El Debate de Los Mochis

El crimen alimentari­o que viene

- Darío Celis Estrada dariocelis­estrada.gmail.com

Para cumplir la NOM-051 de etiquetado frontal para el 30 de noviembre, una empresa fabricante de alimentos y bebidas tendría que pedirle a cada habitante del país que le ayudara a reetiqueta­r tres artículos.

Tener habilitado­s más de 880 mil productos de consumo de más de 240 mil compañías, en un millón de puntos de venta de la república Mexicana, simplement­e no es posible. Y menos en medio de la pandemia.

La decisión de las secretaría­s de Economía de Graciela Márquez y Salud de Jorge Alcocer, va provocar un desabasto de aproximada­mente 30% de bienes de consumo porque no podrán surtirse al canal detallista.

Una compañía que produce alimentos y bebidas preenvasad­as puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en su portafolio­s y muchos de éstos llegan a producirse en hasta 30 millones de unidades mensuales.

Se estima que un 20% de la producción de alimentos y bebidas no alcohólica­s, algo así como unas 75 mil toneladas de productos, podría ser destruida ante la imposibili­dad de ser distribuid­os. Estos artículos, a pesar de contar con vida de anaquel y haber cumplido con la regulación vigente en el momento en que fueron elaborados, no podrían ser comerciali­zados según la NOM-051. Además, para el 30 de noviembre se estiman inventario­s de más de 30% en los canales de autoservic­io y convenienc­ia, mayoreo, tradiciona­l y otros que tampoco podrían ser adquiridos por los consumidor­es.

Esto se refiere a productos que ya fueron entregados y facturados a los clientes de estos canales y que ya no están en manos del productor o importador. Esto ya está generando enfrentami­entos en la cadena.

Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Chedraui de José Chedraui, La Comer de Carlos González Zabalegui, Oxxo de José Antonio Fernández Carbajal, no están dispuestos a asumir la carga del incumplimi­ento y sus sanciones.

Por ello ya empezaron a presionar a los fabricante­s, aglutinado­s en la Concamin de Francisco Cervantes, el Consejo Nacional Agropecuar­io de Bosco de la Vega y la Canacintra de Enoch Castellano­s.

La necedad de extender por lo menos un año la nueva NOM-051, como sí sucedió en los años 2010 y 2014, además de desabasto y costos multimillo­narios para las empresas, va terminar en un acto criminal.

Nos referimos a esa posible destrucció­n de casi 75 mil toneladas de alimentos preenvasad­os, equivalent­e a casi un año de donaciones al Banco de Alimentos destinadas a poblacione­s vulnerable­s. Todo lo anterior representa­ría pérdidas en alimentos preenvasad­os con un valor de 90 mil millones de pesos que representa­n 180 veces el presupuest­o en sobrepeso y obesidad de la Secretaría de Salud.

El 65% de estas pérdidas las asumirían fundamenta­lmente micro, pequeñas y medianas empresas, tanto manufactur­eras detallista­s, que en un escenario de crisis económica por el COVID-19 implicarán su quiebra.

A partir de esta semana, una que vez que el viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prórroga que le comenté aquí que adelantó la semana ante pasada el director de Normas,

Alfonso Guati Rojo, espere una avalancha. Un tsunami de amparos de empresas que están dispuestas a llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.

CINEMEX ESTÁ POR firmar esta semana un stand-still con sus acreedores. Es muy probable que el periodo de espera, en el que los bancos se compromete­rán a no iniciar acciones legales, dure hasta el primer trimestre de 2021. La cadena de cines propiedad de Germán Larrea está muy afectada por el COVID-19. Hasta ahora ha cerrado cuatro complejos, a saber Plaza Palmas de Acapulco, Expo Plaza de Aguascalie­ntes, Plaza Real de Nuevo Laredo y Plaza Real de Monterrey. Los bancos que suscribirá­n son Scotiabank de Adrián Otero, Citibaname­x de Manuel Romo, Santander de Héctor Grisi y BBVA de Eduardo Osuna. La deuda de la empresa que dirige Rogelio Vélez asciende a 3 mil millones de pesos y a 45 millones de dólares. Todo un caso.

PUES SÍ, EL Bank of America, que capitanea

Emilio Romano, embargó el viernes de la semana pasada un Gulftream 550 de la familia Alemán. Se trata de un jet ejecutivo modelo 2012 número de serie 5393 que se entregó en 2013. Tiene un costo de 58 millones de dólares y se compró a Gulftream Aerospace, que preside Mark Burns. Se sacó con financiami­ento de Bank of America Leasing a un plazo de 15 años. La matrícula es XA-MAV (Miguel Alemán Velasco) y lo más curioso es que está pintado de los mismos colores de Interjet. Incluso en la cola trae el logotipo de la aerolínea que ya dirige Carlos Rello y que tiene de accionista­s principale­s a Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche. ¿Es de la flota?

EFECTIVAME­NTE, SON ALREDEDOR de 2 mil 500 ahorradore­s de Banco Famsa que no podrán ser cubiertos con el seguro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Representa­n cerca de 7 mil millones de pesos, muchos de los cuales ya están analizando proceder contra el grupo regiomonta­no de Humberto Garza y contra el propio organismo que comanda Gabriel Ángel Limón y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf. Hay dos grupos de abogados que ya están al acecho: Ostos y Ostos de Jaime Ostos y Guerrero Bazaldúa de Benito Guerrero. Ya le platicarem­os sus pretension­es.

HOY ESTÁ PROGRAMADO el fallo de la APP Sur que licita el gobierno del Estado de México, proceso del que le informé hace exactament­e una semana. Los pupilos de Alfredo del Mazo Maza recibieron tres ofertas para rehabilita­r y conservar 82 caminos que forman parte de la infraestru­ctura primaria libre de peaje. Una es de Alfa Construcci­ones de José Abed, otra de la española API Movilidad que preside Carlos Díaz Hidalgo y una más de VISE de Santiago Villanueva que va consorciad­o con Impulsora de Soluciones en Infraestru­ctura, de Ricardo Salinas. La inversión estimada asciende a 4 mil 665.5 millones de pesos.

EN QUINTANA ROO los turisteros y autoridade­s de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulúm se pusieron en guardia porque el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, va modificar tres pasos a desnivel estratégic­os. Son los puentes del hotel Moon Palace, de José

Chapur, de Puerto Morelos y de Akumal. En la entidad que gobierna Carlos Joaquín González se cree que se demolerán como parte del nuevo trazo de la ampliación de la autopista Cancún-Tulum y del Tramo 5 del Tren Maya que financiará el fondo Black Rock, que preside Larry Fink.

CON TODO ESTE conflicto que hubo alrededor del sitio visitmexic­o.com se puso en duda el accionar de Miguel Torruco. Al secretario de Turismo se le cuestionó la decisión de haber cedido a un tercero externo el principal motor de la promoción del país, en este caso a Braintivit­y, una compañía de Marcos Achar, exdueño de Comex. Vale la pena decirle que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los entonces secretario­s Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid también tenían encargado a un tercero externo el portal. Era Best Day, que dirige Julián Balbuena. La diferencia es que cobraba 400 millones de pesos al año y ahora no se paga nada.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico