Golpe al Ejército y al Estado mexicano
La acusación y encarcelamiento del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido el jueves a su llegada a Los Ángeles, es un golpe brutal y directo a la moral y credibilidad del Ejército mexicano. Más allá de si el gobierno de Estados Unidos podrá probar sus acusaciones, basadas en testigos protegidos pero también en llamadas interceptadas al militar mexicano, la forma unilateral y vergonzosa como fue detenido Cienfuegos por la DEA, al bajar del avión y en compañía de su familia, confirma una acción claramente electorera de la DEA y del presidente Donald Trump que está desesperado por su desventaja en las encuestas a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
La gravedad de los delitos de los que acusan a quien fue la cabeza militar del país durante 6 años y el trato de capo del narcotráfico que le dan a un militar de carrera y de la élite castrense de las Fuerzas Armadas mexicanas —al que el juez Bryan Cogan se refiere incluso con alias como "El Padrino" o "El Zepeda"— es algo inédito y si bien alude y confirma la corrupción y descomposición que privó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también es un golpe demoledor para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en dos años que lleva en el poder y, con la bandera del combate a la corrupción como su principal discurso, no supo ni investigó los fuertes nexos del general Cienfuegos con el narcotráfico en el país.
Por eso sorprende aún más la reacción del presidente a esta detención realizada por un gobierno extranjero. López Obrador nunca manifestó su extrañeza por la actuación de la DEA y del gobierno de su amigo Donald Trump, que sin darle ningún tipo de información previa, decidieron ejecutar una orden de detención que, si bien ocurrió en su territorio, involucró no sólo a un exjefe de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino a su familia. Porque a Cienfuegos lo detuvieron bajando del avión en Los Ángeles con todo y varios integrantes de su familia a los que también se llevaron presos y los tuvieron retenidos por varias horas cuando no había ninguna acusación en su contra. ¿No amerita ese trato a los familiares del general un reclamo o una protesta diplomática del gobierno de México por la violación de derechos contra ciudadanos mexicanos que no tenían por qué ser detenidos? Lejos de exigir primero información de los motivos de la detención, el presidente llevó el asunto al terreno político para decir que él siempre habló de un "sistema podrido" y, aunque lamentó la detención de un general del Ejército mexicano, terminó validando las acusaciones al decir que "todos los que estén involucrados con el general Cienfuegos" van a ser removidos de las Fuerzas Armadas. López Obrador pasa por alto que en este caso el juicio no sólo será contra la persona de Salvador Cienfuegos, sino será también contra el Estado Mexicano que no fue capaz de detectar, investigar y remover a un secretario de la Defensa que era a la vez capo del narcotráfico.
¿O cómo entender que en dos años que lleva este gobierno, nadie, ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz
Manero, ni el secretario de la Defensa actual, Luis Cresencio Sandoval, ni el propio presidente López Obrador se percataron de que el narcotráfico había infiltrado a la Sedena a su más alto nivel? ¿Por qué no hubo una denuncia o una investigación en México, como la que sí hubo en Estados Unidos y que, ahora se afirma en el New York Times, tenía 10 años indagando los presuntos nexos de las élites militares mexicanas con los capos de la droga?
Volvemos a quedar como una república tan endeble y fallida, que nuestras instituciones más fuertes, como el Ejército, son parte de la estructura criminal y del narcotráfico, mientras que nuestras fiscalías y nuestra justicia son tan ineptas y disfuncionales, que en los últimos 8 años —6 como secretario de Defensa y dos como exsecretario— nadie supo ni investigó que tuvimos como jefe de nuestro Ejército a un presunto capo del narco…
Ruedan dados. Escalera. Semana redonda.