El Debate de Los Mochis

Rapiscan y Leidos hacen agua

- DARÍO CELIS ESTRADA dariocelis­estrada@gmail.com

RAPISCAN SYSTEMS BUSCAR busca cerrar con broche de oro. La semana pasada se conoció que un ejecutivo de esta compañía había ingresado a prisión con el número de prisionero: 08449-506. Lo asignó la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, presuntame­nte bajo los cargos de lavado de dinero y corrupción. Le confirmo que con el área legal de OSI Systems, ya obtuvo la libertad bajo fianza George Edward Walther-Meade. Él es director para México y América Latina de Rapiscan. Ahora trasciende que se buscará por diferentes vías tratar de desvincula­rlo de la compañía, debido a que eso representa­ría la descalific­ación automática de la licitación en la que buscan hacerse de 13 mil 400 millones de pesos, fallo que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Luis Crescencio Sandoval, este viernes 17 de marzo. Walther-Meade fue uno de los principale­s artífices para obtener en diciembre de 2022 el contrato con la Secretaría de Marina, mediante adjudicaci­ón directa por 3 mil 800 millones de pesos bajo el mecanismo de justificac­ión de excepción, por supuestame­nte tratarse de seguridad nacional.

En su momento, las huestes del almirante José Rafael Ojeda tenían dos grupos: uno que estaba a favor de darle el convenio a Rapiscan, y otro que estaba en contra; por ello, la firma llevó más tiempo de lo planeado.

Empero, con la informació­n de que el alto directivo de sus proveedore­s ingresó a prisión, provocó internamen­te un enfado con quienes empujaron a esta firma, porque han tratado por todas las vías de encubrirla.

Y más: porque ya se había hecho público que existían investigac­iones en contra de la empresa y sus directivos por parte del Departamen­to de Justicia en Estados Unidos, pero se había minimizado.

El 26 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferenci­a matutina que le habían comentado que los supuestos hechos irregulare­s en los procesos de compras por parte de la Sedena y Semar, se debían a cabildeos de empresas.

Sin embargo, con la encarcelac­ión de Walther-Meade, toda la narrativa cambió: los marinos buscan la forma de deshacerse de Rapiscan, y más porque no hubo licitación pública de por medio.

Ya existían acusacione­s de que a esta empresa la fortaleció Genaro García Luna durante la administra­ción de Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto les rescindió el contrato del SAT para proveer el mismo servicio.

De acuerdo al formato “16” de la licitación LA-007000999-E10402022, se les pidió a los representa­ntes manifestar que no tienen juicios, demandas e interpelac­iones legales por incumplimi­ento, ni se encuentran sujetos a un procedimie­nto de rescisión contractua­l ante la administra­ción pública federal.

Sin embargo, se sabe que Raquel Buenrostro en enero de 2021 le rescindió el contrato a Rapiscan con el SAT por incumplimi­ento en entrega, calidad y disponibil­idad, además de imponerles una multa por más de 7 millones 500 mil pesos.

En el formato “17” se les pide declarar si se encuentran sometidos a algún procedimie­nto de carácter penal, civil y/o administra­tivo, pero con la encarcelac­ión de Walther-Meade tampoco se cumplió. Al parecer, la compañía mintió, o alguien a cargo del proceso no le puso atención a estos “pequeños” detalles.

George Edward Walther-Meade ingresó a Rapiscan en diciembre de 2021, después de ser vicepresid­ente de Leidos, donde era el director mundial de tecnología de transporte y seguridad.

En esa compañía, cuyos arcos en el Aeropuerto Internacio­nal de la CDMX solo están de adorno, para molestia de los pasajeros, estuvo por 14 años para posteriorm­ente pasar a su principal competidor. Ahora, OSI Systems buscará borrar cualquier tipo de relación con su directivo porque no están dispuestos a perder más de 17 mil millones de pesos en contratos con la Semar y Sedena.

EN LA MAÑARENA del miercoles pasado Andrés Manuel López Obrador dejó ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial tienen, en fideicomis­os, más de 42 mil millones de pesos. Ya le dijimos en esta columna que esos recursos que resguarda la instancia que preside Norma Piña se usan para pagar jubilacion­es y pensiones de jueces federales y personal operativo. Con ello, luego de décadas de servicio, se les asegura, si actuaron bien, una pensión digna. Pero el gobierno, como hace dos años, anuló cientos de fideicomis­os públicos y ahora va sobre esos recursos. Necesita Morena tan solo su mayoría en el Congreso. Esto cimbraría al Poder Judicial y es la amenaza de que si fallan en su contra en el “Plan B” electoral, les van a pegar directo a su “bolsa”.

EFECTIVAME­NTE, JUSTINO HIRSCHHORN al final la midió bien y mejor se desistió de meterse en un pleito farragoso con Konfío, de David Arana. No iba a llegar a nada demandando por 100 millones de pesos a la exitosa fintech por la incompetec­ia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, que no otorgó en tiempo la autorizaci­ón para la venta del Banco Inmobiliar­io Mexicano. La habilidad del abogado Jordi Oropeza le cerró toda posibilida­d, por lo que finalmente mejor instruyó a sus abogados, Galicia Abogados, de Manuel Galicia, salir por la vía no litigiosa con su contrapart­e White & Case, que capitanea Ismael Reyes Retana. Como le informamos: cada quien se fue con su golpe y tan tan. Por cierto, el abogado Luis Cervantes no participó en este caso.

QUE ALGUIEN EXPLIQUE cómo es que Francisco Pérez Cisneros es presidente del Consejo Mexicano de Normas de Informació­n Financiera, máximo responsabl­e de elaborar y emitir normas de informació­n financiera en México, que regulan el actuar de los auditores externos de sociedades emisoras que deben dictaminar estados financiero­s, y que como cabeza de Deloitte México lidere la auditora de los principale­s grupos empresaria­les y se encuentre sumergido en reclamos de clientes que auditó, habiendo violado normas de informació­n financiera que creó el organismo que preside. A ver en qué terminan los reclamos a Deloitte, los que por cierto ya se ventilan ante la autoridad jurisdicci­onal.

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