El negocio de la mafia rumana en Cancún
En una reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad de Quintana Roo, la Marina puso sobre la mesa el tema de unos supuestos ciudadanos de nacionalidad rusa, que habían sido detectados desplazándose con armas — en la llamada Ruta de los Cenotes—, y adquiriendo grandes extensiones de terrenos ejidales. Terminaba el mes de marzo de 2019.
Al día siguiente, el Ejército estableció un filtro en las inmediaciones de Puerto Morelos. Ese mismo día fueron detenidos dos extranjeros. Florian Tudor y Adrián Nicolaé Cosmín. Llevaban un arma de uso reservado, varios cartuchos útiles, un vehículo de lujo y unos 26 mil dólares.
No se trataba, sin embargo, de ciudadanos rusos, sino de origen rumano.
El nombre del primero de los detenidos, Florian Tudor, alias Tiburón, brincó de inmediato en diversas agencias de seguridad internacionales. A Tudor se le investiga en su país por fraude cibernético, robo de información y clonación de tarjetas bancarias. En México es el principal accionista de una compañía de cajeros automáticos, Intacash, que con apoyo de pasadas administraciones estatales pudo instalar más de un centenar de máquinas en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum. Un año antes, en abril de 2018, los rumanos Sandu Ioan Laurentiu y Aurelian Marcu se acercaron a un trabajador que reparaba un cajero automático en Playa del Carmen. Le preguntaron si trabajaba para el empresario Alin Gabriel Stroe y le ordenaron que le dijera que “el grupo de chilangos está molesto y lo vamos a reventar”.
El 11 de junio, Stroe, el empresario al que habían amenazado, denunció que había sufrido un atentado, o un intento de “levantón”, por parte de dos rumanos: Marcu Constantin
Sorinel y Zoltan Daniel Piculeata.
El escolta de Stroe había abierto fuego contra los agresores. Abatió de un tiro a Marcu Constantin, un personaje al que buscaba la Interpol.
Un hermano del rumano muerto negó que fuera un atentado o un intento de “levantón”. Dijo que aquella noche ni Constantin ni su acompañante llevaban armas, y reveló que su hermano había sido guardaespaldas, durante mucho tiempo, de Florian Tudor, el accionista principal de la empresa de cajeros automáticos Intacash.
Los informes ofrecidos por esta persona indicaron que Florian Tudor tenía contactos con las mafias de China, India e Indonesia, a través de las cuales se movían los fondos robados sobre todo a turistas extranjeros, mediante la clonación de tarjetas: un negocio que, según el testigo, arrojaba ganancias de 200 mil dólares diariamente.
Florian Tudor y su socio, Adrián Nicolaé Cosmín, eran los dos rumanos detenidos por el Ejército en marzo de 2019. Entre el 11 y el 12 de mayo de ese año la Marina, el Ejército y la Policía Federal catearon tres domicilios relacionados con los rumanos. Tudor y su socio fueron liberados, sin embargo, por un juez que les impuso como medida cautelar presentarse a firmar cada 15 días.
En diciembre de 2019 fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por homicidio en grado de tentativa, Sandu Ioan Laurentiu, uno de quienes había mandado aquel mensaje amenazante a Stroe.
La mafia rumana cuenta con apoyo de jueces, de políticos, de policías. Ha establecido importantes conexiones incluso a nivel federal. Se atribuye a presiones suyas la separación del cargo, en agosto pasado, del delegado de la Fiscalía General de la República, cuyo trabajo le había resultado incómodo. Se le atribuye, también, la actual campaña desatada en medios en contra de funcionarios estatales de seguridad.
La clonación de tarjetas en Cancún y sus alrededores arroja ganancias de millones de dólares cada año. Es uno de los negocios ilícitos que la pandemia ha detenido. Cuando todo pase,
¿lo dejará florecer el Gobierno de la honestidad?