Pese a críticas, Plan B electoral sigue una ruta democrática
El gobierno obradorista está apostando a las mayorías, en este caso, por la vía legislativa, señala experto
Aunque la oposición critica insistentemente que las nuevas reformas en materia electoral promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son en perjuicio del país, la democracia que impera en México ha permitido este alcance del presidente, con apoyo de las mayorías legislativas, y también permitirá, en dado caso que sean declaradas constitucionales, o no, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Juego democrático
El politólogo y académico Juan Pablo Navarrete analizó para EL DEBATE que a pesar de las críticas, el gobierno obradorista le está apostando a la modificación de ciertas instituciones, pero siguiendo una vía legal.
Consideró que eso quizá podría no ser bien percibido o recibido por la oposición porque se están, desde su perspectiva, intentando cambiar las jugadas o las reglas electorales. Pero recordó que es una apuesta por la vía de las mayorías, algo que permiten las democracias.
“No es que por la vía de un decreto se desaparece una institución. No, está siguiendo la ruta legislativa”, insistió. En esa misma ruta democrática, dijo que otro actor va a intervenir, en términos de ver si son constitucionales o no las reformas, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No es más democrático si la oposición detiene las reformas, que si el partido gobernante aprueba mayorías, porque el juego democrático puede tener esas opciones”, sostuvo.
Transformación
En contraste, Érika Granados Aguilar, especialista en políticas públicas, consideró que con el Plan B se está cercenando al órgano que se tuvo en construcción y en evolución durante décadas en México, “se le están quitando los hilitos conductores”, dijo. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana reconoció que México necesita una modificación en materia electoral, pero no bajo los términos en los que se aprobaron los cambios en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo. “Estamos en evolución y es prioritario tener cambios electorales a profundidad, por lo que esperemos que el Tribunal tenga la oportunidad de hacer ese trabajo”, sostuvo.
Afectaciones
El paquete de reformas propone cambios en 13 artículos tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) como de la Ley General de Partidos. También, elimina el servicio profesional de carrera, por lo que la especialista señaló que quienes lleguen a sustituir a funcionarios será personal temporal, no especialista, que desconoce qué va a suceder en los estados cuando haya comicios, además de que la sociedad está polarizada y eso tampoco abona a la democracia. Por lo tanto, esto haría que organizar las elecciones dependa, otra vez, de personas designadas, que a su vez van a ser designados por el Comité de Selección, es decir, por personas contratadas sin experiencia, sin trayectoria y probablemente del gobierno mismo, añadió para EL DEBATE Mauricio Merino, doctor en ciencia política.
Campañas
“Es gravísimo, no solo porque pueden tener un sesgo, y lo van a tener, político, y pueden torcer la organización electoral que ya habíamos logrado estabilizar a lo largo de estos años, sino que además, se corre el riesgo de que ni siquiera lo sepan hacer”, criticó Merino; otro aspecto que preocupa es que permite que los gobiernos hagan campaña a favor del partido mayoritario. “Eso se peleó por décadas, se ganó, ya se había logrado a duras penas, porque los presidentes siempre se han portado mal, todos, pero por lo menos habíamos logrado acotar esa intervención del gobierno”, criticó.
No es que por la vía de un decreto se desaparece una institución. No, está siguiendo la ruta legislativa” JUAN PABLO NAVARRETE POLITÓLOGO