`CULIACANAZO' EVIDENCIÓ LA DEBILIDAD DEL ESTADO: ESPECIALISTAS
Expertos en seguridad nacional, defensa y narcocultura señalaron para EL DEBATE que desde el Gobierno federal no se ha visto un aprendizaje para combatir la violencia como efecto del 'jueves negro'
Para aquellos a quienes una bala perdida les arrebató a su familiar o para quienes tuvieron que correr en medio de la calle para protegerse a sí mismos o a sus hijos, el 17 de octubre del 2019 no se olvida en Culiacán. Ayer se cumplió un año del día que con su violencia marcó la historia de vida de muchas personas, la de una ciudad e incluso impactó la estructura de seguridad nacional.
Especialistas en defensa, seguridad y narcocultura entrevistados en una mesa de análisis —transmitida a través de Facebook DEBATE— sobre el «jueves negro» o el «culiacanazo» visibilizó una completa ausencia del Estado de derecho mexicano, pero también, el poder territorial y armamentista de los grupos organizados. Con cuestionamientos todavía pendientes por responder sobre el operativo, consideraron de vital importancia transparentar qué pasó aquel día desde la estructura de Gobierno e instaron a aplicar medidas que realmente abonen a la reducción de la violencia en el país, que a la fecha, según los datos oficiales no ha disminuido. El día D
El «jueves negro» dejó a la luz grandes problemas en materia de seguridad nacional y una falta de información de parte del Estado. Carlos Rodríguez Ulloa, profesor investigador en la UNAM y especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, indicó al respecto para EL DEBATE que ese día, todo un país fue testigo a partir de las redes sociales de cómo un grupo, prácticamente de guerrilla, sobrepasaba al Ejército. Pero no solo eso, sino que además, aterrorizaba a toda una sociedad, una capital de las más importantes de
México. Expuso que la información llegó a los ciudadanos directamente a través de sus teléfonos, mientras que del lado oficial no se tenía una explicación de qué estaba pasando.
«Eventualmente fueron decantando los acontecimientos y caíamos más en cuenta de la debilidad del Estado versus grupos delictivos sumamente armados, organizados y con un importante control territorial», expuso.
Anajilda Mondaca, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Occidente (UadeO) y experta en narcocultura y sociedad coincidió al mencionar que a pesar de todo el caos y de toda la red de comunicación que se dio, fue a través de la gente que estaba siendo impactada, no solamente en términos como testigos en la calle, sino también que quedaron encerrados, que quedaron en espacios comerciales, en casa, en restaurantes, por quienes se pudo conocer lo que estaba seduciendo y se tardó mucho tiempo en conocer parte de la versión oficial.
Incluso, la versión oficial tuvo contradicciones desde el inicio. El 18 de octubre, un día después del «culiacanazo», el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán —capturado en el operativo— la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada con los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. «Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas», dijo textualmente. Sin embargo, el 19 junio del 2020, modificó esa versión. «Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente», aseguró. Dudas sin responder
Ante ese panorama, los especialistas destacaron la importancia de transparentar lo ocurrido como un punto de inflexión, responsabilidad del Estado y en respuesta a la sociedad que sufrió aquel día.
Javier Oliva, doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador en la UNAM, así como experto en seguridad nacional, explicó que en el manejo de las crisis de seguridad, los manuales más elementales plantean tres líneas: la primera es salir a decir lo que ocurre, la segunda es tener un solo vocero y la tercera es estar informando conforme se vayan generando nuevos datos del acontecimiento, pero el «jueves negro», según destacó el especialista, la autoridad no aplicó ninguna de las tres. «Lo más serio es que cuatro veces se cambió la versión, hasta que el presidente dijo en una de sus entrevistas matutinas que él había dado la orden de liberación. Evidentemente de principio a fin, no tenía lógica, no podía tener un desenvolvimiento consistente», expuso. Carlos Rodríguez Ulloa comentó a su vez que ya sea desde el Gobierno federal o desde el Gobierno del Estado debe existir transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad sobre qué pasó ese día, una línea de tiempo clara y congruente con los acontecimientos que fueron ocurriendo. «No es loable que se someta a una ciudad a un clima de terror y que no tenga la socie
No es loable que se someta a una ciudad a un clima de terror y que no tenga la sociedad una explicación y eso no solamente, digamos, aplica para la ciudad de Culiacán, que fue, digamos el epicentro del evento, sino a todo el país”.
Carlos Rodríguez
Ulloa
Experto en integridad regional, seguridad y
defensa
dad una explicación y eso no solamente, digamos, aplica para la ciudad de Culiacán, que fue, digamos, el epicentro del evento, sino a todo el país», consideró.
Agregó que hay un mensaje de zozobra y abandono del Estado y socialmente consideró que una línea de tiempo coherente podría atenuar eso.
El experto en integridad regional destacó que es importante identificar este evento como un punto de inflexión para que no vuelva a ocurrir; identificar qué pasó, donde se actuó mal, cuáles fueron los errores y extraer las lecciones aprendidas para evitar que se repliquen. «Que todo sea lo más abierto posible, esto no necesariamente tiene que ser algo interno entre las dependencias, sino que puede ser un mensaje social fuerte», aseguró Rodríguez Ulloa.
Estrategias de seguridad
Anajilda Mondaca, experta en narcocultura y sociedad, consideró que ese día estuvo marcado por una ausencia de estrategia de seguridad para un operativo tan importante que ya se tenía aparentemente planeado. «Donde se observaron las estrategias perfectamente planeadas, fueron por parte de los grupos operadores del narcotráfico, ellos sí dieron muestra de todo el poderío armamentístico y de todas las estrategias y, sobre todo, el control del espacio», opinó. Indicó que si se toman en cuenta los elementos de la narcocultura, como son el espacio y el territorio, el 17 de octubre del 2019 se observó el control de los grupos y no solamente desde la estrategia que ya tenían perfectamente planeada para un operativo de esta naturaleza, como el propio control del lugar y del contexto en el que estaban, sino de cómo controlaron espacios y salidas de la ciudad, por ejemplo, para tener el éxito que tuvieron.
En ese contexto, Javier Oliva, experto en seguridad nacional, agregó que lamentablemente las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública, no solamente en este sexenio, sino en los anteriores, han sido muy poco propensas a ajustar y revisar sus programas y políticas y lo mismo sucedió entonces.
El problema —según opinó— es que la violencia que se sigue viviendo en el país no se ha controlado, por lo tanto consideró que esa persistencia de no ajustar los programas y políticas de seguridad pública son los causantes de esos resultados.
Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, consideró por su parte que el aprendizaje de la autoridad ante este evento, va mucho más orientado hacia las fuerzas de seguridad militares, tanto marinos como Ejército. Pero, además hizo hincapié en que la idea de procurar no meterse con el líder, porque puede generar una reacción, no es necesariamente cierta. Un ejemplo —según explicó— ha sido la captura del Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Detalló que tras la captura en la actualidad se sigue viviendo la violencia, que no solo no ha disminuido en Guanajuato, sino que ha aumentado con o sin el Marro. Desafortunadamente —opinó— que el «jueves negro», dejó entonces más lecciones del lado de la delincuencia organizada que del Estado mexicano.
«Estos eventos sí eran una señal hacia los grupos de la delincuencia organizada de que su persecución era un objetivo, mientras que ahora —al desactivar este objetivo— ellos se sienten con mayores márgenes para levantar distintos eventos que compliquen el escenario y que evidentemente compliquen la captura de estos personajes», opinó.
Al respecto, Javier Oliva agregó que existieron desde un inicio varias críticas de que se había fallado o que no se había logrado el objetivo del operativo del 17 de octubre, sin embargo, aseguró que el objetivo sí se logró, lo que pasó fue una decisión que estaba fuera de los parámetros de la captura de Ovidio Guzmán.
«Se trataría del primer caso donde hay una acción deliberada para detenerlos, se logre el objetivo y por razones de otra índole se les libera, en sentido estricto el operativo fue un éxito, lo que pasa es que entraron ponderaciones de otra naturaleza», consideró Oliva.
Efectos en la violencia
El presidente de México indicó también en sus más recientes declaraciones respecto al operativo, que la orden de liberar a Ovidio Guzmán fue para no poner en riesgo a la población, para que no se afectaran a civiles, porque si no se suspendía el operativo iban a perder la vida más de 200 personas inocentes en Culiacán.
En ese tenor, Anajilda Mondaca consideró que en Sinaloa se sigue observando una violencia imparable. Coincidió al destacar que el que detengan a un líder no significa que eso va a calmar los índices de violencia y la propia búsqueda del control de los territorios y de las plazas y de los grupos que siguen trabajando, «cae uno y como sabemos, se ha dicho mucho, están 10 esperando sustituirlo», expuso.
En un escenario en el que continúa en libertad Ovidio Guzmán y han sido detenidos otros líderes de la delincuencia organizada así como algunos personajes que permanecen detenidos en Estados Unidos, Carlos Rodríguez Ulloa, profesor investigador en la UNAM, indicó que hasta ahora eso ha reflejado un fenómeno dual entre los patrones de comportamiento de la delincuencia organizada y los del Gobierno. Explicó que por una parte, en el territorio mexicano se están posicionando dos grandes grupos, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. «Ellos están generando una dinámica de expansión y a la vez funcionan como estabilizadores de ciertas zonas de control. Cuando digo estabilizadores me refiero a enfrentamientos directos, pero la violencia soterrada ahí está», expuso. Un ejemplo —indicó— es que en Guanajuato, justo a raíz de la caída del Marro, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene como objetivo adueñarse de esa plaza. Otro ejemplo —expuso— se da en Zacatecas, donde explicó que se observa la conjunción de distintos grupúsculos que se han ido quedando y hoy no hay un liderazgo claro o no hay un factor estabilizador. En Zacatecas —dijo— hay grupos vinculados tanto con Nueva Generación como con el Cártel de Sinaloa. «Me parece que bajo esta perspectiva estamos viendo una delincuencia organizada que aprovecha o saca todo el jugo posible de la desorganización de parte del Estado mexicano», comentó.
Programas sociales
Carlos Rodríguez Ulloa agregó que el mecanismo para contrarrestar las dinámicas de violencia es la construcción de la base social que —según expuso— necesariamente pasa por un conjunto de políticas públicas, donde el aspecto de seguridad es una parte, pero también está el apoyo social, cultural y una dinámica mucho más integral .
Javier Oliva, doctor en Ciencias Políticas, opinó que el tipo de programas sociales que ha implementado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para los jóvenes son positivos, pero tardarán en manifestarse porque es ir contra una inercia en la que se han privilegiado los antivalores. Consideró que es muy claro que la forma en la que los anteriores Gobiernos federales pretendieron hacerle frente al problema fue atacando los efectos y no las causas.
Para reducir los índices de la violencia en el país, los expertos compartieron algunas recomendaciones. Javier Oliva, doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador en la UNAM y experto en seguridad nacional, dijo que lo primero, y que es muy claro, es que no puede suponerse que una sola ruta pueda tener efectos positivos. Por lo tanto, instó a la creación y el fortalecimiento de las policías locales, una revisión seria del sistema penal acusatorio y la convergencia del Poder Legislativo y Judicial en las labores que enfrenta el Ejecutivo.
Anajilda Mondaca indicó que apostaría porque se sigan fortaleciendo los programas para atender y fortalecer políticas públicas en necesidades de la población juvenil. Pero —aclaró— que no solo un fortalecimiento de los programas sociales, sino que tengan que ver con mayor acceso a la atención de la salud, la creación de espacios, la ciencia, entre otros.
En México se han denunciado 155 mil 981 delitos contra la vida y la integridad corporal hasta el 31 de agosto, el último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. De los cuales 119 mil 328 corresponden a lesiones y 28 mil 843 a homicidios. Además se han denunciado 51 mil 236 delitos por narcomenudeo en todo el país.
“Donde se observaron las estrategias perfectamente planeadas fueron por parte de los grupos operadores del narcotráfico, ellos sí dieron muestra de todo el poderío armamentístico y de todas las estrategias y sobre todo el control del espacio”.
Anajilda Mondaca
Experta en narcocultura
y sociedad