¡El crimen organizado hará el fraude en 2021!
La contienda electoral del 2021 –a ocho meses de distancia–, podría ser la elección en la que participen, con mayor intensidad, los tentáculos del crimen organizado.
Y es que –como no había ocurrido en Gobiernos federales anteriores–, hoy las bandas criminales ya son parte pública de la vida nacional; son dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, y hasta son amigos del presidente y de no pocos de sus secretarios de despacho, quienes “los dejan trabajar a sus anchas” y los liberan cuando son capturados.
El caso emblema es el del Chapito, Ovidio Guzmán.
Por eso, hoy la pregunta no es si los “barones del crimen” participarán en las elecciones del 2021. No, la verdadera interrogante es otra: ¿A favor de qué partido político jugará sus cartas, tanto políticas como económicas?
Pero también es cierto que la respuesta anterior todos la conocen.
Resulta que las principales bandas del crimen organizado jugarán a favor de no pocos de los candidatos del partido oficial, de Morena, en alianzas con gobiernos estatales, municipales, pero, sobre todo, en alianza con el Gobierno federal.
¿Y por qué la certeza de que se producirá una alianza electoral entre el Gobierno de López Obrador y el crimen organizado? Porque si tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato y grazna como pato, tenemos derecho a suponer que se trata de un pato.
Es decir, que no sería la primera ocasión en que López Obrador acuda a una alianza con el crimen organizado. En realidad los ejemplos abundan.
1.- El caso emblema, como ya dijimos, es el de la alianza de López Obrador con el jefe visible del cártel del Chapo, Ovidio Guzmán, a quien el mismísimo presidente ordenó liberar –y no volverlo a tocar–, como pago por el presunto financiamiento a Morena.
2.- Pero en donde son contundentes las pruebas de que Obrador entregó una candidatura a un grupo criminal –a cambio de financiar a Morena, en mayo de 2012–, es en Iguala, en donde el hoy presidente impuso de manera personal al candidato del entonces PRD, José Luis Abarca –uno de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos–, como candidato a la alcaldía de Iguala.
Abarca y su grupo criminal financiaron a Morena y, como todos saben, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron responsables de la detención, tortura, muerte e incineración de los 43 de Ayotzinapa.
La tragedia ocurrió como resultado de una disputa entre las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas en esa región de Guerrero; las bandas de Los Rojos y Los Guerreros Unidos.
Pero son decenas de ejemplos del presunto vínculo de Morena, de López Obrador y su claque, con bandas criminales.
Los detalles se pueden consultar en el Itinerario Político del 28 de marzo de 2018, titulado “El narco con AMLO”, en donde se desmenuzan los vínculos del hoy partido oficial y de AMLO con presuntos criminales como Rigoberto Salgado, de Tláhuac; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Miguel Ángel Almaraz, de Tamaulipas; Julio César Godoy Toscano, de Michoacán, y Gregorio Sánchez, de Quintana Roo, por citar a los más populares.
Por eso obligan las preguntas.
¿En cuántos municipios del país; en cuántos distritos electorales y en cuántas entidades federativas –en las que habrá elecciones–, el jefe político, el jefe real de plaza y/o “el mandamás”, es un personaje vinculado a Morena y, al mismo tiempo, al crimen organizado?
¿Cuántos votos, en la contienda federal del 2021 –para renovar la Cámara de
Diputados y los 15 gobiernos estatales–, serán producto de la presión, el chantaje o la amenaza criminal?
Y para los que aún dudan del poder político, represor y del poder económico del crimen, una joya que nadie quiere ver en el estado de Guerrero.
Hoy, la ciudad de Arcelia, cabecera del municipio del mismo nombre, en
Guerrero –de no más de 40 mil habitantes y puerta de entrada de Las Tierra Caliente–, es un pueblo secuestrado.
Sí, un pueblo completo secuestrado por un grupo criminal vinculado a Los Rojos; un pueblo cuyos habitantes no pueden escapar, vender sus tierras, su ganado, sus cultivos, porque deben pagar un impuesto a la banda criminal dominante, que los persigue mediante redes sociales. Un pueblo en donde ya no entran camiones de refrescos, de cerveza y de víveres básicos, a causa del cobro de piso y de un impuesto especial que ordenó la banda criminal dominante.
Todos los habitantes de Arcelia deben pagar un tributo al grupo criminal dominante, vinculado con el partido Morena, quien impuso al alcalde y que presuntamente asesinó hace pocos días al jefe político de Morena.
Un ejemplo más. En las más recientes elecciones municipales, en Arcelia, cada una de las casillas era custodiada por cuatro hombres armados que preguntaban a cada votante: “¡no olvide votar por el candidato del pueblo!”. Es decir, el de Morena.
¿En cuántos de los 300 distritos federales en disputa –de todo el país–, las bandas criminales presionarán el voto a favor de Morena?
¿Qué pueden hacer, ante tales amenazas, candidatos y ciudadanos de otros partidos, en donde Morena es, al mismo tiempo, la banda criminal dominante?
Sí, como nunca, el crimen organizado estará presente en las elecciones del 2021. Y sí, votará por el partido del presidente, López Obrador.