Actos criminales desde el Estado: caso García Luna

Después de años de vivir una escalada inusitada de violencia en México, todavía padecemos las graves consecuencias de la famosa “guerra contra el narco”, iniciada en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Millones de mexicanos todavía sufrimos sus secuelas: un crecimiento exponencial de grupos criminales en todo el territorio nacional, fuertemente armados, con gran poder económico, de convocatoria y logística, que controlan, (de forma ostentosa), poblaciones, regiones y ciudades enteras del territorio nacional. Altos índices de ejecuciones y homicidios dolosos. Un deterioro evidente de las instituciones, la civilidad y el orden social. Un país, donde los derechos humanos de millones de mexicanos quedaron expuestos, desprotegidos y vulnerables.

Todos conocemos las consecuencias, pero apenas empezamos a ver, las causas perversas, que permitieron que el crimen floreciera de la manera como lo hizo. El juicio al exsecretario de Seguridad Pública, durante ese periodo, comienza a darnos unas respuestas relevantes. No existió un reacomodo o reestructuración del crimen organizado, provocado desde los propios grupos criminales. Fue un ajuste delictivo generado desde el Estado. No se abatieron a los criminales que hacían daño a la población, sino sólo a la competencia. No era una disputa entre cárteles, era un cártel con la fuerza del Estado, eliminando a sus rivales.

Lo más grave, es que esta guerra criminal, no se realizó bajo un Estado “débil”, sino un Estado “debilitado” a propósito, justamente, para ser rebasado, para ser sometido y subordinado a las fuerzas criminales. No podemos cerrar los ojos, territorios completos fueron cedidos al control de los grupos criminales. Entretanto, la formación de policías se volvía más compleja y quedaba sin presupuesto. Los exámenes de confianza funcionaban como verdaderos mecanismos de extorsión de policías (para permanecer, para quitarlos). Su equipo y armamento, permanecía desfasado con el nivel de fuerza de los criminales. La información y servicios de inteligencia al servicio del crimen, como los propios operativos de seguridad revelados a los criminales desde el propio gobierno. Los resultados, los hemos padecido todos. Ninguna cadena perpetua a García Luna, pagará las muertes y daños que causó con sus actos criminales. Hay que decirlo, aunque aspiraciones y proyectos políticos se caigan a pedazos.

No sé si Calderón, como presidente de México (2006-2012), fue cómplice de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico (propiamente, por los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y dar declaraciones falsas), de acuerdo con una Corte de Distrito en New York, en Estados Unidos de Norteamérica.

Lo que, sí se puede advertir de sus propias declaraciones, después de la sentencia contra su excolaborador, es que en ninguna parte reprocha a García Luna, sus acciones criminales contra México, ni le recrimina su traición al pueblo de México. No reconoce, ni se alarma de las conductas delictivas que llevó a cabo. En el comunicado publicado el 21 de febrero de 2023, en la cuenta de Twitter, del propio expresidente Calderón, se observa que sólo intenta justificar su mandato (sin lograrlo), pero no condena ninguna de las acciones criminales del responsable de la seguridad pública en México durante su administración.

En su escrito, tampoco reprueba que su colaborador utilizara los recursos del Estado para cometer delitos, para enriquecerse, para atacar a grupos criminales, en favor de otros. Calderón no lo condena, no lo censura, ni recrimina; al contrario, lo sigue tratando (a pesar de que fue condenado en juicio), con respeto y consideración. Le sigue dando el trato de aliado: parece que le debe más lealtad a su excolaborador, que a millones de mexicanos. El expresidente habla en su comunicado de ser un hombre que luchó contra la delincuencia organizada en México, pero no es capaz de recriminar las acciones criminales de una persona que fue declarada culpable por el delito de delincuencia organizada. No es una paradoja, ni contradicción. Es una declaración explícita de quiénes eran y son sus aliados. En su comunicado, ¿a qué le creo? A lo que el expresidente dice, o a lo que no se atreve a decir. La culpabilidad de García Luna no es una resolución menor. Estamos hablando de la sentencia a una persona que desde el más alto nivel de la seguridad pública traicionó al pueblo de México. Era una persona que tenía la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar a las instituciones de seguridad pública; tenía el mando (y grandes cantidades de recursos), para proteger a los ciudadanos, para brindarles seguridad. Nos traicionó. Todos sufrimos sus acciones criminales, mientras él y su familia acumulaban riquezas. Fortunas manchadas de sangre y dolor de millones de personas.

En su gobierno no existió una guerra contra el narcotráfico, como lo advirtió la periodista Anabel Hernández: era una guerra entre narcotraficantes, una guerra entre criminales que hicieron uso del poder del Estado para cometer delitos. Millones de mexicanos padecimos la violencia de estas acciones criminales desde el Estado.

Vemos que Calderón, ni su partido, han emitido ninguna condena enérgica, ni reproche contra estas acciones criminales que tanto dañaron a México. De disculpas, ni hablar. Su silencio los condena. Recordemos que no son delitos de particulares que sólo afectaron a unos particulares. Fueron acciones criminales desde el poder del Estado contra la población, contra los ciudadanos. En este caso, dejemos de lado la lealtad partidista o el proyecto político. El daño brutal fue contra todos. Todos deberíamos reprobarlo.

Y aquí hay otro punto importante, que no hemos analizado suficientemente. Si las acciones criminales fueron desde el Estado, dónde están las medidas de reparación: las garantías para la no repetición, medidas de satisfacción (como reconocimiento de responsabilidad), medidas de rehabilitación a las víctimas, las indemnizaciones compensatorias. El gobierno actual también se queda corto. En un tema de justicia y seguridad pública, no sólo político. Actualmente, ¿siguen operando colaboradores de García Luna, en funciones de seguridad pública? ¿En el gobierno federal, en los gobiernos locales? ¿Era el único del gabinete de seguridad pública con vínculos criminales?

Estamos ante un hecho inédito e inaudito, no sólo porque se condenó al más alto servidor público de México, encargado de la seguridad pública; sino porque fue el encargado de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sus planes, programas y acciones. Fue el diseñador de nuestras actuales corporaciones policiales de seguridad pública, además de tener el mando de ellas. Y lo más grave, porque se comprobó que era un criminal que, desde el Estado mexicano, cometió graves delitos de delincuencia organizada, bañando de sangre al país. Un poco de mesura, de objetividad y responsabilidad a los actores políticos. Los actos criminales se realizaron desde el Estado.