Marchan para darle voz a su inconformidad
Expertos, políticos y autoridades electorales consideran que la reforma tiene aspectos que preocupan y laceran logros alcanzados para el funcionamiento de la democracia
Miles de ciudadanos han marchado para manifestarse contra la reforma electoral propuesta por AMLO y su Plan B. Ayer 26 de febrero, la congregación se logró en más de 80 ciudades de México y el extranjero. El llamado fue a salir a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral y la democracia. Se convocó desde los partidos opositores a Morena: PAN, PRI, PRD, así como académicos, investigadores, profesionistas, más de 117 organizaciones civiles y activistas.
Modificaciones
La polémica reforma de Andrés Manuel López Obrador tiene aspectos que, de acuerdo con los solicitantes de la marcha, preocupan y laceran los logros alcanzados hasta hoy para el funcionamiento de las elecciones. Los cambios a estas leyes han avanzado desde diciembre de 2022.
En ese momento se aprobaron modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En 2023, hace tan solo unos días, se modificaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En respuesta, el INE ha señalado que la ausencia de una deliberación informada sobre su contenido, la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente, implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean como manda la Constitución, libres y auténticas.
De gran impacto
Así, diversos actores han criticado que el Plan B de AMLO trastocaría la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral que están en la base del ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos. Los reclamos señalan que impactaría en los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población desfavorecidos. Sobre los recursos públicos, el Plan B podría impactar en la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos, la protección de los datos personales de la ciudadanía y los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales.
Impugnaciones
Por ahora, el INE mantiene un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a dos de las reformas del Plan B aprobadas por el Senado, correspondientes a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Incluso, trabajadores del INE que se vean afectados en su trabajo o la ciudadanía que considere que se atenta contra su voto libre y democrático, también pueden interponer un recurso ante la SCJN. “Nos toca a la oposición presionar para que se publique y presentar una acción de inconstitucionalidad“, sumó el senador de Acción Nacional Fernando Zepeda.
La crítica de AMLO
Sobre esta marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sus adversarios la utilizan como pretexto para defender al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y al expresidente Felipe Calderón.
Cabe destacar que esta es la segunda marcha en favor del INE convocada por los mismos actores políticos. La primera ocurrió el 13 de noviembre del 2022. En ese momento fueron 60 las ciudades que se sumaron y la concentración en la Ciudad de México alcanzó las 200 mil personas. El presidente López Obrador anunció una contramarcha para celebrar sus cuatro años en el gobierno, así como para defender su reforma electoral, la cual tuvo lugar el 27 de noviembre de 2022 y acudieron 1.2 millones de personas, según las autoridades capitalinas.
Nos toca a la oposición presionar para que se publique y presentar una acción de inconstitucionalidad.”
DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
SENADOR PAN