Funcionarios del INE se amparan contra el Plan B
El vocal ejecutivo en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas, rechazó que desde este órgano electoral se promuevan demandas
Compañeros se están organizando, y entre ellos tienen abogados de manera gratuita."
JORGE LUIS RUELAS VOCAL EJECUTIVO DEL INE EN SINALOA
Los servidores públicos del INE en Sinaloa se están amparando contra el Plan B; unos reciben la asesoría jurídica para proteger sus derechos laborales y otros buscan revertir las reformas electorales. Indican que ya se formaron grupos de trabajadores del servicio profesional electoral para presentar de manera individual cada demanda ante los jueces federales.
No promueven
El vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Mirando, afirmó que en el instituto electoral no promueven las impugnaciones ni ha tomado la postura de oponerse, porque cada quien toma la decisión propia y que de ello está consciente el personal. Informó que ha conversado con el personal, que le han comunicado la decisión de presentar este instrumento legal, y que ha llegado a la conclusión de que el 50 por ciento de los trabajadores están a favor de recurrir ante los jueces federales durante los próximos días, si todavía no están amparados, y que en su caso lo va a tramitar por tener 28 años de servicio. Se pronunció respecto a que entre los servidores públicos afectados con el Plan B existe la idea central de que el Plan B no se aplique, con una postura más institucional y de protección a este órgano electoral que personal, pese a que pueden ser despedidos de sus trabajos con la desaparición de plazas.
Plazo legal
Del paquete de amparos de 147 trabajadores del INE -que hace días lo tramitaron-, aclaró que desconoce si existe personal de esta entidad, porque este dato se reserva a situaciones personales y cada uno toma la decisión, que a nadie se le ha solicitado que informe.
Precisó que el personal del servicio profesional electoral cuenta con 30 días hábiles para presentar la demanda de amparo, a partir de la fecha de publicación del Plan B, que fue el pasado dos de marzo; que son 40 días naturales para decir si realizan la impugnación ante el juzgado federal.