¿Una Suprema Corte subordinada al presidente?
En las épocas del autoritarismo priista, el Poder Judicial estaba subordinado al Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era una institución, como muchas tantas, para simular que México tenía un régimen democrático con división de poderes. A diferencia de otros países auténticamente democráticos, los grandes abogados no querían ser ministros de la Corte. Sabían que eran puestos decorativos. Servidores del presidente que ganaban un dineral. Nadie sabía el nombre del ministro presidente de la Suprema Corte, mucho menos el de los ministros. De hecho, antes de la reforma al Poder Judicial de 1994, había 26 ministros en el Pleno de la Corte. Eran tantos que no eran nada. En los medios, prácticamente no aparecían noticias sobre este órgano jurisdiccional. Conforme se fue democratizando el país, apareció la SCJN como un poder verdadero. La reforma de 1994, promovida por el presidente Zedillo, redefinió las atribuciones de la Suprema Corte para convertirla en un auténtico tribunal constitucional. Se redujo la cantidad de ministros a once, con un nuevo método de designación y un periodo fijo de quince años de servicio. En 2000, finalmente ocurrió la alternancia en el poder en México. Conforme pasaron los años de la nueva democracia, la SCJN se afianzó como un auténtico contrapeso con la finalidad de salvaguardar el Estado de derecho, condición sine qua non de toda democracia liberal.
Ahora sí, a diferencia del pasado, los abogados más reconocidos del país les parecieron atractivo convertirse en ministros de la SCJN, sobre todo los externos al Poder Judicial Federal. Los nombres de los presidentes de la Corte se volvieron familiares en los medios. También algunos de los ministros por sus polémicas –y algunas veces brillantes– ponencias para resolver conflictos muy interesantes desde el punto de visto jurídico y político.
Entonces llegó López Obrador a la Presidencia. Un candidato presidencial que había calificado a los ministros como “maiceados” y “alcahuetes de la mafia del poder” que nunca habían resuelto nada a favor del pueblo. El presidente no veía al máximo tribunal de justicia como un contrapeso, sino como una amenaza a su proyecto de concentración del poder. Hoy la Corte tiene más de 17 acciones y controversias constitucionales pendientes de resolver sobre leyes promulgadas por el Gobierno de López Obrador. Su papel será fundamental para definir la legalidad de las reformas de la llamada Cuarta Transformación.
En eso estábamos cuando a los ministros les cayó la papa caliente de la consulta popular para dizque enjuiciar los expresidentes. ¿Y qué decidieron? Por una mayoría de seis a cinco declaró constitucional la consulta, pero modificó completamente la pregunta que pretendía el presidente. Fue una maniobra política para lanzar la papa caliente de regreso. En lugar de decidir conforme a derecho, quisieron quedar bien con el presidente y salvar la cara con una pregunta anodina.
Hay quienes piensan que, con esa decisión, se acabó la independencia de la SCJN y su capacidad de ser un contrapeso real al Ejecutivo. Que el presidente, con los tres ministros que ha nombrado durante este sexenio, más la cercana relación que tiene con el ministro presidente, Arturo Zaldívar, ya tiene suficientes votos para salirse con la suya.
Pero, además, ya sabe López Obrador el caminito para presionar a la Corte. Primero, el apretón desde el púlpito presidencial. Segundo, el envío de piquetes a las instalaciones de la Corte cuando se discute un caso de particular importancia sin la protección de la Guardia Nacional. Tercero, la amenaza de hacerles lo mismo que al exministro Medina Mora, a quien obligaron a renunciar congelándole sus cuentas e insinuado que los perseguirían judicialmente. Cuarto, con su mayoría en el Congreso, la posibilidad de recortar los recursos al Poder Judicial. Quinto, la eterna negociación de una reforma judicial que podría minar el poder actual de la Corte, incluso quitarle la posibilidad de seguir siendo el órgano de interpretación constitucional.
Yo todavía le doy el beneficio de la duda a la SCJN. Como me ha dicho muchas veces el ministro
Zaldívar cuando lo he entrevistado, hay que juzgar a los ministros por las decisiones que toman. La de la consulta popular, en lo personal, me pareció medrosa. Pero quiero ver cómo van resolviendo las otras controversias que ha generado este gobierno para hacer un juicio final si la Corte regresó o no a aquellas épocas autoritarias donde era un poder sin poder, una simulación para presumir al mundo que en México sí existía una división de poderes.