El imparable huachicoleo de gasolina
DESDE EL ÚLTIMO trimestre del 2022 y los primeros meses del 2023, se ha registrado un incremento considerable en la importación de combustibles. Son hidrocarburos utilizados para hacer gasolinas, junto con algunos componentes de alto octano, a través de la frontera norte por vía terrestre. Un impresionante huachicoleo que según ya había sido erradicado. Estos componentes no causan Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero ya mezclados se produce gasolina terminada que es vendida en un mercado negro hasta cuatro pesos más barata. Si a lo anterior se aplica que la paridad del peso frente al dólar ya rompió el techo de los 18 pesos, los importadores huachicoleros están ganando hasta tres pesos más.
Si no se cumple con la regulación impositiva se genera una ventaja en costos que puede ser de hasta 30% contra la importación de gasolinas terminadas, costo que le pega a Pemex, que dirige Octavio Romero. Si bien la gasolina es una mezcla de componentes que debe cumplir con la normatividad respectiva, éstas se realizan en lugares no autorizados con bajas o nulas medidas de seguridad y sin dictaminar la calidad final.
Dichas mezclas no cumplen con las especificaciones de la norma, como son el octanaje, la presión de vapor, azufre y aromáticos, lo que genera problemas de salud, contaminación y afecta a los automotores.
Algunos de estos componentes los produce Pemex, como las llamadas naftas, que las vende legalmente, pero que también hay un volumen importante que se vende de manera ilícita, proveniente de los centros procesadores de Pemex del norte y del sureste.
El precio de estos combustibles en ese mercado negro es variable, pero siempre mucho menor al de la gasolina terminada.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no cuenta con suficientes inspectores para verificar la calidad en las gasolineras, que son los puntos finales de venta y los únicos donde se puede regular el producto.
La compra se comprueba utilizando documentación de gasolina comprada lícitamente y los gasolineros prefieren no investigar para mantener estos atractivos márgenes de ganancia.
CON LA BENDICIÓN de la 4T, el grupo hotelero Vidanta pretende construir en el corazón de la Reserva de la Biósfera de Calakmul un hotel de gran turismo, muy parecido al que tiene en la Riviera Maya. El nuevo desarrollo que prospecta Daniel Chávez está ubicado a 10 kilómetros de la zona arqueológica del mismo nombre, en Campeche. Se estima que tendrá una superficie de 4 hectáreas y una inversión de varios cientos de millones de dólares. Las comunidades indígenas cercanas a Calakmul están siendo avisadas que en los próximos meses iniciarán las obras para construir una carretera que una esa reserva al hotel gran turismo. Esperan que Secretaría del Medio Ambiente defina una posición. Calakmul fue declarada mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1989. Cinco años después ingresó a la Red Internacional del Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO. Es parte del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México y es parcialmente financiada por el Global Environmental Facility. Calakmul es relevante por su representación de mamíferos, que incluyen seis de las siete especies de marsupiales registrados en el país, dos de los tres primates, dos de los cuatro endentados y cinco de los seis felinos.
LA SECRETARÍA DE la Defensa, que capitanea Luis Cresencio Sandoval, aplazó para el próximo 17 de marzo el fallo de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número LA007000999-E1040-2022 para adquirir sistemas de rayos X para la inspección no intrusiva de vehículos de carga ligeros de proyecto integral para el reforzamiento de infraestructura y equipamiento de 21 aduanas. La asignación estaba prevista para ayer lunes. Con esta es la segunda ocasión consecutiva que la milicia diferirá el fallo. La primera postergación se dio el 20 de febrero. Por lo que se sabe, las dos ofertas finalistas siguen siendo objeto de un minucioso análisis. Le informé ayer que los finalistas son la estadounidense Rapiscan Systems, que ofertó 13 mil 400 millones de pesos, y un consorcio integrados por dos compañías mexicanas, LTP Global Software y Cruant, y la china Nuctech Company, que puso en la mesa 11 mil 747 millones. Un dato que juega contra Rapiscan es que su representante aquí y negociador con la Sedena, George Walther-Meade, acaba de ser acusado en Estados Unidos de corrupción y lavado de dinero.
AYER LA OFICINA de Representación Comercial de Estados Unidos notificó a la Secretaría de Economía la solicitud de inicio de consultas bajo el Capítulo 9, Medidas sanitarias y fitosanitarias por las importaciones de maíz transgénico. Fue la respuesta del gobierno de Joe Biden a la negativa de México de no obstaculizar el libre flujo del producto con el argumento de que es dañino para la salud. Hace una semana la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, desafió a nuestros vecinos y socios en el T-MEC asegurando que los movían razones políticas y no argumentos comerciales. Con el emplazamiento que ayer hicieron las huestes de Katherine Tai suman ya dos consultas, la energética y ahora la del maíz genéticamente mejorado, aunque ésta última ingresará a una arena que contempla la posibilidad de diálogo, primero, entre autoridades sanitarias. Ni no se resuelven las diferencias en ese ámbito, entonces ya pasarían a las consultas formales bajo el Capítulo 31 de solución de controversias.
¿SE ACUERDA DEL asunto de discriminación laboral por su orientación sexual que sufrió Leonardo Poblete por parte de UBS, que en México comanda Guadalupe Morales, y por el que se encuentran vinculados a proceso penal los en ese momento directivos Víctor Chávez Longyear y Arianna Prasio Sangermano? Dada la trascendencia del tema y en virtud de que no hay precedentes al respecto, es posible que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba resolver si en la CdMx y algunos otros estados del país las empresas tienen responsabilidad penal por los delitos que cometan, a pesar de no tener un listado cerrado de delitos. Esto puesto que la defensa de UBS argumenta que el artículo 27 BIS del Código Penal del Distrito Federal no tiene un catálogo de delitos a la luz del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Habrá que ver la evolución de este juicio, que de resolverse como propone UBS, podría dejar impunes todos los delitos cometidos por las empresas.
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