¿Plan? ¿Cuál plan?
El Plan Nacional de Desarrollo presentado no es, en definitiva, un plan. Es un manifiesto doctrinario que, además, contiene todo tipo de incoherencias. De sus apartados relativos a la seguridad pública pueden extraerse citas como que “el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad” o que “se deben fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública y penitenciarias para generar información e inteligencia especializada que identifique y evalúe integralmente todos los aspectos”. No hay precisión en los planteamientos, no hay responsables ni plazos, ni consideraciones de implementación. Nada. Es demagogia sin simulaciones que obviamente ya se consideran innecesarias y que además contrasta, o
más bien choca, con varias de las acciones que ha llevado a cabo el gobierno desde que inició. Si la demagogia es intrínsecamente cínica, en este caso tenemos cinismo sobre cinismo.
Es asimismo absurdo que se dediquen los apartados de seguridad del “plan” a reprochar a gobiernos anteriores el empleo de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, cuando nadie ha profundizado a tal grado y en tan poco tiempo dicha militarización que el actual gobierno, ahora incluso con rango constitucional. Es ilógico también que se mencione la atención a las causas de la violencia, al tiempo que se destruyen programas e instituciones sociales para solventar la repartición masiva de cheques. Es igualmente desconcertante que se proponga el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, cuando se desaparece a la policía federal, se mantienen o reducen los presupuestos para el desarrollo de las policías locales, y se instruye que mandos de las Fuerzas Armadas tomen control de dichas policías. Estas contradicciones, entre lo que se dice o se escribe, y lo que realmente se hace, sólo pueden tener dos explicaciones: o el Presidente y su equipo no tienen claro de lo que hablan, o mienten deliberadamente. Hay desde luego una tercera posibilidad, y es que estemos ante una campechana de las dos opciones.
Pero el documento en cuestión se pone peor, pues suelta afirmaciones que son delicadas desde un punto de vista político y humano. Es el caso al afirmar que, en el último año del sexenio, “los índices delictivos —de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles, y en el transporte público y otros— se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de 2018”… o que “se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”… o que “se erradicarán el robo de combustibles y la evasión fiscal”. En ejemplos como estos el cinismo es llevado a un extremo que todos debemos condenar. ¿Se vale ofrecer las perlas de la virgen cuando estamos todos sobreviviendo en medio de una matazón a razón de tres mil asesinatos al mes? Al menos ya sabemos de qué tamaño creen que es la ingenuidad del pueblo que gobiernan, y aquí yo sí incluyo a todos los mexicanos y mexicanas, sin importar sus preferencias políticas. Ahora toca a la Cámara de Diputados analizar, y avalar o rechazar este “plan”. Serán por tanto corresponsables de lo que ahí se inventa y se ofrece. Pero nos toca también a todos contestar una pregunta en algún momento: ¿Estamos de acuerdo, como ciudadanos, en avalar por aplauso u omisión, este nivel de irresponsabilidad en momentos tan críticos para el país?