¿Autonomía real o constitucional?

Lograr que la educación en México sea un verdadero agente de transformación personal y social, reclama la participación libre de personas capaces y capacitadas, que conozcan las mejores prácticas por construir y a las que debemos aspirar, pero también el rostro multifacético de nuestra realidad que, si bien no admite recetas únicas, tampoco tolera el autoritarismo de un memorándum o la imposición de cuotas y cuates, como pretendía el gobierno federal con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

Solo en el ámbito educativo, la intentona de eliminar la autonomía universitaria; el memorándum presidencial que pretendía suplir a la Constitución y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, son tres ejemplos de los intereses que mueven al gobierno federal: la concentración del poder, el desmantelamiento de las instituciones, la falta de respeto a la ley, así como la descalificación y, si se puede, la desaparición de sus contrapesos.

Así, la decisión de desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) plasmada desde la iniciativa de ley que envió al Congreso el presidente López Obrador, fue uno de los puntos más álgidos en la negociación de la recién promulgada reforma educativa, al tratarse de una institución con 17 años de existencia y seis como autónoma.

Lograr acuerdos limitó los alcances deseables para el sistema educativo, pero ante el empeño del gobierno federal y su mayoría por desaparecer al primer organismo constitucional autónomo, el resto de las fuerzas políticas no podíamos permitir que fueran juez y parte como pretendían.

La nueva reforma educativa es producto de múltiples aportaciones por parte de la oposición para superar las deficiencias y ausencias de la iniciativa presidencial, así como evitar que retrocediéramos en aspectos fundamentales, como la evaluación docente que ahora considerará también la experiencia y ya no condicionará la permanencia, pero sí el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros.

En la Cámara de Diputados no fuimos ajenos a lo que ocurrió en la colegisladora: las ternas enviadas por el presidente de la República al Senado para cubrir las vacantes de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, no cumplían con los perfiles establecidos en la ley, ni los conocimientos mínimos para desempeñar el cargo, lo que les valió ser exhibidos en redes sociales y medios de comunicación, además de ser rechazados en el pleno de la Cámara Alta.

En la historia reciente, es la primera vez que se rechaza un dictamen por la falta de idoneidad de los candidatos propuestos para ocupar un cargo. Agotado el proceso, el presidente los nombró directamente, no obstante que fue pública y notoria su falta de preparación en la materia.

Así que en la reforma al artículo tercero constitucional establecimos la creación de un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.

Y lo más importante: con una Junta Directiva cuyos integrantes serán nombrados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y sin ser propuestos por el presidente de la República. Si no podíamos lograr la autonomía constitucional, optamos por una real.

Nos opusimos a la desaparición del INEE en las reservas que presentamos durante la discusión en el pleno. Apostamos por hacer valer el contrapeso del Senado, donde Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para subordinar la conducción de este nuevo organismo y mucho menos el derecho a la educación, a los caprichos o intereses de persona o grupo alguno. Insistiremos en la legislación secundaria.