La crisis del agua potable
La mala economía de las juntas de agua potable de Sinaloa es un problema histórico que la falta de un programa integral de regularización ha hecho que se prolongue.
La anterior legislatura autorizó incrementos a las tarifas de agua potable y drenaje con la condición de que las juntas adelgazaran la nómina y eficientaran el cobro de los servicios. La administración terminó sin resultado alguno; por el contrario, las finanzas de las dependencias van en picada.
En los últimos meses, el Gobierno autorizó una bolsa de 45 millones de pesos solo para las juntas de agua potable del sur de Sinaloa.
La idea era que las gerencias sanearan sus finanzas, pero no hay una sola de ellas que no se reporte al borde de las bancarrota. El caso de la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa es un claro ejemplo de la situación grave en el que se encuentra la infraestructura de las potabilizadoras. La administración del alcalde Emmet Soto Grave recibió a la Jumapae con una deuda de 30 millones de pesos por deudas con los proveedores.
Los trabajadores están a punto de iniciar una huelga porque no se les ha cubierto un mes de salario ni el aguinaldo.
Además de ello, la Jumapae tiene las cuentas congeladas por parte de la Secretaría de Salud debido a que no ha cubierto las aportaciones correspondientes para el pago de impuestos y servicios a los trabajadores. Las juntas de agua potable de Concordia, San Ignacio y Rosario han sobrevivido los últimos años con préstamos del ayuntamiento a cuenta de recursos que les corresponden, pero que nunca logran recuperar. Parte de problema es el temor de los gobernantes al costo político de ejercer una política estricta en el cobro de los servicios, la recuperación de la cartera vencida, lo que pone en riesgo el servicio en la región.