Juez declara inconstitucional militarizar seguridad pública
Martín Santos concede un amparo en favor de México Unido contra la Delincuencia, que impugna acuerdo de AMLO para mantener al ejército en labores de policía
Ciudad de México. Un juez federal declaró inconstitucional el Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que las Fuerzas Armadas ejercerán labores de seguridad pública, de manera permanente, hasta marzo del 2024.
Martín Santos, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, notificó el 8 de octubre un amparo en favor de la organización México Unido contra la Delincuencia, que impugnó el acuerdo publicado el pasado 11 de mayo.
Sentencia
La sentencia no tiene, por ahora, ningún efecto práctico ni obliga a retirar al Ejército o la Marina de sus labores de seguridad, pues el Ejecutivo tiene diez días hábiles para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito.
El juez delimitó además el efecto del amparo, de tal forma que no es general, sino solo para que el Acuerdo no afecte a México Unido contra la Delincuencia.
Aún así, es la primera resolución del Poder Judicial Federal que pone en duda la legitimidad constitucional del Acuerdo, que está a revisión en la Suprema Corte de Justicia por una controversia de la Cámara de Diputados.
Violación
Santos afirmó que el Acuerdo viola el transitorio de la reforma constitucional de 2019 que creó a la Guardia Nacional (GN), en el que se permitió seguir usando a las Fuerzas Armadas hasta por cinco años en seguridad pública, pero de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” a la GN.
Falta de regulación
Según la sentencia, no se cumple ninguno de estos requisitos, pues deja a los militares a cargo de la seguridad de manera permanente y ordinaria, sin estar totalmente subordinadas a las autoridades civiles, sin regulación detallada y amplia, y sin que se prevean mecanismos de fiscalización para que cumplan estándares de protección a los derechos humanos.
Para el juez, el decreto prácticamente creó una nueva dependencia en materia de seguridad pública, no obstante que ninguna ley faculta al Ejército o Marina para estas funciones.