SUBEN LOS RECURSOS DE LA FEDERACIÓN A LOS ESTADOS
Los economistas César Valenzuela y Rajid Luna contemplan una incapacidad de los municipios para obtener recursos por concepto de las aportaciones del Gobierno federal
El 2019 representa un alza para las aportaciones que el Gobierno federal realiza a cada uno de los estados que conforman la República mexicana.
Desde el 2016 se mostraba una tendencia a la baja en estos recursos, de acuerdo con información publicada por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. De los 666 mil 460 millones de pesos cedidos a las entidades federativas en el 2016, la cantidad aumentó a los 703 mil 112 millones de pesos al 2017. Subsecuentemente, el 2018 fueron autorizados hasta 741 mil millones de pesos, hasta llegar a los 789 mil 826 millones de pesos en el 2019. Este recurso —de acuerdo con los datos del Congreso de la Unión— se integra de siete rubros, por lo que los dineros estarían etiquetados, de entrada, a cubrir necesidades sumamente específicas, según el informe del Servicio de Investigación y Análisis.
µ Oportunidad para Sinaloa
A saber, serían el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEBN, las denominadas «plazas federales» o «federalizadas» de los maestros), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa, para apoyo a centros de salud y hospitales generales), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS, otorgado en mayor medida a los municipios y en menor a los estados), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP, directamente para los municipios) y, finalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta).
El otorgamiento de estos recursos está determinado por una serie de factores que inciden en el desarrollo particular de cada estado, informó el economista César Miguel
Valenzuela Espinoza. Ejemplificó que el FASP, destinado a la seguridad pública, podría ser una fuente de recursos para Sinaloa, siempre y cuando las corporaciones locales estén apegadas a los procedimientos marcados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública: «Sinaloa sí necesita mucho de eso, pero si no tienes a los elementos de seguridad certificados, calificados por el Centro de Evaluación y Control, no puedes bajar el dinero».
Cobros
En este tenor, particularmente el FASP, no se relacionaría ni con la población total de Sinaloa, los indicadores de la inflación ni con el producto interno bruto (PIB), sino a características propias y fortalezas existentes. Asimismo, el FAM está enlazado con el Sistema Nacional para la Defensa Integral de la Familia (SNDIF). «Las cifras del CEFP de la Cámara de Diputados revelan que las exigencias que tienen los ayuntamientos tienen que revisarse de otra manera. Los municipios tienen que cobrar de una manera más completa, y el estado también», dijo.
Igualmente, el expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa abundó que el cobro de agua potable debe actualizarse y cobrarse de una forma óptima, en pos de lograr finanzas saludables para las comunas, así como los conceptos de predial rústico y urbano: «Hay que mejorar, si el municipio o el estado quieren bajar más recursos de las aportaciones al Ramo 33, lo que tienen que hacer, en el caso de seguridad pública, tener agentes certificados, con programas bien elaborados; hay que meterse en la dinámica de cada uno de los rubros».
Aceptó que el Fortamundf depende, también, de los niveles de institucionalidad que tenga cada ayuntamiento (como el apego a normas y programas de recaudación): «No todo es recaudación, implica que tanto el estado y los municipios tienen que desarrollarse institucionalmente», concluyó.
Mejoras
Por su parte, el economista y asesor financiero Rajid Luna Cruz apuntó que las aportaciones federales son recursos etiquetados, a diferencia de las participaciones federales, donde estados y municipios tenían libre manejo de los recursos: «En teoría, las aportaciones federales van o se asignan precisamente buscando una mejora en esos apartados, como puede ser educación, desastres naturales. Quien más lo necesite en educación es el que más recibirá; y el que menos ocupe ese dinero, menos tendrá. Tienen fórmulas donde vienen los índices de rezago educativo o de pobreza, y son con las que el Gobierno federal hace sus cálculos, y de esa forma se distribuye».
La población de cada una de las entidades federativas es uno de los factores que mayoritariamente incide en las aportaciones por parte del Gobierno federal, enfatizó Luna Cruz, por lo que no necesariamente el estado que más recauda es el que más dinero obtiene, consideró el especialista: «Deben cumplir con los niveles de eficiencia. El Estado de México recibe más dinero que la Ciudad de México, pero por la única razón de tener mayor población. Sin embargo, nos vamos a ver cómo está la recaudación y el PIB, eso nos da una diferencia. Igualmente, Veracruz recibe mayor dinero que Nuevo León, y el estado del norte tiene mayor PIB», acentuó el economista.
Finalmente, Luna reconoció que mejores sistemas de recaudación impactarían en una reducción en la deuda y más dinero para los municipios: «En algunos municipios desconocen las finanzas públicas y lo que pueden recaudar, hay estados con hasta 200 municipios en los que se desconoce la hacienda local; a nivel estado hay gente mejor preparada, y pega en la recaudación, rentas bajas y pocos recursos que no impactan como debería, se les va en nómina y en mil cosas».