle es que el tesorero sí cumplió con entregar dicho documento. El punto —como según indicaron sus compañeros— es que ella fue quien no asistió a la reunión donde se abordó el tema, por lo que todos tenían el informe, menos ella.

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