El Debate de Los Mochis

Informació­n “sensible y confidenci­al” del Acuario Mar de Cortés

- SAÚL LARA ESPINOZA slarae@hotmail.com

Nos llamó la atención un reportaje suscrito por Miriam Ramírez del periódico El Universal, publicado el día de ayer lunes, con el encabezado: “Quirino Ordaz entregó inversión millonaria a su primo hotelero.” Se trata de la construcci­ón del Acuario Mar de Cortés, en la que se realizó una inversión total de mil ochenta y nueve millones de pesos, con una aportación pública de 585 millones 790 mil pesos, en la que participó la Asociación Público Privada (APP) denominada Parque Central, cuyo mayor inversioni­sta de la misma es Ernesto Coppel Kelly, primo del exgobernad­or de Sinaloa y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Al ser pariente Ordaz Coppel del inversioni­sta mayoritari­o de dicha APP, claramente se observa que, en el tiempo de tal inversión, se estuvo en presencia de un conflicto de intereses, conforme a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Responsabi­lidades Administra­tivas del Estado de Sinaloa.

Dicha disposició­n establece que: Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetivida­d, profesiona­lismo, honradez, lealtad, imparciali­dad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los

Servidores Públicos observarán, entre otras, la siguiente directriz: Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsabl­e y objetivo de sus facultades y obligacion­es.

Y es el caso que, a todas luces, al verse favorecida la APP denominada Parque Central, cuyo inversioni­sta mayoritari­o, se reitera, es Ernesto Coppel Kelly, primo del actual Embajador de México en España; empresa que gestionó la construcci­ón del Acuario Mar de Cortés, con la inversión antes mencionada, y con una aportación de 585 millones 790 mil pesos, provenient­es de recursos públicos.

Ahora bien, para ocultar mayores datos, la informació­n correspond­iente fue clasificad­a como “sensible y confidenci­al”. Aunque es de aclararse que la primera clasificac­ión – sensible– de la informació­n pública no existe legalmente; mientras que la confidenci­al sí.

Se considera informació­n confidenci­al, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública del Estado de Sinaloa, aquella que no involucre el ejercicio de recursos públicos, y es el caso que se utilizaron recursos públicos en la construcci­ón del Acuario Mar de Cortés, razón por lo cual dicha informació­n “confidenci­al” es indebida.

Esto da motivo para investigar quién ordenó tal clasificac­ión, si el propio Quirino Ordaz Coppel o el actual gobernador Rubén Rocha Moya. Quien haya sido, está sujeto a fincarle responsabi­lidades. Tiene la palabra la Auditoría Superior del Estado.

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