POLÍTICA El gran negocio de las concesiones carreteras
En la época del presidente Carlos Salinas de Gortari inició el tema de las concesiones carreteras. En aquel momento, con una industria de la construcción reprimida, se abrió una oportunidad para el sector. Como consecuencia, el negocio ya no fue solo construir, sino además lograr una utilidad por medio del cobro de peajes. La filosofía del tema consistía en que las autopistas se pagarían a través de su operación, dejando una utilidad razonable al concesionario por el capital invertido que le permitiera pagar los créditos contraídos para realizar la construcción. Hasta ahí las cosas parecían razonables.
Entonces la iniciativa privada promovía estas obras de infraestructura, que el gobierno no podía hacer por sí mismo. Estos esquemas fueron adoptados por el gobierno federal y por algunos gobiernos estatales.
La red de autopistas de cuota en México se integra por 75 concesiones que abarcan un total de 184 tramos, incluyendo las que se encuentran concesionados al Fonadin, a Capufe, a Banobras, a gobiernos estatales y a empresas privadas.
Pero resulta que en el tiempo las concesiones nunca terminan, no obstante que hay plazos pactados cuya extensión se puede lograr solo en casos excepcionales que la concesión así lo permita en donde el concesionario compruebe que invirtió cantidades adicionales en ampliaciones a los activos concesionados, o al mantenimiento de los mismos. También se dieron casos en que los concesionarios entregaron recursos a los gobiernos para ser recuperados con la operación de estas concesiones.
En el caso de Sinaloa, desde el año 1992 se concesionó la autopista Benito Juárez, que a la fecha continúa concesionada por los contratos abusivos que celebraron en aquel año, lo cual no permite al estado por cuestión económica poder rescindir dicho contrato.
El día 7 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transportes (SCIT) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se establece la actualización de tarifas 2023 en autopistas de cuota federal, argumentando que desde hace un año no se realizaban incrementos; el ajuste establecido fue del 7.82 % y se realizó, según informó con base en la inflación ocurrida en el curso del año precedente, modificaciones de tarifas que debían iniciar a partir del día primero de marzo de 2023; en un abuso más a los ciudadanos, para el caso de Sinaloa establecieron un aumento del 40 % a las tarifas, el cual inició desde el día 8 de febrero del año en curso, dando muestra con ello de un elocuente indicador de lo nocivo de las privatizaciones, con cobros no solo ilegales, sino injustos para la sociedad sinaloense.
Ante tal situación era ineludible levantar la voz por los y las sinaloenses, no se podía ser permisivo en los abusos de Carlos Slim, es inaceptable un aumento del 40 % a los costos de peaje en carreteras, que dicho sea de paso, dejan mucho que desear en su estado asfáltico y de mantenimiento en general, el aumento debía corregirse.
Ante tales pronunciamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en su mañanera del jueves 9 de febrero que “se pasaban de rosca” en las casetas, pidiendo a los concesionarios corregir los aumentos en vías de Nayarit y Sinaloa; el día viernes 10 de febrero las cuotas fueron corregidas parcialmente, pero aún continúan con un costo elevado, reitero, deben ajustarse a las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte: 7.89 % de incremento.