GOBIERNOS Y PRIVADOS DEBEN TRASPARENTAR EL USO DEL AGUA
JAIME SAINZ SANTAMARÍA DIRECTOR DE LA SEDE REGIÓN CENTRO DEL CIDE El experto ve necesario fortalecer la capacidad de monitoreo o de sanción para quienes incumplan con revelación de datos
«Creo que el derecho al agua es también el derecho a la información sobre el agua»
En el manejo del agua en México hay algunos datos que pueden ser de calidad, pero que no se conocen, y otros que son públicos, pero que todavía les falta mucho trabajo para que sean realmente útiles. Y es que, más allá del principio y de la rendición de cuentas que tiene que haber sobre cómo se usa el vital líquido y a quiénes se les dan subsidios, ser transparentes ayuda a tomar mejores decisiones en políticas públicas.
Lo anterior fue puesto sobre la mesa por Jaime Sainz Santamaría, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y director de la sede Región Centro.
En entrevista para EL DEBATE, el investigador destacó que la transparencia es importante porque es un derecho de todo ciudadano dentro de un régimen democrático.
Agregó que, tanto el Poder Ejecutivo, como los órganos autónomos, operan por el favor de los ciudadanos y utilizan los recursos públicos de los impuestos, por lo que «entonces son, digamos, los agentes del ciudadano de esa república democrática. Por derecho debe de haber transparencia en el uso de los datos», sostuvo.
Detalló que en el caso del agua (la transparencia) puede brindar herramientas para el mejoramiento de las políticas públicas, y como ejemplo se refirió a la información que pueda haber respecto a la sobreexplotación de los acuíferos: qué es lo que se utiliza para extraer agua subterránea o dónde están los pozos que se utilizan para el riego agrícola, en tanto se puede saber si hay relación entre el uso que se hace del agua en ciertas zonas del país, con la sobreexplotación de los acuíferos y eso permitiría detectar los problemas y tratar de remediarlos.
µ Calidad de datos
Por ello, enfatizó que se debe de invertir mucho más en tener mejor calidad de datos y abrir más la información. «El derecho humano al agua, que se discute en términos de si debe ser gratuita o no el agua potable, creo que no va por ahí la discusión, creo que el derecho al agua es también el derecho a la información sobre el agua, tendríamos que tener mucha más dimensión a que se hicieran pruebas de calidad, sobre todo la que se destina al consumo de agua potable. Obligar a que sea conocido», sostuvo. El doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de California en Santa Bárbara indicó que son diversos los órganos federales que deben transparentarse en el tema del vital líquido, entre estos la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Electricidad por el bombeo agrícola y algunos más, como Inegi. «Digamos que la información está repartida en esas agencias, no solo en Conagua o el sector ambiental, incluso instituciones como Inegi se relacionan también con Semarnat para generar información, entonces son muchos los que tienen esos datos y tienen, en cierto grado, obligación de compartirlos», abundó.
Entre estas secretarías colocó a la de Agricultura, que también da subsidios, influye en la aprobación de los tipos de cultivos de siembra o en cuántas hectáreas se van a cultivar, además de tomar decisiones de bombeo de agua.
Algo muy interesante, agregó, es que no solamente es el gobierno quien tiene la responsabilidad de la transparencia, sino también el sector privado, como las industrias, mismas que pueden tener información sobre qué químicos descargan a un cuerpo de agua, por ejemplo. «El gobierno puede exigir que se reporte esa información. En México tenemos algo que se llama Registro de Emisiones y Contaminantes, entonces es una responsabilidad de los gobiernos, como de la industria. Son muchos los que están involucrados», reafirmó. µ Políticas públicas
Sobre el avance que se ha logrado en materia de transparencia en el manejo del agua en México, Jaime Sainz Santamaría indicó que en 1996 se hizo una serie de reformas y se empezaron a construir las instituciones que lograron que se empezara a compartir la información, misma que hoy se puede descargar en línea o solicitar a través de accesos a la información; sin embargo, dijo, aún hay información deficiente, como el mismo Registro de Emisiones y Contaminantes, que son autorreportes de las empresas.
«Muchas veces el que lo llena ni siquiera está capacitado para dar información, entonces es mucha información que no es de muy buena calidad, en ocasiones, o que generan información de calidad del agua con el mismo municipio o que generen análisis de los pozos donde abastece, pero que no sean públicos», comentó. Por lo anterior, vio necesario fortalecer la capacidad de monitoreo o de sanción: «Yo creo que las mismas empresas van a ver en su propio interés mejorar su capacidad de información», finalizó.