Acusan intromisión de Ejecutivo y Legislativo
El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, señala la reducción salarial como un intento por condicionar a los juzgadores
Ciudad México. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden una intromisión indebida en la justicia federal, disfrazando de ejercicios modernizadores medidas como el recorte salarial a juzgadores, acusó el organismo que agrupa a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF). El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, advirtió que en una democracia no caben jueces dóciles al servicio de nadie, a pesar de lo que señaló como una campaña de desprestigio en contra de los impartidores de justicia.
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µ Critican medida arbitraria
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente a la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”, dijo Vega en un posicionamiento dado a conocer hoy en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
“Reiteramos que el componente salarial es solo una de las variables que conforman la independencia judicial. Sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido, que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y
600 mil pesos, dice el presidente, ganan los magistrados y jueces. 108 mil pesos, dice AMLO, recibirá como remuneración.
disciplina interna se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”.
El magistrado dijo que se ha querido posicionar un falso discurso que señala a los juzgadores como privilegiados que viven del abuso del erario, señalando cantidades excesivas, como ingresos de más de 600 mil pesos mensuales, los cuales no corresponden ni cercanamente a la realidad. De acuerdo con el presidente de la Asociación, la irreductibilidad salarial no es un privilegio sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura reconocida por la Constitución y los tratados internacionales que México se ha comprometido a cumplir.
“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”, manifestó.
“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades, por que no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”.
Vega también dijo que los jueces y magistrados han presentado diversos amparos contra las acciones sistemáticas e intentos legislativos de injerencia en la vida interna del PJF, y estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados.
El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndoles pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, afirmó.
A pesar de las duras críticas sobre la actuación de los otros Poderes de la Unión, el Magistrado expuso que no debe prevalecer un clima de confrontación y ofreció un diálogo abierto.
“Lo que se requiere no es el enfrentamiento, ni los señalamientos. Lo que se propone es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho”, puntualizó.